A 53 días del plebiscito del próximo 4 de septiembre, y con el el avance de las posturas “para reformar” que han ido permeando en las colectividades de la centroizquierda, desde Apruebo Dignidad han visto con distancia este discurso. El timonel comunista, Guillermo Teillier, ha planteado en más de una ocasión que no es conveniente abrir ese debate ahora, en medio de la campaña por el Apruebo. “No estamos preocupados de eso en este momento, estamos preocupados de avanzar con el Apruebo. Cualquier modificación a la Constitución tiene que ser desde la nueva y después de aprobar, no antes”, ha señalado.

Sin embargo, en el Frente Amplio -particularmente en sectores de Revolución Democrática (RD)- ha ido asomando una idea: iniciar conversaciones para un acuerdo político amplio en el Parlamento -sumando incluso a la Democracia Cristiana y a la oposición- para la implementación de la nueva Constitución. Esto con el objetivo de dar “certezas” a sus aliados en el mismo oficialismo.

La propuesta de algunos parlamentarios de dicha colectividad -entre los que estaría la diputada y extimonel de RD, Catalina Pérez- apunta a dar un giro en la discusión constitucional, centrándose en “afirmar” aquellos puntos problemáticos o cabos abiertos que dejó el texto constitucional, como el derecho a la interrupción del embarazo, materia que debería regularse mediante la ley. Esto, eso sí, poniendo el foco en no hacer reformas a la propuesta constitucional -como plantea el PPD- sino que solo priorizando las adecuaciones legales que se deben hacer para la puesta en marcha del texto.

En algunos sectores del Socialismo Democrático -principalmente en el PS, donde su timonel, Paulina Vodanovic no ha estado proclive a decantarse por una postura “más reformista” del Apruebo-, también hay atisbos de esta idea. Así lo plasmó hace algunos días el diputado Tomás de Rementería en una columna en La Tercera.

“El nuevo texto abre espacio a la política, al debate democrático y a la construcción de consensos en el foro por excelencia del debate cívico y republicano: el Congreso. Aprobar para implementar es el valor del texto ofrecido. Es la apertura de un escenario de construcción común, un proceso de democracia continua para darnos el ordenamiento constitucional que nos merecemos”, señaló el parlamentario.

En privado, desde estos sectores admiten que la nueva Constitución no está “escrita” en piedra, que no hay un cierre a las reformas del nuevo texto y que varios de los artículos que “hacen ruido” es porque aún resta “implementarlos”. Es decir, dar una bajada concreta al enunciado constitucional.

Eso sí, la discusión sobre grandes reformas, no incomoda en este sector siempre y cuando sea posterior al 4 de septiembre. De todas formas, se está formando un grupo de militantes PS e Independientes (académicos y políticos) con el objetivo de revisar qué normas se podrían cambiar.

La idea que surgió en la colectividad encabezada por el senador Juan Ignacio Latorre se ha abierto de manera incipiente e informal con algunos parlamentarios de Convergencia Social.

La idea de RD, en todo caso, no es algo completamente nuevo. En teoría, se remite a lo planteado por la Segpres en su propuesta de normas transitorias que presentó a la Convención Constitucional, la cual no fue aprobada por el pleno, quedando fuera del nuevo texto constitucional.

En el primer pleno de la comisión de Normas Transitorias, desarrollado el 2 de junio, la Convención rechazó el artículo que planteaba la creación de una comisión para la implementación de la nueva Constitución al mes siguiente de la entrada en vigencia del texto, una medida que fue incluida dentro de las propuestas que hizo la Segpres referidas a la transición de la Constitución vigente a la nueva, en caso de que gane el Apruebo.

En esa ocasión, el Frente Amplio en general votó a favor, incluidos los convencionales que tuvieron mayor contacto con el Ejecutivo, como lo fueron Jaime Bassa, Constanza Schonahut y Beatriz Sánchez.

Pese a que la norma fue rechazada, en el segundo pleno de Normas Transitorias, realizado el 14 de junio, se aprobó que sí existiría una comisión de transición ecológica dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, encargada de diseñar propuestas de legislación y adecuación normativa en la materia.

También existiría, en caso de ganar el Apruebo, una comisión territorial indígena, que tendría la tarea de determinar catastros, elaborar planes, políticas y propuestas de acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas para la regularización y restitución de tierras.

Aunque no se especifica quiénes las integrarían, el informe detalla que la disposición transitoria que mandataría la creación de la “Comisión de Implementación” debiese cumplir con el principio de paridad, representar a las regiones y los pueblos originarios, como también incluir a expertos y a distintos sectores de la sociedad civil. Además, se aclara que las personas que la integren serían nombradas por el Ejecutivo, en base a los mecanismos y requisitos que la Constitución disponga.

Así, en RD algunos dicen que debe ser el Congreso la entidad que tenga un rol político en la implementación y propicie un acuerdo político para ello.

En La Moneda consideran que es crucial que se conforme una comisión de implementación de la propuesta constitucional en caso de que gane el Apruebo. De hecho, recalcan que fue el propio ministro Giorgio Jackson quien impulsó la medida.

Para el gobierno habría sido ideal que la propia constituyente les diera un mandato con reglas claras, para evitar la discresionalidad respecto de su composición y atribuciones. Pese a eso, las mismas fuentes afirman que el espacio debe ser transversal y dar garantías a todos los sectores políticos.

“El gobierno en ningún caso va a realizar una implementación sin formar alguna comisión que apoye y siga el proceso”, sostienen en Palacio.

De todas formas, las mismas fuentes recalcan que la instancia debiese ser más técnica y ejecutiva sin perjuicio de que de ese debate puedan surgir propuestas de modificaciones o adecuaciones al texto constitucional. Ahora, una cosa distinta, recalcan en La Moneda son los acuerdos políticos que puedan fraguarse en la lógica de “aprobar para reformar”, los que deberían pasar, a juicio del gobierno, por una instancia ajena al proceso de implementación.

Hasta ahora, el Presidente Gabriel Boric no se ha abierto públicamente a anticipar ciertos acuerdos previos al plebiscito. Sin embargo, está consciente de que se tiene que dar garantías y claridades a la ciudadanía y a todos los sectores políticos -en caso de que gane el Apruebo- de las modificaciones que se podrían impulsar.

Él mismo ha dicho que está dispuesto a liderar esos diálogos transversales para arribar a una Constitución que “una a los chilenos y chilenas”.

No es un secreto en el oficialismo que para el Ejecutivo ha sido complejo abordar el cómo enfrentar el proceso constituyente y la campaña del plebiscito. Por lo mismo, el propio Presidente Gabriel Boric ha tenido matices en sus declaraciones. Primero, señalando que solo hay dos opciones: Apruebo y Rechazo, mientras que, posteriormente, mostró disposición a hacer los cambios correspondientes -sea cual sea la opción que gane- pero después del plebiscito.

En el gobierno, en todo caso, hay un sector que está convencido que instalar anticipadamente el debate sobre reformar la nueva Constitución solo podría terminar favoreciendo que se rechace la propuesta emanada de la Convención Constitucional.