Tras críticas y fallido comité de expertos, Gobierno apuesta a zanjar pugna por admisibilidad dentro del Congreso

A la larga, parece que se evitará ahondar la zanja entre el Ejecutivo y el Legislativo por el conflicto ante la admisibilidad constitucional de proyectos de ley. Es lo que -al menos- se desprende de lo que contestaron en La Moneda esta mañana ante la duda de qué va a hacer el Presidente Sebastián Piñera con esa pugna. Su idea original de recurrir a un comité de expertos para ”proponer perfeccionamientos a los criterios y procedimientos” no logró flotar y revolvió un conflicto con la oposición, justo después de alcanzar el acuerdo de gasto fiscal para financiar la crisis.

Dicho plan encaró varios flancos. Por un lado, se criticaba que el mandatario, en vez de dicho camino, no recurriera al Tribunal Constitucional. “Es una mala señal, no se va al TC solo cuando hay certeza de ganar”, cuestionó la ex ministra Marcela Cubillos el domingo en El Mercurio, acusando “responsabilidades compartidas” entre La Moneda y el Congreso. Y por otro, la convocatoria al comité de expertos no encontró apoyo unánime entre los cinco abogados convocados a la reunión remota del pasado miércoles con el gobernante. José Francisco García y Gastón Gómez, que llegaron con otra propuesta, sinceraron ahí que no compartían la del gobierno y declinaron sumarse.

La tarde del jueves pasado Piñera y sus ministros Claudio Alvarado (Segpres), Gonzalo Blumel (Interior) y su jefe de asesores del Segundo Piso, Cristián Larroulet, se reunieron virtualmente con cinco especialistas. Estaban los ex presidentes de la Cámara de Diputados Rodrigo Álvarez y Edmundo Eluchans (ambos UDI), y tres constitucionalistas propuestos por partidos de gobierno: Sebastián Soto, nominado por la UDI; García, propuesto por Evópoli y profesor derecho UC, y Gastón Gómez, sugerido por RN.

Gómez y García -según testigos- plantearon una comisión de expertos tripartita, designada por el Senado y la Cámara, que asesorara, con dictámenes no vinculantes. Dicha instancia consideraba especialistas externos, institucionalizando lo que hacen las comisiones de Constitución del Parlamento cuando tienen dudas: les consultan.

También propusieron pensar cómo mejorar la institucionalidad de la Presidencia de la República en esta materia, punto que algunos participantes de la cita creen que no le habría agradado a Palacio, y en el que Gómez propuso que el proceso también alcance a las mociones y mensajes que envía el Ejecutivo.

La diferencia, explican hoy en el gobierno, es que en Palacio son de la idea que la comisión asesora no tenga integrantes externos. En el curso de dicha reunión, los dos abogados disintieron en la forma y el fondo de la línea del gobierno. Y al terminar, Alvarado les informó que les haría saber del proyecto.

Aunque La Moneda -remarcan hoy- había sostenido otras conversaciones individuales sobre el tema, la idea del comité de expertos enfrentó objeciones casi desde un comienzo. No se convocó a juristas de la oposición y hasta algunos que allá han coincidido en ocasiones con la administración Piñera la rechazaron. Fue el caso del DC Jorge Correa Sutil, que tachó “de una torpeza inexplicable lo del Presidente” al llamar a una instancia así.

Hoy en la mañana, ante la consulta de si dado eso y lo ocurrido el miércoles no se va a persistir en trabajar esto con un comité de expertos y si se desechó la idea, desde la Casa de Gobierno contestaron que la vía elegida es el proyecto de ley que ocupa esta nota.

Visto eso, el Ejecutivo optó por centrar sus intentos de solución dentro del Parlamento y no fuera de él. Y la Segpres está elaborando ya un proyecto de ley que -salvo cambios en carrera- apuntaría en el siguiente sentido. Se trataría de una reforma a la Ley Orgánica del Congreso (exige un quórum de 4/7) para que las mesas de la Cámara y del Senado, antes de determinar la inadmisibilidad o no de un proyecto, deban consultar obligatoriamente a una “comisión asesora”, que esté formada exclusivamente por parlamentarios.

La idea que parece tomar más fuerza es que cada corporación recurra a sus respectivas comisiones de Constitución, para que estas elaboren -en un plazo breve- un informe al respecto, pero que no sea vinculante. Y que luego de eso, la mesa decida.

La fórmula, explican en el gobierno, recogería un mecanismo que existe solo como costumbre y no como norma: que ante dudas de admisibilidad, se consulte a dichas comisiones. La diferencia es que con esa ley eso debería hacerse sí o sí. Y en Palacio ponen la tilde en que, de esta forma, “se respeta la soberanía de la mesa” de cada Cámara, y que “en ningún caso se trata de una intromisión”, vocablo que fue la punta de lanza de la fuertes críticas de la oposición la semana pasada. Hasta la testera de la Cámara de Diputados -controlada por el oficialismo- cuestionó entonces la arremetida de La Moneda.

En el gobierno remarcan que un proyecto así respeta la institucionalidad del Legislativo y deja en su poder las atribuciones revisoras del proceso y el control interno de la ley, con lo que se busca no prolongar más el conflicto. Al texto le queda trecho por delante: se dificulta que esté terminado esta semana y además se anticipa que se va a sociabilizar con la oposición y el Congreso.

Otra cuestión será si consiguen los votos ante semejante quórum y estando en minoría, aunque los colaboradores del Presidente creen que tienen margen si se considera que el día de mañana la hoy oposición puede enfrentar el mismo problema, ya que también congresistas de gobierno han presentado proyectos inadmisibles.

Un punto más: sobre la crítica de por qué Piñera entonces no recurre al TC, en el gobierno hacen ver que es un punto, pero que acá se buscó enviar un mensaje de que el Ejecutivo no se va a quedar de brazos cruzados cuando -desde su perspectiva- hay congresistas que vadean los márgenes constitucionales. Y que además, recurrir al Tribunal Constitucional es una medida de último recurso que no suele ser bien recibida en el Legislativo.