Con cierto voluntarismo -reconoció el Mandatario ayer en entrevista con Time- ha abordado su gobierno el conflicto en la Macrozona Sur tras asumir en La Moneda. Uno de los episodios más claros de aquello -reconocen en el oficialismo- fue el viaje que hizo el 15 de marzo la ministra del Interior, Izkia Siches, a la comunidad de Temucuicui, en La Araucanía.

A solo cuatro días de asumir en Palacio, la intención de dar un golpe de efecto y dar cuenta de la nueva aproximación al conflicto mapuche que buscaba impulsar el gobierno, quedó en entredicho cuando la secretaria de Estado fue repelida con disparos al aire al intentar ingresar a una de las comunidades más complejas de la zona.

El hito fue el primero de una serie de polémicas que acumula la primus interpares del gabinete, como le gusta llamarla al Presidente Boric, abriendo una verdadera crisis política en La Moneda a solo días de que el jefe de Estado asumiera en el cargo.

El episodio más grave que se recuerda en el gobierno -en todo caso- es otro: cuando la ministra entregó información que resultó ser falsa a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Ahí, Siches acusó a la administración anterior de encubrir el retorno de un avión con migrantes expulsados, lo que calificó como una “chambonada”.

Las explicaciones de que había sido mal informada no evitaron que el Mandatario la llamara al orden y le pidiera mayor prolijidad en cuestiones tan delicadas. Por lo mismo, la ministra se vio forzada a reconfigurar sus equipos, sacando a su mano derecha de la jefatura de su gabinete, Roberto Estay, y convocando a figuras con nexos en los partidos políticos oficialistas.

Uno de los últimos impasses protagonizados por Siches se dio cuando el pasado 29 de julio, cuando en una nueva renovación del estado de excepción constitucional para el sur, la ministra acusó a los parlamentarios de haberse “pegado en la cabeza” al no recordar que los problemas de violencia y delincuencia no partieron con este gobierno.

El hecho terminó con las disculpas de la secretaria de Estado a los parlamentarios y con el ministro Giorgio Jackson (Segpres), quien se encontraba con ella en la testera, evidentemente incómodo.

A eso se suman los últimos dichos de la secretaria de Estado sobre la autonomía de Carabineros, donde acusó un error de interpretación sobre sus dichos. “En la actualidad, Carabineros es una entidad autónoma, y lo que esperamos es avanzar a mayor poder civil por sobre las policías”, dijo inicialmente.

Al día siguiente remarcó que “la realidad es que evidentemente existe una excesiva autonomía de las policías y es un diagnóstico bastante transversal de los expertos”.

Fue el Presidente Gabriel Boric, quien como ha ocurrido antes cuando se trata de Siches, cerró la polémica: “No me cabe ninguna duda que, en el marco de la presión y exposición permanente que existe, cometió una equivocación que no trato de justificar, pero no creo que ella crea que efectivamente es autónoma (la institución) (...) ¿Errores de esos hay? Sí. ¿Son indeseables? Sí. ¿Tiene que corregirlos? También”, indicó el Jefe de Estado.

La conversación que tuvo en la plataforma de Twitch -el pasado 3 de agosto- es uno de los hitos que, remarcan en el oficialismo, le abrió una grieta insalvable al ministro Jackson con el Socialismo Democrático y profundizó la animadversión de sectores, particularmente, del Senado hacia su figura.

En la exConcertación resintieron que la mano derecha del Presidente Boric asegurara que “nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista del gobierno anterior, sino que creo que frente a una generación que nos antecedió”.

Sus dichos daban cuenta -según interpretaron en la centroizquierda- de que la tesis del “reemplazo” con la que irrumpió el Frente Amplio sigue más viva que nunca en el corazón del gobierno del Jefe de Estado, pese a que hoy partidos como el PPD, el PS y el PR hoy forman parte de su administración.

En esa oportunidad, en el Congreso hicieron fila para criticarlo, la exConcertación le cuestionó su “superioridad moral” y el ministro tuvo que retractarse y ofrecer disculpas. Los mismos partidarios del gobierno advierten que el ministro “no puede ser interlocutor” para un acuerdo político de reformas a la nueva Constitución gane el Apruebo o Rechazo y es por lo mismo que su salida de la Segpres está hoy sobre la mesa.

La tensión con los senadores socialistas ha sido otro de los factores que lo han mantenido en el centro de varias polémicas. En esa colectividad lo han acusado de ser el ideólogo del fin del Senado y de no interceder ante sus convencionales para moderar el texto constitucional que la Convención propuso al país y que será plebiscitado este domingo.

Otro episodio que -reconocen en La Moneda- le hizo dar varias explicaciones fue cuando, antes de asumir, en sus vacaciones en Uruguay, Jackson dio una entrevista asegurando que el destino del programa de gobierno dependía, en parte, de que se aprobara la nueva Constitución.

Es una de las ministras que se encuentra mal evaluada en La Moneda. Las polémicas que ha enfrentado la ministra de Salud, Begoña Yarza, no son menores y han dejado al gobierno dando explicaciones en más de una oportunidad durante estos primeros seis meses de gestión.

Las críticas por el manejo de la pandemia y los cambios al Plan Paso a Paso fueron blanco de los primeros traspié de la secretaria de Estado. Pero algo que no le perdonan en el oficialismo y tampoco en sectores del gobierno es la polémica querella por presuntas torturas y tratos crueles que presentó en contra del Hospital Psiquiátrico de Valparaíso y que terminó con el Colmed pasándola a la Comisión de Ética del gremio. Por esos días, tanto en La Moneda como en el Ministerio reconocían que la secretaria de Estado había cometido un error grave.

Lo mismo ocurrió cuando anunció el adelantamiento de las vacaciones de invierno por la alta ocupación de camas pediátricas sin consultar con otros ministerios como el de la Mujer -liderado por Antonia Orellana- el impacto que la medida podría tener en las mujeres y cuidadoras. En esa oportunidad, el propio Presidente llamó a su cartera a una mayor coordinación y la controversia incluso terminó con una interpelación en su contra de parte de la Cámara de Diputados.

La ministra de Justicia, Marcela Ríos, tampoco ha tenido una gestión fácil. Fue a poco tiempo de asumir cuando la secretaria de Estado protagonizó un polémico episodio al ser consultada sobre si Celestino Córdoba, condenado por el crimen del matrimonio de Wener Luchsinger y Vivianne Mackay, era para ella un preso político.

A inicio de mayo, la militante de Convergencia Social fue duramente criticada tras evitar calificar al machi, cuando advirtió que “el indulto a los presos de la revuelta es un compromiso, una prioridad”.

“No me compete pronunciarme respecto de las calificaciones especifica que tengan los casos”, dijo al responder sobre la situación procesal de Córdoba.

En ese momento, en el gobierno y particularmente en la Secom su respuesta fue mal evaluada. De hecho, esa misma noche la ministra sacó un tuit explicando sus dichos. Lo mismo haría al día siguiente en el Congreso, donde sostuvo que “quisiera aclarar respecto del caso de Celestino Córdoba, tanto para este ministerio como para esta ministra se trata de un preso común, condenado por homicidio”.

Pero el caso del traslado de presos mapuches reclusos en Angol, es quizás una de las polémicas que más complica a la secretaria de Estado. De hecho, la oposición prepara una acusación constitucional en su contra luego de que se conociera que el director de Gendarmería de La Araucanía, Juan Navarrete, se reunió a puertas cerradas con el lonco de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul.

Tras esa cita, según se conoció, se habría producido el traslado de dos internos al centro de trabajo CET y otro al Hospital de Angol. El encuentro se dio justamente luego de que el grupo radicalizado se adjudicara un ataque incendiario y amenazara al alcaide del penal, pidiendo justamente el traslado de los que denominan como presos políticos mapuche. La respuesta inicial de Ríos fue la de desmarcarse del hecho, asegurando que correspondía a las prerrogativas de Gendarmería, lo que le abrió un flanco.

Otro episodio controvertido que ha marcado su gestión, recuerdan en el oficialismo, es la entrevista que dio a La Segunda denunciando malos tratos por parte de sectores del Senado, generando molestia de varios parlamentarios. “Si usted fue maltratada por algún senador, identifíquelo (...), mientras no recibamos una disculpa pública me opondré a que entren los asesores de la ministra a la sesión”, advirtió por esos días el senador Pedro Araya (PPD).

El 2 de agosto el ministro de Economía, Nicolás Grau, emitió una frase de la que se arrepentiría por varios días. “Las pymes, a diferencia de las personas, la inflación les trae costos y beneficios”, dijo en conversación con Radio Duna.

Sus palabras, en medio del complejo escenario económico que enfrenta el país, provocaron una ola de críticas tanto del mundo político como empresarial.

Así, el ministro terminó retractándose de sus dichos. “Dada la interpretación que se ha generado a partir de esta frase, es que yo tengo muy claro que las pymes lo han pasado muy mal (...), probablemente la palabra beneficio fue una muy mala utilización y eso probablemente generó la confusión”, reconoció el mismo día.

La ministra de Minería, Marcela Hernando, tampoco es la excepción. Su actuar, tras el anuncio del cierre de la fundición Ventanas, molestó a La Moneda. Tras reunirse con Boric y el presidente del directorio, Máximo Pacheco, la otrora diputada advirtió que “nos habría gustado saber con anticipación” de la medida que en las horas previas el Mandatario había anunciado desde Palacio.

“Lamentablemente hay cosas que no dependen de nosotros. Las decisiones de un directorio, de una empresa que es autónoma es bien complejo saberlas por adelantado. Uno puede estimarlas. Pero no necesariamente conocerlas. Nos habría gustado saber con anticipación y poder iniciar ese diálogo (con los trabajadores) antes”, sostuvo la titular de la cartera en esa oportunidad, agregando que el mismo viernes, solo un par de horas antes de que el gobierno comunicará la decisión de Codelco de cerrar ventanas, se enteraron de la determinación.