Tercer carabinero muerto en un mes: Boric analiza otorgar ayuda a familias de mártires policiales y Gobierno alista anuncios por mayor protección de policías

“En menos de un mes me ha correspondido, junto a una institución entera, llorar y despedir a tres carabineros”, dijo el sábado el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Lo expresó en medio del responso del cabo David Florido Cisterna (33), quien falleció luego de recibir un disparo en la frente, en un procedimiento policial en la comuna de Pedro Aguirre Cerda (PAC).

En la policía uniformada advierten un importante grado de violencia por parte de los delincuentes. Esto lo miden por la reacción que adoptan sospechosos al momento de sentirse cercados por uniformados. Un oficial lo resume así: “Antes ibas, llegabas, y si había resistencia, se iniciaba una persecución. Podías encontrarlo o no, pero llegar a los disparos no era tan común. Hoy sí”.

La mención del general Yáñez tiene que ver con tres casos en menos de 30 días: el primero fue registrado el 5 de mayo, en Chillán, cuando Breant Rivas Manríquez (23) fue asesinado tras recibir un balazo por la espalda, luego de acudir a un control policial en un procedimiento antidrogas. La segunda muerte ocurrió el 1 de junio, cuando el cabo Luis Tiznao Rivas (30) chocó en Providencia, al acudir a una emergencia. El tercer deceso para coronar un mes para el olvido en la institución fue la del cabo Florido.

La Fiscalía Sur indaga un certero ataque con arma de fuego luego de que el funcionario desarrollara un procedimiento. Ese viernes por la noche la patrulla llegó a la peluquería desde donde se había denunciado que un sujeto mantenía un arma de fuego en su poder. Carabineros llegó al lugar, el sospechoso se escondió en el baño, y al ver que estaba con una pistola, se llamaron refuerzos. Sin embargo, cuando el sujeto fiscalizado trató de arrancar, desenfundó su arma y disparó al policía. El uniformado estaba sin casco y murió en cosa de minutos.

Las pesquisas para dar con quienes habrían participado de este ataque -se sospecha de un grupo de delincuentes con antecedentes- están en manos del OS-9 de Carabineros y Labocar, quienes hasta el momento no han podido recuperar el proyectil que impactó al policía. Esto último dado que la bala mortal ingresó y salió de su cuerpo, y pese a las diligencias en el sitio del suceso la munición no ha sido encontrada.

En paralelo a la indagatoria para hallar a los responsables de este crimen, en Carabineros se trabaja en una propuesta que iría en beneficio, justamente, de las viudas e hijos de los policías mártires de la institución.

El sábado, durante el responso del cabo Florido, el Presidente Gabriel Boric, mantuvo una conversación privada con el general director, Ricardo Yáñez, en la que también estuvo presente la ministra del Interior, Izkia Siches. Allí, el Mandatario le preguntó al alto oficial sobre algo que dijo que le preocupaba: “¿Qué pasa con la familia y los hijos de los funcionarios fallecidos?”.

El general Yáñez le explicó que las esposas de los carabineros fallecidos en servicio heredan la pensión del uniformado, la cual varía dependiendo el grado que ostentaban al momento de fallecer. Por lo mismo, el jefe policial, ha impulsado últimamente la “tradición” de aumentar su posición en el escalafón de forma póstuma a quienes mueren en actos de servicio, logrando así que la familia reciba una mejor pensión.

Ante la inquietud del Jefe de Estado, Yáñez le explicó que esta era el único ingreso que podían recibir. No existe un plan o programa que se haga cargo de la educación o salud de los hijos, lo cual muchas veces deja “en situación de desamparo” a los familias de los carabineros fallecidos y que solo, excepcionalmente, hay privados -a través de fundación- que entregan algún tipo de apoyo. Esto último habría llamado la atención de Boric.

Por lo mismo, según quienes conocieron de este diálogo, el Presidente le manifestó que quería saber qué se podría hacer desde el Estado para apoyar a estos familiares. A raíz de esa inquietud, la policía uniformada prepara un informe para poner en conocimiento del gobierno cuántas son los grupos de parientes que se han visto afectados por el deceso repentino de un uniformado.

Con esta información -lo que interpretan en en la institución- el gobierno podría impulsar un decreto para incorporarla en la Ley Orgánica de Carabineros y disponer de un bono o fondo para las familias de carabineros fallecidos en actos de servicios.

En tanto, tras el Comité Político en La Moneda el Ministerio del Interior avisó a los representantes de los partidos de Apruebo Dignidad que este martes se realizarán anuncios para dotar de mayor protección a Carabineros. Todo esto se haría desde Pedro Aguirre Cerda, la comuna en que fue abatido la más reciente víctima de los uniformados.

Durante el fin de semana, desde la oposición pidieron retomar el proyecto de ley que aumentaba las penas para quienes atentaran contra Carabineros, a través de la denominada “Ley Naín”, la cual fue impulsada por el diputado Jorge Alessandri (UDI), tras el fallecimiento del cabo Eugenio Naín, el 30 de octubre del 2020.

Esta es una de las iniciativas que piden que se retomen, pues la otra es un proyecto de ley ingresado al Senado por el gobierno anterior, en diciembre del 2019: la creación del Estatuto de Protección de Carabineros, la PDI y Gendarmería. Es más, el propio exPresidente Sebastián Piñera entró en la discusión este lunes y escribió en su Twitter que “un policía mejor protegido protege mejor nuestras vidas. Nuestro gobierno envió al Congreso un Estatuto de Protección de Policías que lleva años en el Senado. Protejamos mejor a quienes protegen nuestras vidas”.

En concreto, el gobierno anterior pidió que se unificaran en el Código Penal las sanciones a policías y gendarmes, dado que actualmente cada institución tienen una normativa, pero en el Código de Justicia Militar. Además, pide que el presidio perpetuo se aplique para quien asesine a un uniformado en servicio o “en razón de su cargo”.

Lo más importante, a juicio de las exautoridades, son las “exenciones” para los uniformados que hagan uso de su arma de servicio. El proyecto pedía que estarán ”exento de responsabilidad penal”, quienes usaran su arma de servicio en defensa propia, de un tercero o para prestar auxilio; también, a quienes huyan y no obedezca a las “intimaciones de detenerse”; y quienes hicieran “uso de su arma de fuego en contra de la persona o personas que desobedezcan o traten de desobedecer una orden judicial”.

Este proyecto cuenta con una serie de urgencias por parte del Ejecutivo, la última el 1 de marzo de este año, sin embargo, nunca se llevó a votación por parte de los senadores.