Tohá aún no presenta protocolo comprometido tras caso Monsalve y partidos presionan por celeridad

A cuatro meses de la salida del gobierno de Manuel Monsalve (ex-PS) -por una denuncia de violación en su contra, presentada por una de sus asesoras-, la administración del Presidente Gabriel Boric aún sigue trabajando en un nuevo protocolo para hacer frente a posibles casos de abuso o escándalos similares al que estalló el pasado 17 de octubre del 2024.

En la comisión investigadora del Congreso sobre el caso Monsalve fueron distintas las autocríticas de personeros de gobierno respecto a cómo “hubo que improvisar” ante la denuncia por violación contra una de las autoridades mejor posicionadas de la época.

La idea de un nuevo manual para enfrentar casos como el de Monsalve fue algo que presentó la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), ante el comité político y su desarrollo quedó a cargo de la división jurídica de su cartera, que lidera de manera subrogante el abogado José Ignacio García, quien reemplazó en noviembre a Luppy Aguirre. La fecha inicial del documento se proyectó para diciembre del año pasado y, entre otras cosas, se consideraba establecer una recomendación concreta al Presidente de la República sobre la permanencia de las autoridades en el cargo del aludido y los plazos en que deben dejar sus funciones.

Su presentación, sin embargo, aún está pendiente, lo que ha despertado algunas críticas dentro del propio oficialismo.

El 25 de noviembre, en la instancia fiscalizadora del Congreso fue la propia Tohá quien reconoció que los protocolos que existen para abordar la materia fueron insuficientes para denuncias de este tipo, ya que el criterio que existía antes del caso de Monsalve era que las autoridades en cargos de confianza solo fueran desvinculadas cuando hubiera una formalización. No obstante, en esa situación dijo que tuvieron que “improvisar”.

La jefa del gabinete agregó: “Eso sí que improvisamos, no estaba en nuestros planes esto. Hubo que ver ahí qué se hacía ante una situación que no teníamos ninguna noticia previa. De un momento a otro pasamos de la autoridad mejor evaluada del gobierno a una autoridad con estas acusaciones. Claro que hubo que improvisar”.

Al respecto, desde el Ministerio del Interior comentaron que “sobre el protocolo anunciado para denuncias contra autoridades, su elaboración se encuentra en proceso de revisiones finales” y que ellos mantienen “vigente desde julio del año pasado todos los procedimientos y protocolos internos relacionados con prevención, sanción e investigación de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, cuyos contenidos fueron informados por diversos canales de manera interna”.

“En paralelo, se han tomado numerosas medidas dirigidas a los funcionarios de la subsecretaría. Entre ellas, diversos talleres, jornadas y asesorías relacionados con estrategias de manejo emocional en contexto de crisis. Además, se dictó un curso de formación para abogados que llevan procesos de investigación sobre denuncias y otro para encargadas de gestión de personas en materia de atención psicológica en crisis”, complementaron en Interior.

En esa línea, destacaron que ellos han “prestado toda la colaboración en el marco de la investigación penal a cargo del Ministerio Público, así como al sumario de Contraloría. (…). Además, las autoridades de este ministerio -y del gobierno en general- han acudido y entregado información al Congreso, ya sea en la sesión especial realizada en la Cámara sobre el caso, ante las comisiones de Mujeres y Equidad de Género, de Seguridad Pública y la comisión investigadora sobre el particular”.

En medio del proceso de elaboración del nuevo protocolo, esta semana el caso de Manuel Monsalve se reactivó luego de que la denunciante de este último presentara ante la justicia una demanda que busca que la Subsecretaría del Interior sea sancionada por no haber realizado los actos administrativos necesarios para proteger a la víctima.

“Se busca obtener justicia y reparación, para que se adopten medidas ante el perjuicio y las vulneraciones de derechos fundamentales que ella sufrió y evitar que situaciones como las que vivió puedan volver a repetirse, especialmente en el sector público”, se lee en el documento firmado por los abogados laboralistas Rodrigo Azócar y Romina Urzúa.

El senador Gastón Saavedra (PS) sostuvo que “evidentemente se requiere celeridad en el trámite de generar este protocolo que garantice los derechos de los trabajadores. Esto no solo debiera ser en La Moneda, también en gobiernos regionales y municipales. El protocolo debiera ser conocido por todas las autoridades”.

Su par Juan Luis Castro, también militante del Partido Socialista, agregó en su declaración el resguardo de las denunciantes una vez que haya salido a la luz su acusación. “El Ejecutivo debiese acelerar toda medida que siga la línea de protección y acompañamiento de víctimas que, en especial en su lugar de trabajo, sufren hostigamiento y acoso”, dijo el senador PS.

El diputado y exjefe de bancada PPD-independientes, Jaime Araya, afirmó que hay que “trabajar con la máxima celeridad en el diseño e implementación de medidas efectivas para la prevención de este tipo de hechos, de tal forma que estos graves acontecimientos sirvan de aprendizaje para el conjunto de las instituciones, sobre todo en un gobierno que sabía tanto de protección y promoción de los derechos de la mujer”.

“Creo que cualquier medida que garantice que estos actos no se repitan debe ser una prioridad especial en este gobierno. Aunque ya existe una investigación en curso para este caso, es fundamental que la administración sea capaz, primero, de responder oportunamente ante las denuncias y, luego, activar los protocolos que aseguren un procedimiento adecuado”, añadió el diputado Héctor Ulloa (PPD-ind.).

Su par Cristián Tapia aseguró que “sin lugar a dudas” el Ejecutivo debe trabajar en la implementación del nuevo protocolo. A esto sumó que el caso Monsalve “dejó al descubierto la desprotección de tantas mujeres que trabajan en el mundo público y no solamente del estamento central”.