Tras los crímenes del Tren de Aragua: Fiscalía de Chile y Bolivia suscriben inédito acuerdo que crea Equipo Conjunto de Investigación

El despliegue de células del Tren Aragua desde Venezuela a otros países de América Latina es un problema que mantiene a policías y persecutores de la región en alerta, coincidiendo en que se requiere de esfuerzos en conjunto para hacer frente a la amenaza que implican.

Y es precisamente en ese contexto que este miércoles 21 de diciembre el Ministerio Público de Chile y el de Bolivia suscribieron un inédito acuerdo que permitirá la creación del primer Equipo Conjunto de Investigación (ECI) con miras a enfrentar coordinadamente el crimen organizado internacional, particularmente en lo referente al mencionado clan venezolano liderado por Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”.

La alianza, suscrita -entre otros- por el fiscal nacional (s) Juan Agustín Meléndez, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, y la fiscal superior del Estado Plurinacional de Bolivia, Elizabeth Viveros Guzmán, implica la conformación de un único equipo investigativo integrado por fiscales, policías y autoridades de ambos países.

Como pudo recabar La Tercera PM, se trata de una herramienta de cooperación regulada en diversos convenios internacionales suscritos por Chile –entre ellos, los de Palermo y Nassau-, que facilita la cooperación entre dos o más estados para llevar adelante investigaciones penales conjuntas en el territorio de alguno o de todos los países participantes, en torno a un mismo caso que los afecta. Como se detalla, la finalidad última es resolver la investigación en cuestión, acreditar ciertos hechos constitutivos de delito, identificar y perseguir penalmente a sus autores y otros partícipes, y dar adecuada protección y asistencia a sus víctimas.

“La conformación del ECI Chile-Bolivia se fundamenta en investigaciones en curso en ambos países relacionadas con las figuras delictivas de tráfico ilícito de drogas, asociación ilícita para delinquir, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, secuestro, homicidio y tenencia de armas de fuego, entre otras, en las que ha operado el Tren de Aragua”, explicó Meléndez.

Si bien en esta etapa el pacto se selló con Bolivia, no está descartado que en el futuro se sumen otros países. Según manifestó el persecutor, esto está abierto a que se integren otros ministerios públicos si el curso de las indagaciones así lo amerita.

Como explican desde la Fiscalía Nacional, la ventaja que da contar con un equipo de investigación conjunto, es que se posibilita el intercambio de información en forma “ágil y oportuna”, en el marco de un proceso de asistencia mutua formal, que luego pasará válidamente a formar parte de los respectivos procesos penales de cada país.

De esta manera, toda la información y evidencia que produzca el ECI, ya sea documental o de diligencias operativas en territorio boliviano o chileno, podrá usarse como prueba en los procesos penales que sigan adelante.

“El Ministerio Público de Chile actúa bajo el convencimiento de que organizaciones criminales de este tipo son transnacionales, por lo que es fundamental impulsar una real y efectiva cooperación entre las distintas fiscalías de la región. Que se materialice la creación de equipos conjuntos de investigación es prueba de ello, pues el objetivo es identificar integrantes, recabar evidencias y determinar los lugares de operación, con miras a que los antecedentes que reúnan sean de utilidad para ambas entidades persecutoras”, detalló al respecto el fiscal nacional (s) chileno.

En ese marco, como agregó Meléndez, se entiende que “la materialización de este convenio bilateral es un claro ejemplo del ánimo decidido del Ministerio Público por combatir el crimen organizado y avanzar en la comprensión de este fenómeno criminal, frente al cual es indispensable tener como eje la cooperación y coordinación internacional, tal como quedó plasmado en la Política Nacional contra el Crimen Organizado, presentada el martes 20 de diciembre en el Palacio de La Moneda, y en una de cuyas líneas de acción se destaca precisamente la necesaria coordinación entre países limítrofes”.

Cabe recordar, en esta línea, que el plan contra este fenómeno presentado por el Presidente Gabriel Boric incluye 10 ejes. “Esto es un hito muy relevante porque estamos presentando un plan estratégico y una hoja de ruta que se hace cargo con acciones, con metas y con recursos de un vacío que teníamos como país en la lucha contra las organizaciones criminales nacionales e internacionales que operan o pretenden operar en nuestro territorio y que no son bienvenidas”, dijo en la oportunidad el Mandatario

Para llevar adelante todas estas medidas, según se ha asegurado desde Palacio, en el Presupuesto 2023 se destinarán más de 39 mil millones de pesos para fortalecer a las distintas organizaciones involucradas en la persecución de los delitos, como Carabineros, PDI, Aduanas, Directemar, Unidad de Análisis Financiero y Gendarmería.