Spam telefónico: la nueva ley que pone fin a las llamadas comerciales indeseadas

El próximo lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados está convocada a votar el proyecto de ley sobre Datos Personales, en lo que podría ser su última etapa de discusión legislativa.

Si bien en la oposición no hay pleno convencimiento de apoyar el informe de la comisión mixta (conformada por diputados y senadores con el fin de resolver 22 nudos que surgieron en la tramitación), la nueva norma sería despachada a ley si logra un apoyo mayoritario en la sala.

La iniciativa, que protege y regula el tratamiento de datos de las personas, crea una agencia estatal especializada de supervisar el tema y, además, consagra un conjunto de nuevos derechos que tendrán impacto en la vida cotidiana y en distintos rubros comerciales. “Toda persona... tiene derecho de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de sus datos personales, de conformidad a la presente ley”, dice el texto.

Una de las actividades comerciales que se verán seriamente restringidas son las controversiales llamadas indeseadas de empresas, mediante las cuales se ofrecen productos y servicios, el llamado spam telefónico.

Al ser el número telefónico uno de los datos protegidos por la ley, el ciudadano podrá invocar su “derecho de oposición”, es decir, podrá plantearle a la compañía su negativa a que se siga usando su información personal “con fines de mercadotecnia o marketing directo de bienes, productos o servicios”.

Si bien la actual legislación de protección al consumidor y de datos personales daba ciertas herramientas para que los afectados solicitaran no ser molestadas mediante llamados telefónicos, la nueva ley considera altas multas a las empresas infractoras que podrían fluctuar entre $330 millones a $1.320 millones, valores que podrían triplicarse o llegar ser el 4% de los ingresos anuales de una empresa.

Incluso, por el solo hecho de impedir el derecho a oposición a estas llamadas, se considerará una falta grave y la firma se arriesga automáticamente a una sanción de $660 millones.

La subsecretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, quien ha estado a cargo de la tramitación del proyecto, explicó que la norma impedirá que se usen datos personales de forma no autorizada. “Por ejemplo, si yo entrego mi correo electrónico o mi número de teléfono a un banco, con el fin único de tramitar un crédito que estoy solicitando, ese banco no podrá utilizar mi número de teléfono o mi correo para otros fines, como hacer publicidad o tratar de ofrecer otros de sus productos. Lo mismo con los planes de celular. Las empresas telefónicas no podrán usar los datos que les di para contratar un plan, con el fin de ofrecer otros servicios. En esos casos, yo podré oponerme al uso de mis datos para esos fines y la empresa tendrá que detener esas operaciones”, señaló.

Estas llamadas solo podrían realizarse cuando haya un consentimiento, un contrato o un interés legítimo contemplado en la ley, por ejemplo, un muestreo estadístico o científico.

El abogado Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), desde donde promovió la discusión de esta iniciativa, dijo que “uno de los ámbitos en los que más se va a notar el funcionamiento de la nueva Ley de Protección de Datos, debería ser el de las llamadas telefónicas indeseadas, o sin previo consentimiento, cuando sean de marketing”.

“En el caso de las llamadas se van a activar los nuevos derechos llamados ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición)”, comentó.

Drago explicó que “cuando tenga una llamada telefónica de una compañía específica, yo voy a saber que están usando datos míos, entonces, lo primero que voy a hacer es preguntar: dígame toda la información que tiene de mí (esa compañía). Primero, ese va a ser mi derecho a acceso a toda la información que tienen de mí, ¿de dónde lo obtuvieron y cuál es la fuente de licitud (legalidad) de ese tratamiento?”.

“A partir de eso, yo le voy a poder decir, mire, yo me opongo (derecho a oposición) a que usted utilice esa información, en particular mi número de teléfono, pero toda la información que tiene de mí, partiendo por mi nombre. Me puedo oponer a que se utilice”, señaló el expresidente del CPLT.

“Como ese tratamiento (de datos de parte de la empresa) ya no será legal, yo también puedo ejercer el derecho a que lo suprima (eliminar la conservación de esos datos personales). Con eso, la empresa va a estar obligada a eliminar la información. Esa información no puede volver a ser utilizada. Si no, se exponen a las multas, que son bastante altas”, señaló.

Este proyecto tiene su origen en la fusión de un mensaje de la expresidenta Michelle Bachelet y un par de mociones de autoría de los senadores Alfonso de Urresti y Pedro Araya, y de los exsenadores Alberto Espina, Felipe Harboe y Hernán Larraín.