Tomás Ramírez, el abogado de la Defensoría Jurídica de la U. de Chile que asume la defensa de Rojas Vade

El abogado Tomás Ramírez Hermosilla fue una pieza clave en el rol que jugó la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile tras el estallido social.

Ubicada a sólo unos pasos del epicentro de las manifestaciones que se llevaban a cabo en Plaza Baquedano, luego del 18-O, la entidad se transformó en un puente de las denuncias de apremios durante las protestas entre las víctimas y el Ministerio Público. Tanto es así que el 23 de octubre de 2019, cuando un joven estudiante denunció la supuesta existencia de un centro de torturas en la estación de Metro de esa zona, el profesional obró como vocero de dicha acusación que luego fue descartada por la fiscalía.

Durante los meses restantes, fue activo en presentar recursos en contra de Carabineros y el gobierno por el uso de perdigones y elementos disuasivos, como gas lacrimógeno, en contra de las denominadas “brigadas de salud” que atendían a los manifestantes heridos en el sector de Baquedano. Su protagonismo en estas instancias no pasó desapercibido por un dato familiar. Y es que mientras Ramírez denunciaba torturas y violaciones a los derechos humanos, su tío, el reconocido penalista Luis Hermosilla, oficiaba como asesor en La Moneda, particularmente del ministro del Interior, Andrés Chadwick, con quien tiene una estrecha relación de amistad, autoridad que terminó renunciando a su cargo un mes después de estallido y acusado constitucionalmente a fines de ese mismo año.

Hoy, el nombre de Tomás Ramírez, abogado egresado de la Casa de Bello con distinción máxima, vuelve a saltar a la luz. Y es que a 48 horas de que la Fiscalía Centro Norte iniciara una investigación penal en contra del constituyente Rodrigo Rojas Vade -por presuntamente faltar a la verdad en su declaración de intereses-, el integrante de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile se contactó con la fiscalía y la PDI en representación del integrante de la Convención Constitucional que hace pocos días admitió no tener cáncer luego de que un reportaje de La Tercera Domingo lo develara.

El profesional trabajó entre 2009 y 2011 como asesor en esa misma repartición del Ministerio Público y, según comentan fuentes del caso, le habría asegurado al fiscal Patricio Cooper que la intención de su defendido es prestar declaración y renunciar así a su derecho a guardar silencio. Eso sí, habría dicho que se contactaría por correo electrónico.

Hoy el constitucional presentó licencia por 15 días. De tal forma que la orden de Cooper fue que el equipo de la Brigada de Investigación Criminal de Santiago se coordine con Ramírez para el interrogatorio, en el entendido de que por motivos de salud, entonces, este se concretará en dos semanas más.

Los tres integrantes del equipo de la Bicrim Santiago que están tras los pasos de Rojas Vade ya han concretado una serie de diligencias y van por más. Este miércoles tomaron declaración a la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón, y al vicepresidente, Jaime Bassa. Ambos como testigos y en el entendido de que fueron quienes firmaron el oficio que permitió abrir esta investigación penal, apuntando que podrían existir hechos constitutivos de delito en la declaración presentada por el constituyente, en que aseguraba tener una deuda con el sistema financiero de $ 27 millones por un tratamiento de quimioterapias por el cáncer.

En la bitácora de quehaceres de la PDI está también entrevistar a seis vicepresidentes de la Convención, oficiar al Servicio Electoral (Servel) para que remita todos los antecedentes que presentó Rojas, y la Lista del Pueblo, para validad su candidatura a la instancia.

Hoy por la tarde un equipo de policías, de todas formas, se trasladará a los dos domicilios que mantiene vigentes el constituyente, en Santiago y Pomaire, para notificarlo formalmente de su situación judicial.

Lo que no está claro para los investigadores es si el abogado Ramírez obrará en el caso como defensor particular o lo hará por la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, que -hasta el momento- sólo tenía representación en víctimas de apremios y violaciones a los derechos humanos. Este medio intentó contactar a Ramírez, sin obtener respuesta alguna.