Un test que incomoda: las jugadas que barajan los diputados para impedir que se publiquen los resultados de examen de drogas

“Sufro de migraña” comenta el diputado Jaime Sáez (RD), uno de los parlamentarios que públicamente ha admitido consumir marihuana y que salió hoy sorteado -junto a otros 77 legisladores- para ser parte del primer grupo de autoridades que se someterán al test obligatorio de drogas que rige en la Cámara.

“Me gusta la marihuana. ¿Cuál es el problema con esto? No veo el inconveniente”, había dicho, en la revista Cáñamo a fines de julio, el mismo Sáez frente al debate que ya se había instalado producto del nuevo reglamento que obliga particularmente a los diputados (no a los senadores, pues es una normativa interna de la Cámara) a realizarse periódicamente estos exámenes.

Este mediodía la diputada Emilia Schneider (Comunes), quien también salió sorteada, también admitió su consumo de marihuana. “Me salió el premiado, en cierta forma. Pero estoy completamente disponible a hacerme el test. Y como lo he dicho muchas veces, esta es una medida que busca generar polémica, es un show, que en ningún caso combate los vínculos del narcotráfico con la política”, dijo la legisladora.

-¿Diputada, Ud. consume cannabis, por ejemplo? -se le consultó.

-Sí, como lo han señalado varios diputados, por razones recreacionales y medicinales, consumo marihuana y no hay ningún problema en decirlo -respondió Schneider.

La confesión pública para no seguir avalando lo que califican como una “estrategia de estigmatización” a los consumidores de cannabis, sin embargo, es solo uno de los caminos que han evaluado legisladores que consumen sustancias. También hay otras alternativas, distintas a lo que hicieron Sáez y Schneider, para tratar de que sus resultados no sean públicos.

En conversaciones de bancadas de la izquierda, donde existe un mirada más liberal respecto de la política de drogas, también se ha puesto sobre la mesa presentar un recurso de protección, ya que el test vulneraría derechos de materia de vida privada y de salud.

Esa estrategia ha sido deslizada por la diputada del partido en formación Acción Humanista, Ana María Gazmuri, activista por la cannabis, quien ha dicho que este examen obligatorio es inconstitucional.

En declaraciones a Radio Bío Bío, la diputada Marcela Riquelme (independiente Frente Amplio) señaló que está pensando en no realizarse el test de drogas tras ser sorteada. “Se ha infringido nuestra privacidad y principios esenciales”, sostuvo.

También hay una tercera opción, básicamente para los consumidores de marihuana. Dado que la cannabis tiene un uso terapéutico y medicinal, no todos están de acuerdo con judicializar este tema, camino que probablemente se materializaría a través de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El diputado Sáez comenta que, independiente de revelar su caso, en lo personal presentará certificado médico para acreditar que su consumo también tiene que ver con su tratamiento contra la migraña crónica y sus dificultades para dormir.

“Tengo que someterme al examen como cualquier otro diputado o diputada. No hay otra opción y seguiré el procedimiento. Tengo prescripción médica, se me ha ordenado un chequeo. Creo que no estoy faltando a la ética parlamentaria ni a la fe pública”, añade el legislador.

La diputada Schneider también dice que está evaluando presentar antecedentes médicos en su caso, al margen de que lo hay hecho público, pero prefirió mantener el detalle en reserva.

Según el reglamento, esta alternativa excluiría a los consumidores de sustancias permitidas medicinalmente (ya sea por un tratamiento contra el cáncer o cualquier enfermedad crónica hasta padecimientos de menor gravedad).

Así, antes de someterse al examen, pueden declarar el consumo de algún estupefaciente o psicotrópico y certificar su finalidad médica o terapéutica. Si el test arroja positivo de esa sustancia permitida, el caso de aquellos parlamentarios se ceñirá a la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes y sus resultados no serían públicos y se mantendrían en reserva.

No obstante, esta ventana solo aplicaría para la cannabis, que efectivamente tiene un uso medicinal, no así para otro tipo de drogas como la cocaína que tiene menos aceptación social y es difícil de certificar su uso para fines de salud, según explican en la Cámara.

El plazo que tienen los parlamentarios del primer grupo para hacerse el test es entre el 22 y 30 de agosto.