¿Un autogol del Presidente? Indulto a presos del estallido complica acuerdo de seguridad a horas de terminar el año

“Horizonte: llegar a acuerdo antes de fin de año”.

Este era el plazo que, el 21 de noviembre, se autoimpuso el gobierno durante la primera sesión del Compromiso Transversal por la Seguridad. En esta se planteó una hoja de ruta, liderada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, para lograr poner de acuerdo a todos los partidos políticos en una serie de temas que permitan avanzar en prevención, sanción y persecución de los delitos. Pero hoy, a 48 horas de que termine el año, el panorama es incierto.

Aunque en el Ejecutivo están empeñados en que se alcance un entendimiento antes de fin de año -fijando dos reuniones diarias con los representantes de los partidos-, entre los integrantes de la instancia no hay un consenso en terminar todo antes del 2023. Los motivos son varios.

Por el lado de la oposición, los puntos que dificultan un entendimiento final son los límites a la aplicación de la Ley Naín (norma que restringe derechos penitenciarios a condenados por agredir policías); la aplicación del estado de excepción en la Macrozona Norte, y la extensión de la carrera policial de Carabineros.

Sin embargo, un tema surgió en la última cita: la aplicación de un indulto a los presos del estallido social, cuestión que el Presidente Gabriel Boric ha estado estudiando desde que se instaló en La Moneda, y que estuvo a un paso de anunciar la semana pasada, antes de la Navidad. Los graves incendios en Viña del Mar dejaron el anuncio en stand by, lo que provocó un fuerte llamado público de la senadora Fabiola Campillai, quien este martes se reunió con Tohá precisamente por este tema.

“Eso lo estamos trabajando en conjunto con las familias y prefiero ser cauto en estas cosas, pero hay un trabajo en curso (...) Yo me he reunido permanentemente con la senadora Campillai y no tengo ningún problema en volver a hacerlo”, dijo ayer el Presidente Boric en Vía X.

Sus palabras no dejaron conforme a la oposición, menos al representante de la UDI en la mesa de seguridad. “Acá se enredaron ellos, porque por un lado estamos hablando de seguridad y de aplicar normas contra quienes cometen delitos, pero por otro, el Presidente tiene la intención de indultar a quienes delinquieron en octubre del 2019. No tiene sentido y puede complicar el acuerdo, al menos en la UDI esa es nuestra postura”, sostuvo Henry Leal, quien este jueves le planteó el mismo punto a Tohá.

El parlamentario agregó que “el gobierno está proponiendo que la Ley Naín aplique solo cuando se trata de condenados por homicidios y lesiones graves, gravísimas. Eso es dejar esta norma en letra muerta, porque esos delitos ya restringen beneficios penitenciarios. Actualmente esta ley aplica para el maltrato de obra y delitos de mediana gravedad”.

El diputado de Republicanos Cristián Araya también abordó el tema en la cita: “Es medio esquizofrénica la situación de liberar presos del estallido, lo que demuestra que no hay peor error que hacer las cosas aceleradas”.

Por su parte, el senador RN Manuel José Ossandón -a quien Tohá trató como el “niño símbolo de las negociaciones” luego de que se le quedara prendido el micrófono durante la reunión- ha empujado la aplicación del estado de excepción en la Macrozona Norte como un tema fundamental para la concreción del acuerdo. En esto, el gobierno se ha mostrado abierto a ceder, pero no sería suficiente para el parlamentario. “Está el tema de los indultos, pero otros temas que no se hacen cargo de los problemas en la calle”, dijo.

En el caso de los indultos, en la cita de este jueves Ossandón advirtió que podría conservarlo, siempre y cuando aplique, además, para efectivos de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

El senador Ossandón y el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) agregan que otro punto de discordia es el tema de extender la carrera policial de Carabineros. “No sabemos cuántos años serán extendidos. Pasa que presentan titulares, pero no entregan detalles de cómo se llevarán a cabo estas iniciativas, entonces, se quiere firmar algo porque sí, nosotros no estamos para vender humo”, indica Guzmán.

En los partidos de gobierno tampoco hay un convencimiento cabal de cerrar un acuerdo a toda costa. Si en el Frente Amplio quieren que se incluya en la nueva Ley de Armas un apartado que garantice el “desarme total de la población civil”, en el PC, por ejemplo, no miran con buenos ojos que en el acuerdo se fijen los cambios de la Ley Antiterrorista.

La más dura en defender la posición del Frente Amplio fue la diputada RD Maite Orsini, quien se ha mostrado disconforme -relatan testigos de las citas- con, por ejemplo, la idea del gobierno de extender la flagrancia en el delito de robo de vehículos. Esta iniciativa fue presentada el miércoles a los partidos por parte de la ministra Tohá.

Luego de que la titular de Interior presentara la idea, Orsini le retrucó: “El problema de las personas que roban vehículos es una norma que no soluciona nada. A mí me parece poco honesto y yo, personalmente, no presentaría una ley en ese sentido, porque me parece poco honesto con la ciudadanía”.

“Estamos trabajando intensamente para tener una propuesta concreta mañana viernes. Ese es el desafío que tenemos y estamos bastante avanzados”, dice la diputada PC Alejandra Placencia. “Más que nudos, hay una actitud constante de la derecha de buscar excusas para tensionar el acuerdo; cada semana hay un tema nuevo que es un intransable. No creo que sea sano poner los intereses políticos, e incluso partidistas, por sobre el interés de la ciudadanía, que quiere que lleguemos a un acuerdo en un tema tan importante como es la seguridad”, agregó.

Aunque a inicios de esta semana en Interior daban por hecho que el acuerdo se lograría cerrar antes de fin de año, durante las últimas horas la sensación es otra. Lo que se quiere concretar es, al menos, un consenso en que hay que abordar ciertos temas, pero que por un tema de tiempo los representantes de los partidos no alcanzan a hablar con sus bancadas y ponerse de acuerdo antes de fin de año.

Con eso asumido, en La Moneda preparan un acto para el martes a las 7 am, donde se reunirán los integrantes de la mesa para conversar sobre las opiniones de sus bancadas y exponer los puntos generales del acuerdo. Tras eso, en el ministerio del Interior esperan poder dirigirse al Congreso para firmar el compromiso, que, hasta ahora, será sin fotos ni abrazos.