U. del Pacífico: Informe interno advertía en 2016 situación financiera "insostenible"

"Así fue como un buen día Hernán, cumpliendo los veinte años, se encontró navegando rumbo al norte. Llevaba una provisión de dinero que le permitiría enfrentar su primer tiempo de vida independiente. Pero deportado y todo, mi tío no había cambiado nada. Antes de arribar a Panamá había jugado y perdido todo, incluso lo puesto", publicó en 2012 –el mismo año en que estalló la crisis de la Universidad del Mar- Julio Ortúzar Prado en su libro Cuentos de sobremesa.

Eran buenos tiempos para el publicista y escritor que fundó en 1990 la Universidad del Pacífico, la que ha dirigido desde ese entonces con su clan familiar. En paralelo, Ortúzar Prado ha encabezado la Fundación Julio Ortúzar Rojas (FJOR), que ha estado vinculada comercialmente al negocio educacional. En la Universidad, contrató en puestos claves a sus hijos y a su yerno, algunos de ellos con indemnización a todo evento. Eso hasta que todo se vino abajo cuando en marzo de 2017, la casa de estudios perdió su acreditación institucional.

La medida implicó que los nuevos alumnos dejaron de recibir financiamiento estatal, lo que agudizó un problema de largo arrastre que hoy se traduce en deudas de más de$ 2 mil 300 millones. Además se proyectan $1.500 millones de pérdidas durante 2018, con lo que se acumulan $5 mil millones en los últimos tres años.

¿Cómo se llegó a esta situación? El nudo dramático para Ortúzar Prado ocurrió en 2014, cuando la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) rechazó la certificación de la U. del Pacífico por la difícil situación financiera del plantel, aunque la real tragedia la viven los 2.600 estudiantes que hoy no saben si podrán seguir sus carreras.  Según pudo constatar La Tercera PM, este desenlace se habría podido evitar: En marzo de 2016 un informe, al que este medio tuvo acceso, detalló que de no realizarse cambios, la situación financiera sería "insostenible".

Cuando en octubre de 2014, la Universidad perdió la acreditación, realizó una apelación al Consejo Nacional de Educación (CNED) que accedió a certificarla por un plazo de dos años en marzo de 2015.

Entre una decisión y otra pasaron unos meses en que la matrícula de alumnos se vino abajo. Lo relevante es que la CNA había advertido, como publicó La Tercera, que la Universidad "es fiadora y codeudora solidaria de créditos otorgados por los bancos a la Fundación (Julio Ortúzar Rojas) por los edificios de las sedes Las Condes y Melipilla. Estos inmuebles son arrendados por la universidad y han sido tasados en una relación de 1,8 veces el valor de los bienes raíces a los créditos respectivos. Todo lo anterior configura una situación en que la universidad paga arriendos a la fundación, que obtiene plusvalías por las propiedades que no benefician a la universidad, y además la universidad garantiza el pago de las obligaciones de la Fundación a la banca, sin razón aparente (…). No hay una explicación válida respecto a los motivos de dichas fianzas –que además son a título gratuito". Y entregó una serie de instrucciones para superar el proyectado caos y arreglar el tinglado inmobiliario que en términos llanos permitía el lucro.

Pues bien, La Tercera PM tuvo acceso a una serie de antecedentes que muestran que los análisis internos en la Universidad eran catastróficos a marzo de 2016 y que pese a ello no se tomaron las medidas necesarias para evitar el desastre.

Así por ejemplo, el 15 marzo de 2016, el entonces vicerrector de Administración y Finanzas, Ítalo Giraudo Torres elaboró un documento de 12 páginas, que está en poder del Ministerio de Educación –que realiza una indagatoria acerca de la U. del Pacífico- y que fue enviado a su entonces suegro, Ortúzar Prado. Allí se revela la pésima situación financiera de la U y desconocidas negociaciones, que fracasaron, con las Universidades Gabriela Mistral y Autónoma, para buscar sociedades que permitieran darle años de vida al proyecto educacional.

Hoy existen deudas con AFPs, Isapres y acreedores, además del compromiso de no matricular nuevos alumnos en 2019 e iniciar la reubicación de los 2.600 alumnos que aún cursan carreras. El cierre es inminente.

"Producto de la no acreditación institucional de fecha 22/10/2014, la institución se vio enfrentada a restricción de parte de la banca en otorgar financiamiento de corto plazo y por otra parte una baja considerable en la matricula de alumnos nuevos para el año 2015 y también para el año 2016 en alumnos antiguos producto de la baja matricula de alumnos nuevos del año 2015", inicia el texto.

Se menciona, por ejemplo, que entre 2013 y 2017 la baja de matrícula fue de un 29,32% y se hace referencia a las dificultades que acarrea la gratuidad, pero también se recalca que al ser "la única Universidad, con dos años de acreditación, la más baja del sistema, se considera que fue uno de los puntos negativos para lograr una mayor cantidad de alumnos matriculados. Este relevante tema cada vez son más los jóvenes que conocen y manejan información sobre esta materia. Con respecto al año 2015 y 2016, este punto fue crucial, lo que impactó considerablemente en la baja matricula de los años mencionados".

También se critica "la falta de decisión de las autoridades superiores de la institución para tomar medidas a tiempo como por ejemplo, disminución de planta que a todas luces estaba sobredimensionada", situación que habría sido advertida en el año 2011 y frente a la cual se adoptaron medidas recién en 2015.

Pero más allá de estos antecedentes, se recalca que "en términos financieros al estar cerrada la fuente de financiamiento tradicional, que es la banca, por no estar acreditada la institución desde fines del año 2014, se tuvo que recurrir a operaciones de factoring con el consiguiente mayor costo. Tal situación se mantuvo para el año 2015 y se mantiene para el año 2016 a pesar de que la institución recuperó la acreditación. Es más la institución tal como lo señaló la CNA desde hace varios años presentaba excedentes mínimos que no estaban en condiciones de financiar PDEI (Plan de Desarrollo Estratégico Institucional) y cubrir apenas sus costos de operaciones".

El análisis se torna aún más crítico cuando se desglosa la contabilidad. Aquí se advierte que las instituciones financieras niegan acceso a nuevos productos financieros; el cierre de línea de crédito (BCI); la obligación de recurrir al financiamiento no tradicional para la institución (Factoring) incrementando el costo de operación".

Se destaca que los gastos en finiquitos para el año 2014 ascendió a $178 millones y el año 2015 $1.015 millones debido a la necesidad de reducir el personal de planta y la serie de gastos en categoría de incobrables. También se plantea que la "Habilitación San Damián, en la que corresponde a inversión en infraestructura sede las Condes II, la cifra total asciende a $900 millones de los cuales $450 millones fueron invertidos por FJOR y $450 millones fueron invertido por la Universidad y a partir del año 2015 comienza el proceso de amortización de la inversión y que para el año 2015 implica un gasto de $26 millones anuales".

En el año 2015, se extingue deuda por cobrar con la FJOR, con lo cual se deja de reconocer los intereses asociadas a esta deuda.

Todo lo anterior, sentencia el documento "lleva a un flujo de caja negativo del orden de $1.472 millones para el año 2016, es decir podemos financiar la institución con operaciones factoring hasta octubre del 2016 y para el año 2017-2019 con el bajo número de alumnos que ya tenemos y proyectado, se hace insostenible el financiamiento de la institución en el mediano plazo".

Además Giraudo Torres da la alerta en esa oportunidad de que "con la información financiera que estoy entregando, no estoy en condiciones de asegurar la acreditación de la institución, por la parte financiera dada los malos resultados del año 2015 y proyecciones futuras".

Frente a este escenario, se plantea una salida que no llegó a puerto: La Universidad Gabriela Mistral planteó aliarse como socio estratégico con la Universidad del Pacifico a cambio de la entrega del terreno de Ricardo Lyon N°1.177 a fines de 2016 a principios del año 2017. Además, Teodoro Rivera Rector y dueño la Universidad Autónoma, consultó por la venta de la Sede Las Condes. Ninguna de estas tratativas llegó a puerto.