Fiscal de Arica solicita fichas clínicas y listado de médicos que trataron a conscriptos de Putre

A menos de una semana de que el Juzgado de Garantía de Arica resolviera que el caso de los conscriptos de Putre fuera investigado por la justicia ordinaria y desechara la solicitud presentada por la ministra en visita Jenny Book -que pedía que la causa quedara radicada en la justicia militar-, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, requirió autorizaciones judiciales para la realización de nuevas pesquisas.

Así, tras demandar la exhumación del cuerpo de Franco Vargas, soldado que falleció el pasado 27 de abril en medio de la instrucción militar que desarrollaban, ahora solicitó acceso a la información médica de otros dos de los afectados: L.J.G.S y B.S.A.L.

“Con la finalidad de recabar los antecedentes necesarios y útiles a fin de determinar la ocurrencia del delito de apremios ilegítimos cometidos por empleados públicos, solicito autorización judicial para la obtención de la ficha clínica de las víctimas, todas las atenciones médicas, dato de atención de urgencia, epicrisis y anamnesis y cuerpo médico tratante de los (mencionados) pacientes”, se lee en la solicitud del persecutor a la que tuvo acceso La Tercera.

En el escrito argumentó la solicitud en atención a que ambos fueron parte de la “instrucción desde el campo de entrenamiento Pacollo hacia el cuartel militar, a más de 3.500 msnm con condiciones climáticas bajo los -15 °C, sin las adecuadas vestimentas para el desarrollo de una actividad de este tipo”

Hizo presente, en el mismo sentido, que tanto L.J.G.S. como B.S.A.L. fueron dos de los 45 soldados que resultaron más graves, debiendo ser trasladados hasta el Hospital Militar de Santiago con un “cuadro infeccioso respiratorio”.

Esta información, como se desprende del requerimiento de Carrera, fue solicitada presencialmente por efectivos de la Brigada de Homicidios de la PDI. Sin embargo, al concurrir a las dependencias del Hospital Militar, no obtuvieron los antecedentes esperados y, por ello, ahora se activó la petición vía tribunales.

Fuentes ligadas a la institución castrense, en todo caso, aseguraron que dicha postura está ligada con la Ley de Derechos del Paciente, la cual le impide al Hospital entregar antecedentes previa autorización. Descartan, por lo mismo, que exista ánimo de “ocultar” información.

La información es esencial, agregó el fiscal, porque los datos constituyen elementos de relevancia “a fin de establecer en qué condiciones de salud llegaron al recinto de salud, el origen del mismo, como también el actual estado de salud de ambos”.

De esta forma, el 17 de mayo el Juzgado de Garantía de Arica ordenó la entrega de copias de los documentos, tanto de parte del Hospital Militar como del Hospital Regional de Arica “Dr. Juan Noé Crevani”.

Los jóvenes habían sido trasladados desde Arica al Hospital Militar los primeros días de mayo y aún permanecen internados en dicho recinto asistencial, aunque los antecedentes aportados por el Ejército han dado cuenta de su “evolución favorable”.

Uno de ellos, eso sí, sufrió la amputación de una mano.

Frente a las nuevas diligencias que se están desarrollando, el fiscal Mario Carrera indicó que, a estas alturas, no es posible precisar antecedentes, aunque insistió en que las pesquisas no se detendrán.

“No vamos a dejar de realizar las diligencias que tengamos que hacer hasta que no tengamos una definición de la Corte Suprema. Lo que no podemos hacer es quedarnos pasivamente esperando dicho plazo. Vamos a seguir investigando hasta que la Corte defina qué justicia se va a hacer cargo y una vez que se produzca esto, vamos a poder hablar con más propiedad e informar respecto de distintas diligencias y líneas de investigación”, sostuvo

Confirmó, de todas maneras, que en la audiencia programada para el próximo 4 de junio. “Una vez que se obtenga esa autorización, si procede de esa manera, veremos la fecha concreta en que se realice esa diligencia”, precisó.

La querella ingresada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) -que gatilló la investigación de la Fiscalía- acusa que los jóvenes habrían enfrentado situaciones que son constitutivas del delito de apremios ilegítimos.

“Fueron sometidos a golpes de pies y puños por parte de sus superiores a cargo, en cualquier contexto y momento: mientras se desarrollaba la instrucción, cuando dormían, comían o durante las caminatas; estas caminatas podían ser nocturnas con temperaturas bajo cero, sin la ropa adecuada o durante el día sin la protección solar mínima, como un gorro o lentes oscuros, a pesar de haberles entregado las prendas, no se les permitía utilizarlas”, señala la querella del INDH.

Agrega que estuvieron expuestos “a fecas de ratones en los espacios de preparación y consumo de alimentos, así como también estaban obligados a comer con las manos de una misma bandeja grupal por no entregarles elementos básicos como cucharas; fueron obligados a utilizar letrinas grupales sin acceso a medidas higiénicas de aseo personal, espacios saturados de excrementos humanos, sin agua corriente, jabón ni papel higiénico”.