“Un relato vacío”: CDE contesta demanda de Javiera Blanco y rechaza pago de millonaria indemnización

“Voy a dar la pelea y buscaré reparación”. De esta manera, el 30 de septiembre del 2022, Javiera Blanco confirmaba a La Tercera que estaba decidida en emprender una batalla judicial en contra del Consejo de Defensa del Estado (CDE), institución de la cual formó parte entre 2017 y 2018, tras ser nombrada como consejera por la expresidenta Michella Bachelet.

De la entidad encargada de resguardar los intereses del Fisco salió de forma anticipada, luego de que el Ministerio Público la citara a declarar en la denominada arista gastos reservados del denominado caso “Fraude en Carabineros”. Blanco fue formalizada y luego sobreseída del delito de malversación que se le imputaba, lo cual activó en la exministra de Justicia la necesidad de buscar una compensación económica por perjuicios.

Por lo mismo, interpuso una demanda en contra del CDE por presiones indebidas por parte de quien presidió el Consejo en 2018, María Teresa Manaud. “La animosidad de la entonces presidenta y jefa superior del servicio hacia mi representada la llevaron, además, a desplegar conductas abiertamente abusivas”, alegó su defensa ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago.

Blanco, además, pide una indemnización de más de $ 387 millones, dado que como los cargos de los consejeros del CDE son hasta los 75 años, se tomaron en cuenta todos los periodos que le restaron para alcanzar esa edad. La exministra expuso que si no era sometida a esa “animosidad y abuso” no hubiera renunciado a su cargo.

Así se inició una causa civil que -sin duda- será de largo aliento y que ahora sumó un nuevo elemento: la versión del CDE, donde la entidad desestimó las imputaciones hechas por Blanco, rechazó el pago de la millonaria indemnización y descartó que las acciones de Manaud fueran intimidatorias.

El CDE contestó en 35 páginas, donde hace un breve resumen de la demanda para luego descartar punto por punto, lo que -a su juicio- hace improcedente esta acción de carácter civil, pues, según se lee en el documento, nunca se le forzó a renunciar, sino que se le hizo ver, a través de una carta no pública, “la inconveniencia para el servicio que una consejera fuese imputada en una investigación penal sobre corrupción”.

En el documento, además, se expone que “la demandante adoptó una decisión personal y libre de renunciar al Consejo de Defensa del Estado, motivada ésta por el bien del servicio público y por la necesidad de abocarse por completo a su defensa penal en los procesos en que estaba siendo investigada por el Ministerio Público”.

En términos técnicos, además, el CDE explica al tribunal que Manaud no era superiora jerárquica de Blanco. “Los consejeros (...) no están situados bajo el presidente del Servicio, a diferencia de lo que ocurre con el resto del personal de la institución. Si bien el Consejo de Defensa del Estado está dirigido por un presidente, cargo que ejerce uno de los consejeros y que elige el Presidente de la República de entre los mismos, no existe entre ellos una situación de verticalidad, como sugiere la demandante”, dice.

Consultada la defensa de Javiera Blanco, su abogada, Paula Vial, sostuvo que “nosotros analizamos con cuidado y detalle todos los antecedentes para presentar la demanda y cada una de las afirmaciones que allí se hacen tiene sustento en acciones y evidencia. La contestación del CDE es formal y desconoce la forma en que los hechos realmente ocurrieron. El hostigamiento y la presión existieron y fue causa directa de su renuncia. El Consejo está tratando de dilatar y desviar, prueba de ello es que, incluso, fueron condenados en costas respecto de las excepciones que intentaron”.

En cuanto a las imputaciones de “presiones indebidas”, la institución, ahora presidida por Juan Peribonio, descarta estas acciones, pues “es implausible sostener que la demandante hubiese sido hostigada, maltratada o humillada por algún funcionario o ex funcionario del CDE mientras ejerció su cargo de consejera en este organismo. No se recibió denuncia alguna o reclamo de doña Javiera Blanco Suárez en el sentido de haber sido objeto de hostigamiento o alguna acción opresiva o coercitiva, ni nada que se le parezca”.

En ese sentido, en la contestación al tribunal expuso una entrevista del 13 de octubre del 2018 que otorgó la exministra. “Declaró a un medio de prensa que su paso por el CDE ‘ha sido muy bonita experiencia, muy buena’ y que ‘en el CDE ha habido un ambiente profesional grato’ y que su relación con los consejeros ‘era cordial’ ‘y muy profesional con todos’. Nadie que se siente hostilizado o ha sido objeto de algún acto de apremio realiza este tipo de declaraciones”, apuntan.

Además, en la contestación, el Consejo señala que “la demanda se construye sobre la dañada autoestima de la demandante quien reclama que el CDE y, en general la sociedad toda, no ha valorado adecuadamente todas sus capacidades. Pero esa es una aseveración cargada de subjetividad”.

El hecho de que Javiera Blanco fuera objeto de investigaciones judicial nunca fue una situación cómoda en el CDE y así se desliza en la contestación a la demanda.

En el escrito se toma como ejemplo una carta que la presidenta del CDE le envió a Blanco en octubre del 2018. Este documento fue considerado por la defensa de la exministra como un elemento que demostraba que sí fue presionada para concretar su renuncia.

Sin embargo, el Consejo matiza estas consideraciones, advirtiendo que “cabe recordar que al poco tiempo del nombramiento presidencial de doña Javiera Blanco Suárez para integrar el CDE, a través de distintos medios de comunicación se empezó a difundir la noticia de que existían investigaciones penales dirigidas por el Ministerio Público en su contra por hechos ocurridos durante el periodo en que ésta se había desempeñado como subsecretaria en Justicia y Carabineros”.

En la respuesta a la demanda de Blanco, la institución agrega: “En aquella época se daba a conocer profusamente en los medios periodísticos la posible vinculación que podía tener una consejera del CDE por irregularidades y fraudes mientras se desempeñó en distintas reparticiones públicas, junto con su citación a declarar en las respectivas investigaciones, lo que innegablemente incidía en la imagen institucional”.

Para el CDE, y según expone en el escrito, la acción de Blanco es “un relato vacío, en que sólo existen apreciaciones generales y abstractas que aporta poca explicación que permita determinar específicamente en qué consistirían los supuestos perjuicios extrapatrimoniales de la señora Blanco”.

Antes de cerrar la contestación, el CDE al desmenuzar cada una de las causas en las que se vio indagada la exministra de Justicia, hace una desafiante precisión: “En la causa por delito de malversación de fondos públicos en Carabineros (...), única causa en la que el CDE decidió querellarse, la demandante fue sobreseída por el tribunal de alzada porque concluyó que a la luz de los antecedentes reunidos, los hechos cometidos por ella –haberse apropiado entre enero de 2007 y febrero de 2010 de fondos públicos– constituirían el delito de hurto y no el de malversación, por lo que la acción para perseguir la responsabilidad penal de la encartada se había extinguido por la prescripción extintiva de un simple delito. Ello muestra que no es efectiva la aseveración de la demandante de que su sobreseimiento se habría decretado por su falta de participación en los hechos delictivos”.