Un segundo tiempo para la Convención Constitucional: vicepresidentes advierten necesidad de primera prórroga

Como algo que ya se da por hecho. Así ven en varios sectores de la Convención Constitucional la posibilidad de que el organismo deba ampliar el periodo de nueve meses que se estableció para su mandato.

La reforma constitucional que viabilizó el proceso fijó en ese periodo el tiempo que tendrá el órgano para discutir y redactar una nueva carta fundamental, dando la posibilidad de que este se prorrogue por tres meses adicionales. Y es esa la idea que ya se está instalando.

Si bien algunos califican la discusión como “prematura”, lo cierto es que varios convencionales reconocen que estos casi dos primeros meses de funcionamiento han dejado en evidencia que el plazo constitucional que se fijó para emanar un texto sería demasiado acotado.

Los factores que se analizan son diversos. Por un lado, en la Convención Constitucional resaltan que el proceso arrancó más lento de lo que se esperaba a propósito de las dificultades técnicas que marcaron su instalación. Por otro, subrayan lo desafiante que ha sido para las distintas comisiones canalizar la alta cantidad de audiencias públicas que se han solicitado en este periodo, las que ascienden a mil doscientas.

Asimismo, varios convencionales afirman que para garantizar una participación efectiva y que “nadie sienta que quedó fuera” del proceso, probablemente se requiera un tiempo que sobrepase a la fecha límite del 4 de abril de 2022.

Tan instalada está la idea, que incluso el lunes pasado el vicepresidente Jaime Bassa detalló un cronograma considerando un año para el plazo de trabajo de la Convención Constitucional y no los nueve meses iniciales.

“Nos quedan 45 semanas de trabajo, un año son 52 semanas y esta es la séptima semana de trabajo”, dijo el frenteamplista en la sesión de este lunes.

Y agregó: “con la propuesta de programación que tenemos en mente, el reglamento definitivo debiera estar aprobado el 10 de septiembre, las comisiones permanentes debieran constituirse la semana del lunes 13, probablemente debieran sesionar la semana del lunes 20 y la semana del 27 sería territorial. Eso significa que la primera semana de octubre nos deberíamos sentar a trabajar en el contenido de la nueva Constitución, cuando nos queden 41 semanas, Estamos contra el tiempo”.

Si bien el tema no se ha abordado de forma “institucional”, otros vicepresidentes de la mesa liderada por Elisa Loncón concuerdan en que probablemente se tendrá que solicitar una prórroga.

El vicepresidente Pedro Muñoz (Colectivo Socialista) afirma que “los plazos no están escritos sobre piedra y lo importante es escribir una nueva Constitución para Chile. Para eso tenemos como horizonte el plazo de 12 meses, ya no se está pensando en los nueve”. El convencional agrega que es una “urgencia”, en todo caso, que la Convención Constitucional trace una planificación estratégica, incorporando factores como la garantía de “participación popular amplia e inclusiva”.

Misma mirada tiene la convencional y vicepresidenta representante del pueblo Rapa Nui Tiare Aguilera, quien advierte que como parte de la Comisión de Consulta Indígena y Participación “me ha quedado claro que si queremos una participación efectiva y continuada es muy poco el tiempo. De todas maneras me inclino por solicitar el aumento del plazo en tres meses más”.

“Con todos los impedimentos que ha tenido la Convención para funcionar, los que han retrasado bastante el trabajo y dado que el plazo en sí ya es acotado si uno mira el derecho comparado, es necesario”, agrega.

Su par Lorena Céspedes (Independientes No Neutrales) sostiene que “tenemos claro que este es un trabajo muy grande y que estamos funcionando al máximo en los tiempos. Hay una apreciación de que es probable que en los nueve meses no se alcance a hacer todo el proceso y se tenga que usar la prórroga, pero todo esperamos que sea en ese año”.

Algunos convencionales han planteado incluso la necesidad de extender aún más ese plazo. Eso, sin embargo, requeriría una reforma constitucional que debería solicitarse al Congreso Nacional y, en todo caso, no genera consenso mayoritario por el costo que podría tener ante la ciudadanía que la Convención Constitucional alargue, más allá de los márgenes establecidos, su mandato.

El vicepresidente Rodrigo Rojas Vade (Lista del Pueblo) afirma que “todos sabemos que los plazos los tenemos súper encima, que son súper acotados. Pese a eso, estamos tratando de organizar el trabajo con la máxima celeridad posible para cumplir con esos plazos y ojalá dentro de los primeros nueve meses. Pese a eso, muchos acá en la Convención ya consideramos los tres meses extra”.

“Es difícil extenderlo más allá de un año, por el símbolo político que esto también representa, y si bien los plazos son acotados, creo que en este mes y algo que llevamos se ha visto que también podemos avanzar rápido. Sin duda uno de los desafíos mayores es lograr escuchar todas las audiencias públicas, tratando de involucrar lo más posible a la ciudadanía, pero también cumplir con la planificación. Se requiere lograr un equilibrio”, agrega.

El vicepresidente Rodrigo Álvarez (UDI), sin embargo, asegura que aún no es momento de evaluar una modificación de los plazos. “En mi opinión personal es muy pronto para hablar de una eventual prórroga (...). Yo trataría de proponer como objetivo el plazo inicial de nueve meses, la Constitución tiene una alternativa pero yo no trabajaría sobre ella sino que buscaría ahora hacer todos los esfuerzos por cumplir con los plazos, sobre todo, como una señal a la confianza de la ciudadanía”, sostiene.

“Los plazos son ajustados y creo que desde que se estableció la opción de prórroga de tres meses en la Constitución, se funciona bastante pensando en el año de funcionamiento, pero tanto con 9 o 12 meses es esencial la existencia de un buen cronograma que regule los plazos de funcionamiento de las comisiones temáticas una vez aprobado el Reglamento”, subraya su par Marcela Cubillos (UDI).