¿Trump puede ir a la cárcel? Las claves del último caso legal que golpea al republicano en su carrera por la Casa Blanca

El expresidente estadounidense Donald Trump fue acusado de cuatro cargos federales relacionados con sus esfuerzos por anular su derrota en las elecciones de 2020 en el período previo a los disturbios en el Capitolio, en Washington, por parte de sus partidarios, el 6 de enero de 2021.

Debido a la “deshonestidad, fraude y engaño” de Trump y algunos de sus aliados más cercanos, dice la acusación, sus partidarios “atacaron violentamente el Capitolio y detuvieron el proceso”. En el ataque, sus seguidores golpearon e hirieron a policías y rompieron ventanas y puertas, lo que hizo que los legisladores salieran corriendo para salvar sus vidas.

Es la tercera vez este año que el favorito en las primarias presidenciales republicanas de 2024 ha sido imputado en un caso penal. Pero este es el primero en el que se intenta responsabilizar a Trump por sus esfuerzos por permanecer en el poder durante las caóticas semanas que transcurrieron entre su derrota electoral y el asalto de sus simpatizantes contra el Capitolio, el 6 de enero de 2021.

Trump ha dicho que no hizo nada indebido, y acusó al fiscal especial Jack Smith y al Departamento de Justicia de intentar perjudicar su campaña presidencial rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

A continuación, las claves para entender el caso.

Trump está acusado de obstrucción de un procedimiento oficial, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, conspiración para defraudar a Estados Unidos y conspiración para impedir que otros ejerzan sus derechos constitucionales.

El cargo por obstrucción de un procedimiento oficial, que conlleva una sentencia de hasta 20 años en prisión, se refiere a la sesión conjunta en el Congreso del 6 de enero de 2021, en la que se debían contar los votos colegiados para certificar a Joe Biden como el ganador oficial de las elecciones de noviembre de 2020. La conspiración para obstruir un procedimiento oficial también conlleva una pena máxima de 20 años de cárcel.

El cargo de obstrucción se ha presentado contra cientos de los más de mil acusados en relación con la insurrección del 6 de enero, incluidos miembros de los grupos de extrema derecha Oath Keepers y Proud Boys. Más de 100 personas han sido condenadas en juicio o se han declarado culpables del delito.

La conspiración para defraudar a Estados Unidos, que se castiga con hasta cinco años en prisión, prohíbe los esfuerzos para obstruir o interferir con las funciones del gobierno “mediante engaños, mañas o trucos, o al menos por medios que son deshonestos”, de acuerdo con la Corte Suprema. Así, la acusación asegura que Trump utilizó “la deshonestidad, el fraude y el engaño” para obstruir el conteo y la certificación de los resultados electorales.

Trump tenía el derecho de impugnar la elección, e incluso de asegurar falsamente que había ganado, según el acta. Los cargos, sin embargo, se derivan de lo que los fiscales afirman que fueron intentos ilícitos por subvertir los resultados electorales y bloquear la transferencia pacífica del poder.

El acta de acusación sostiene que la campaña de varias semanas comenzó con la presión sobre los legisladores estatales y los funcionarios electorales para cambiar votos colegiados de Biden a Trump, y luego evolucionó hacia la elaboración de listas falsas de compromisarios a favor de Trump para ser enviadas al Congreso.

Trump y sus aliados también trataron de utilizar al Departamento de Justicia para que llevara a cabo investigaciones falsas de fraude electoral, con el fin de impulsar su plan de falsos compromisarios, de acuerdo con el acta de acusación.

A medida que se acercaba el 6 de enero, Trump y sus aliados presionaron al entonces vicepresidente Mike Pence para que rechazara algunos votos colegiados, y cuando eso no funcionó, el expresidente indicó a sus simpatizantes que fueran al Capitolio federal para impedir la certificación de los resultados de las elecciones, señala el acta de acusación.

Por último, sostiene el documento, Trump y sus aliados trataron de sacar provecho del asalto al Capitolio por parte de sus simpatizantes al redoblar sus esfuerzos para difundir mentiras electorales y convencer a los miembros del Congreso de que retrasaran aún más la certificación de la victoria de Biden.

Trump está acusado de violar un estatuto de derechos civiles posterior a la era de la reconstrucción de la Guerra Civil que tipifica como delito conspirar para violar los derechos garantizados en la Constitución, en este caso: el derecho al voto y a que este se cuente. Conlleva una sentencia de hasta 10 años de cárcel.

La disposición formaba parte originalmente de un conjunto de leyes aprobadas en 1870 en respuesta a la violencia y la intimidación ejercidas por miembros del Klu Klux Klan, con el fin de mantener a las personas de raza negra alejadas de las urnas.

Pero se ha utilizado a lo largo de los años en una amplia gama de casos de fraude electoral, incluido para perseguir conspiraciones para rellenar urnas o no contar determinados votos. La conspiración no tiene que ser exitosa, es decir, que el fraude no tiene que afectar realmente a las elecciones para ser castigado.

El Departamento de Justicia logró una condena por este cargo a principios de este año en el caso de Douglass Mackey, un propagandista de extrema derecha de Florida que fue acusado de conspirar con otras personas con gran número de seguidores en internet para difundir mensajes fraudulentos a los partidarios de la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton en un esfuerzo por suprimir el voto en 2016.

Los cargos se derivan de la extensa investigación de Smith sobre las acusaciones de que Trump intentó revertir su derrota ante Biden.

“El ataque al Capitolio de nuestra nación el 6 de enero de 2021 fue un ataque sin precedentes a la sede de la democracia estadounidense”, dijo el fiscal especial.

“Fue alimentado por mentiras, mentiras del acusado dirigidas a obstruir una función fundamental del gobierno de EE.UU.: el proceso nacional de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales”.

El Departamento de Justicia buscará un “juicio rápido” para Trump, afirmó Smith. “Mi oficina buscará un juicio rápido para que nuestra evidencia pueda ser probada en la corte y juzgada por un jurado de ciudadanos”, comentó a los periodistas.

Trump debe presentarse en la corte el jueves ante la jueza federal de distrito, Tanya Chutkan.

La acusación alega que Trump reclutó a seis personas para que lo ayudaran a tratar de anular las elecciones de 2020. Las seis personas no están nombradas explícitamente, pero la acusación incluye detalles que permiten identificar a la mayoría de ellas, indicó la cadena Al Jazeera.

Como aparentemente el “Co-Conspirador 1″ y el “Co-Conspirador 2″, los abogados Rudy Giuliani y John Eastman son citados por sus comentarios en el mitin “Stop the Steal” (Detengan el Robo) antes del motín instando a Pence a desechar los votos de los electores válidos.

Una tercera abogada, Sidney Powell, que parece ser la “Co-Conspiradora 3″, presentó una demanda en Georgia que amplificó las afirmaciones falsas o sin fundamento de fraude electoral. La acusación cita a Trump, admitiendo en privado que las afirmaciones de Powell sonaban “locas”.

Jeffrey Clark, un funcionario del Departamento de Justicia que defendió las afirmaciones falsas de fraude electoral de Trump, se describe como “Co-Conspirador 4″.

El “Co-Conspirador 5″ parece ser el abogado Kenneth Chesebro, quien, según la acusación, “ayudó a idear e intentar implementar un plan para presentar listas fraudulentas de electores presidenciales para obstruir el proceso de certificación”.

El “Co-Conspirador 6″ es un consultor político desconocido que también ayudó con el plan de falsos electores.

No hay cargos conocidos contra los co-conspiradores enumerados.

El asistente de Giuliani, Ted Goodman, dijo en un comunicado que “todos los datos que posee el alcalde Rudy Giuliani sobre este caso establecen la base de buena fe que tenía el Presidente Donald Trump para las acciones que tomó durante el período de dos meses imputado en la acusación”. El abogado de Eastman, Harvey Silverglate, aseguró que su cliente negó haber actuado mal.

La jueza federal asignada al caso, Tanya Chutkan, se ha destacado como una de las castigadoras más duras de los manifestantes que asaltaron el Capitolio.

Chutkan, exasistente del defensor público, fue nominada para el cargo por el Presidente Barack Obama. A menudo dictó sentencias de prisión por los casos de disturbios del 6 de enero de 2021, penas más severas de lo que recomendaron los fiscales del Departamento de Justicia.

También falló en contra de Trump antes en un caso separado del asalto al Capitolio. En noviembre de 2021, ella rechazó su solicitud de bloquear la entrega de documentos al comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes de EE.UU., al afirmar el privilegio ejecutivo.

Ella rechazó sus argumentos de que él podía tener privilegios sobre los documentos de su administración incluso después de que el Presidente Joe Biden hubiera despejado el camino para que los Archivos Nacionales entregaran los documentos. Ella escribió que Trump no podía reclamar que su privilegio “existe a perpetuidad”.

“Los presidentes no son reyes y el demandante no es presidente”, escribió Chutkan en su fallo.

El caso penal fue presentado en el tribunal federal de Washington, donde se tiene previsto que Trump comparezca este jueves.

Durante más de dos años, los jueces de dicho tribunal -que se ubica cerca del Capitolio- han estado escuchando los casos de cientos de simpatizantes de Trump acusados de participar en el asalto del 6 de enero, muchos de los cuales han dicho que fueron engañados por las mentiras electorales difundidas por el exmandatario y sus aliados.

Trump ha indicado que su defensa puede apoyarse, al menos en parte, en la idea de que él realmente creía que le habían robado las elecciones, publicando recientemente en redes sociales: “Tengo el derecho a impugnar una elección que estoy plenamente convencido que estuvo amañada y me fue robada, tal y como los demócratas lo han hecho contra mí en 2016, y muchos otros lo han hecho a lo largo de la historia”.

Pero los fiscales han reunido una cantidad significativa de evidencia que demuestra que a Trump se le dijo en varias ocasiones que había perdido.

Trump ya tiene programado un juicio en marzo, en el caso de Nueva York, que se deriva de pagos que hizo para mantener en silencio a una actriz porno que dijo haber tenido una relación extramarital con él durante la campaña de 2016, y otro en mayo, en el caso federal en Florida derivado de los documentos confidenciales encontrados en su finca de Mar-a-Lago.

Una actualización de la acusación en el caso de los documentos confidenciales que se dio a conocer la semana pasada añadió nuevos cargos que involucran acusaciones de que Trump trató de conseguir que se eliminaran las grabaciones de las cámaras de vigilancia de Mar-a-Lago después de que fueran solicitadas por los investigadores.

A diferencia de Florida, donde los republicanos han logrado avances constantes en los últimos años, Trump probablemente se enfrentará a un jurado difícil en Washington D.C., donde abundan los demócratas. De las aproximadamente 100 personas que han sido enjuiciadas por el asalto al Capitolio, sólo dos han sido absueltas de todos los cargos y esos casos fueron decididos por jueces, no por jurados.