Transparencia en la pandemia: CPLT instruye sumarios contra subsecretarías de Salud

El lunes 24 de noviembre, el Consejo Para la Transparencia notificó a las subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales -encabezadas por Paula Daza y Alberto Dougnac- su decisión de instruir investigaciones sumarias tras constatar faltas de respuesta reiteradas a solicitudes de acceso a la información y otras fuera de plazo acorde a lo establecido en la Ley de Transparencia.

Según la indagatoria del CPLT, un 76% de los 375 casos investigados al interior de 25 servicios de salud presentó infracciones a la Ley, es decir respuestas fuera de plazo, ausencia de respuesta, prórrogas extemporáneas y prórrogas múltiples.

El proceso se extendería por 60 días y podría implicar sanciones de entre un 20% y un 50% de las remuneraciones del jefe de servicio, en este caso la sanción pudiera recaer en la subsecretaria Daza. La sanción no sería aplicable al subsecretario Arturo Zúñiga (se investigó parte de su periodo), dado que renunció al cargo el 3 de noviembre pasado.

La indagatoria del CPLT partió a raíz de una denuncia en contra del Instituto de Salud Pública por una eventual prórroga ilegal del plazo para responder solicitudes de información. A partir de ese caso, el 9 de julio de 2020, el Consejo Directivo instruyó iniciar un proceso de fiscalización más general.

Así se determinó investigar a 25 organismos priorizados del Sector Salud, con el objeto de determinar la situación del ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el contexto de la crisis sanitaria por COVID-19. Se trata de 9 hospitales, 3 seremis de Salud, 10 servicios de salud, el Instituto de Salud Pública, la Subsecretaría de Redes Asistencias y la Subsecretaría de Salud Pública. La fiscalización contempló originalmente el análisis de un total de 375 solicitudes de acceso a la información.

Tal como explicó la presidenta del CPLT, Gloria de la Fuente, tras una serie de procesos focalizados en materia de compras –como test rápidos-, residencias sanitarias, entre otros, “el equipo de fiscalizadores del Consejo identificó que de manera consistente algunos servicios no respondían a las solicitudes de información o lo hacían de forma extemporánea, lo que levantó las alertas para desarrollar un proceso centrado en este tipo de incumplimientos”.

De los 375 expedientes previstos para la fiscalización, 250 correspondían a solicitudes en estado “atrasadas”, esto es, en proceso, pero con plazo legal vencido. Al respecto, pudo recabarse antecedentes sobre un total de 225 solicitudes de acceso a la información, de las cuales 196 no habían sido respondidas por los organismos al momento de iniciar la fiscalización.

En total 87% de los casos en que las SAI se registraban como vencidas y sin respuesta dentro del Portal de Transparencia del Estado. Solo después de que se inició la investigación del CPLT se respondieron 135 solicitudes.

“Dos terceras partes de las solicitudes sobre las que se detectaron infracciones tuvieron lugar en el contexto del Estado de Excepción Constitucional, cuestión que podría ser explicativa de la situación advertida, en general, durante el proceso de fiscalización”, dice uno de los informes emitidos por el CPLT.

Además, explica la investigación, “se verificó la práctica del Instituto de Salud Pública y del Hospital El Pino, de prorrogar solicitudes por 90 días hábiles, a partir de su interpretación del Oficio Nº252 del Consejo para la Transparencia”.

La nueva presidenta del CPLT subrayó la relevancia del acceso a la información en contextos de crisis: “En el marco de una emergencia sanitaria como la que generó el Coronavirus, tener acceso a información oportuna salva vidas”.

La politóloga explicó que “El Consejo Directivo estableció al inicio de la emergencia sanitaria que el derecho a acceder a información pública se mantenía en el contexto del estado de excepción constitucional. Así lo informamos vía oficio y declaración pública a los organismos públicos, por lo que es parte del ejercicio de nuestro rol garantizar que no se vulnere el derecho de las personas a que se les entregue información”.