Sutil y Moreno: Los intermediarios VIP del laberinto en que se internó La Moneda con el paro de los camioneros

Se bajó hoy en la V Región y, al cierre de esta edición, en la zona sur. Los puentes a medio cortar con la oposición, las condiciones de algunos dirigentes a que solo dialogarían con Víctor Pérez, el tono gubernamental ante los “indicios de desabastecimiento”, pero también la percepción en algunos escritorios de La Moneda de que el Ejecutivo subestimó esta crisis es parte del contexto en que se movió una amplia red de contactos con los dirigentes de los camioneros. Fueron gestiones que corrieron por un carril fuera del nervio político de Palacio.

Con el riesgo de la anunciada acusación constitucional contra el ministro que apenas lleva un mes y cinco días en Interior y los trascendidos que aseguran que ya están redactadas las querellas contra dirigentes invocando la Ley de Seguridad del Estado (LSE), a lo que se oponía Chile Vamos porque no quería “criminalizar” a los transportistas, las gestiones que se describen a continuación arrojan otras luces sobre este conflicto.

Las reuniones entre el lunes y hoy en la mañana, vía streaming, entre el Comité de Crisis de la Confederación Nacional de Transportes de Carga (CNTC) para aunar un acuerdo interno que finalmente termine por aceptar la propuesta del gobierno, han sido frenéticas.

Para ir destrabando una salida al conflicto, la que hoy a medianoche cumpliría una semana desde que comenzó la protesta, han sido distintos los actores de las negaciones. Por el lado del gobierno es el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien ha encabezado las conversaciones, junto al subsecretario Juan Francisco Galli, y los asesores Gonzalo Arenas y Giovanni Calderón, ambos exdiputados UDI. Sin embargo, hay otros actores que participaron durante los últimos días en las tratativas.

Uno de ellos es el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil. El líder de los empresarios entró durante el fin de semana para lograr “aunar” un acuerdo entre el gobierno y los camioneros, pero fue ayer en la tarde cuando sus gestiones se hicieron más presentes.

Sutil ha estado en contacto con ambas partes. En La Moneda ha mantenido conversaciones con el jefe de asesores del Segundo Piso, Cristián Larroulet, y en menor medida, vía whatsapp, con el ministro Pérez. Al momento de tomar el teléfono para marcar hacia el otro lado de la mesa, su contacto ha sido el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, quien le habría solicitado sus gestiones.

Consultado por La Tercera PM, Sutil sostuvo que “efectivamente he participado en tratar de aunar posiciones y contribuir a un mejor entendimiento o acuerdo. Siempre he estado disponible para ayudar”. Sutil entró a estas conversaciones por medio del presidente de la CNTC, Sergio Pérez, a quien conoce desde marzo de este año.

Desde el entorno del empresario comentan que su posición respecto del conflicto es que entiende que los camioneros quieran trabajar con seguridad, dado las complejidades en la Macrozona Sur, pero que entiende, también, que no se puede poner en riesgo la seguridad interior del Estado, ni el abastecimiento en las regiones. Por lo mismo, su rol ha sido encontrar un punto medio para lograr un acuerdo.

Otro de los actores que entraron en las negociaciones para tratar de revertir la negativa de los camioneros a aceptar el ofrecimiento del gobierno (el cual está resumido en ocho puntos, en que se ofrece desde un fondo de reparación para transportistas afectados por hechos de terrorismo en la Macrozona Sur, hasta una mesa de trabajo que sesione hasta marzo de 2021), es el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno.

Desde La Moneda señalaron que Moreno se enfocó en conversar con José Villagrán, presidente de la Federación de Camiones del Sur y representante de La Araucanía. Con él, se afirma desde Palacio, se negoció para deponer el paro en el Sur, y así apoyar la posición de Sergio Pérez, presidente del gremio que desde el domingo quería sellar un acuerdo con Interior.

Desde el MOP no desmintieron la información de las gestiones de Moreno pero tampoco entregaron detalles. El ministro, cuando estuvo a la cabeza de Desarrollo Social, ya había mantenido conversaciones con Pérez a partir de los diálogos por La Araucanía.

El rol de Moreno, sin embargo, no solo está en el escenario de las negociaciones: su ministerio es uno de los pilares del ofrecimiento del gobierno. Por ejemplo, el MOP se comprometió a disponer de áreas de descanso seguras para los transportistas, y además, sería uno de los encargados para crear una Política Nacional sobre Seguridad de Carreteras.

Para ir cerrando el acuerdo, el interlocutor con la Federación de Camioneros de la Quinta Región, el grupo que hoy bajó el paro en la Ruta 68, fue el intendente de Valparaíso, Jorge Martínez.

A estas alturas, algunos reconocen en La Moneda que, partiendo por el ministro Pérez, el conflicto se les apareció al principio como algo más controlado, pero que se les fue complicando. Hay allá lecturas más drásticas -incluso en el mismo Ministerio del Interior- que afirman que “esto se fue de las manos”, y que “hubo un exceso de confianza” con cargo a la cercanía política con algunos transportistas.

El nervio de esto fue uno de los dilemas del Ejecutivo entre aplicar o no las leyes contra los camioneros, partiendo por la Ley de Seguridad del Estado y la ley Antibarricadas, justo los argumentos con que la oposición escaló la presión hasta la amenaza de una acusación constitucional contra de Pérez, a la que se subió y confirmó la DC esta mañana.

En el Ejecutivo tuvieron que ir endureciendo el tono en contra de la movilización, pero hasta ahora han evitado aplicar normativas más severas porque han tenido encima el otro flanco de presión, el interno. La mayoría de la derecha y de Chile Vamos han pujado para que no se criminalice a los camioneros y no se “caiga en el juego de la centroizquierda”, afirmándose en el argumento de acusar a sus adversarios de “doble estándar” en comparación con el estallido social.

Para Chile Vamos, los camioneros son las víctimas. Este tema fue conversado ayer en la noche en una reunión que sostuvo el titular de Interior con los presidentes de RN, la UDI y Evópoli, quienes, en sus roles de exintendentes, han estado colaborando en las negociaciones con los camioneros. Pérez conversó con ellos la última propuesta de ocho puntos que les envió a ese gremio.

Ahí les explicó que no había razones que -por ahora- justificaran invocar la Ley de Seguridad del Estado, debido a que no había cortes de rutas permanentes, ni indicios de violencia y que recién se estaba registrando desabastecimiento (en público el ministro habló esta semana de “indicios”). En esa línea, según presentes, el jefe de gabinete dejó abierta la posibilidad de invocar esa normativa si las circunstancias lo ameritan.

Pero con el ambiente ya caldeado y magras opciones de frenar la acusación con la oposición, esta mañana Interior transmitió que estaban redactadas y listas las querellas por la LSE, que estaban en manos de los intendentes de las zonas donde hay un paro de camioneros y que serían presentadas si es que no se deponía la movilización.

En el gobierno y en Chile Vamos defienden la postura y aseguran que lo que se ha hecho es privilegiar el diálogo con los camioneros. “Se ha actuado en forma correcta, se ha privilegiado el diálogo, se han entregado propuestas”, aseguró el presidente de Evópoli, Andrés Molina, agregando que, en caso de que se requiera, el Ejecutivo sí aplicará la Ley de Seguridad del Estado.

“El gobierno tiene la obligación legal y eso es muy importante entenderlo en caso de que no haya un normal funcionamiento, pero en este momento no estamos en una situación que amerite ese tema y espero que no lleguemos a eso”, agregó.

Su par de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, afirmó que “el gobierno ha actuado adecuadamente. Me llama la atención el doble estándar de la oposición cuando mantienen un silencio cómplice, no son capaces de aprobar las leyes para poder detener a presos y terroristas que están disparando a personas inocentes en el sur. Creo que la violencia no está en los camioneros, está en esos hechos que la oposición cobija con un silencio cómplice”.

En ese sentido, sostuvo que “yo circulé en auto de Santiago a Concepción, me demoré un poco porque efectivamente hay personas que están en una pista, pero no había una actitud violenta, solo estaban mostrando una situación que les pasa: les han quemado los camiones, lo menos que pueden hacer es manifestar su situación. Y creo que lo que han hecho es visibilizar un conflicto que la oposición quiere mantener oculto”.

Y agregó: “Ha habido un buen manejo (del ministro) y por eso lo amenazaban con la acusación constitucional, que lamentablemente se van a quedar con las ganas porque creo que el conflicto se va a resolver”.

Si bien en el gobierno descartan de plano que exista una coordinación con los camioneros para intentar presionar por la agenda de seguridad -como acusaron algunos en la oposición-, reconocen que tienen una mirada compartida en algunos puntos. De hecho, ayer el ministro de la Segpres, Cristián Monckeberg, se reunió con parlamentarios de Chile Vamos, instancia en la que acordaron reimpulsar 13 proyectos de ley sobre la materia.

Dicho todo esto, esa parte del relato tiene un reverso. Anteayer -o sea, un día antes de su conversación con Chile Vamos- el mismo Pérez, cuentan en La Moneda, se reunió con los intendentes de las zonas afectadas (Quinta, Octava, Los Ríos, Los Lagos), para instruirles parámetros de bajo qué condiciones podrían recurrir a la LSE. Una versión dice que se les hizo ver que si habían intenciones expresas, declaradas por la prensa, “a vista y paciencia de todos” de escalar el asunto, había que actuar.

Pero otra versión -de un participante- sostiene que el ministro les habría dicho a sus delegados regionales que cada uno de ellos debería, llegado el caso, evaluar la realidad de cada zona antes de proceder. Eso quedó dando vuelta con preocupación en algunos: ¿Qué tal si un intendente aplica la LSE y otro no?

El problema no ha sido jurídico, observa otra voz ligada al gobierno, porque ya estaban andando investigaciones en todas esas regiones por cuenta del Ministerio Público, además de los partes policiales que se han ido cursando por bloqueos en carreteras.

El asunto es político, insisten quienes reconocen una falla del gobierno acá. Hacen ver que la autoridad parece haberse confiado en que los nexos o la afinidad política con los camioneros no llevarían esto tan lejos, hasta que los sucesivos fracasos en negociaciones en la puerta del horno les dijeron otra cosa. Otro punto que se preguntan en Palacio es si se calibraron bien o no las diferencias y pugnas entre las distintas organizaciones transportistas.

Esto además le achicó el margen al gobierno con la oposición, que reclamaba también un “doble estándar”. El fin de semana, cuentan en ese sector, Interior -emisarios de Pérez, no él mismo- intentó entablar diálogo con senadores como el PPD Felipe Harboe, pero éste respondió que no mientras no se bajara el paro.

¿Más? El senador PS y exministro del Interior José Miguel Insulza es tajante: “Nadie del gobierno me ha llamado y no servirá nada”, porque advierte que “me niego a votar ninguna ley”, partiendo por la “Juan Barrios”, mientras “el gobierno no actúe en contra de esta gente que está bloqueando los caminos; para eso tienen plenas facultades, como la LSIE, la Ley Antibarricadas, que yo voté a favor, y la facultades especiales del Presidente en virtud del Estado de Excepción”.

Pese a todo esto, hay personeros optimistas en La Moneda; parten de la base que sin paro, no hay acusación contra Pérez. En la Segpres señalan que si bien nunca tomaron en serio esa amenaza, igual están monitoreando los movimientos de los parlamentarios opositores.