“¿Una forma de venganza o desquite?”: defensa de general (R) Cheyre pide a la Corte de Apelaciones inhabilitar a ministro que lo investiga

Un escrito de 10 páginas fue ingresado ante la Corte de Apelaciones de La Serena por la defensa del excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre. La acción judicial busca inhabilitar al ministro en visita Vicente Hormazábal, a quien acusa de falta de parcialidad en el caso que investiga la supuesta participación del general (R) en la violación a los derechos humanos en 1973.

La presentación de la defensa de Cheyre, encabezada por los abogados Jorge Bofill y Bárbara Yévenes, se origina luego de que el 8 de mayo ingresaran ante los tribunales una solicitud de sobreseimiento definitivo en favor del general del “Nunca más”. Esto, en la arista que lo investiga como autor de la presunta aplicación de tormentos a detenidos en el Regimiento Arica, el cual se ubica en La Serena, entre el 11 de septiembre y el 25 de noviembre de 1973.

A ese primer escrito el ministro Hormazábal no accedió y, según acusa la defensa de Cheyre, se tuvieron que enterar por la prensa que en lugar de resolver la solicitud, el magistrado decidió acusar al general (R), algo que los abogados consideran que no se ajusta a derecho. “¿Cómo es posible que se pueda anticipar desde ya que la etapa de plenario de una investigación que ha durado siete años concluya en menos de seis meses? ¿Es eso acaso un indicio de que la decisión del ministro en visita ya está tomada? ¿Qué garantía puede tener esta defensa de que la prueba que se rinda en la etapa de plenario tenga alguna incidencia en su decisión?”, dice parte del texto.

Lo anterior es parte de los planteamientos expresados por los cuales se solicita que Hormazábal sea inhabilitado en la causa, ya que -según sostienen- la resolución del magistrado en la cual rechazó el sobreseimiento no se hizo cargo de los argumentos expuesto por la defensa, lo que -aseguran- es una infracción al principio de inexcusabilidad. Además, argumentan que el ministro acusó al general (R) 43 días después del vencimiento del plazo para hacerlo, lo que, a su juicio, demuestra que Hormazábal “evitó intencionalmente pronunciarse respecto de nuestra petición”.

Según afirma la defensa de Cheyre en su requerimiento, los magistrados deben investigar y juzgar en el sistema procesal antiguo, como en este caso, algo que creen le ha faltado a Hormazábal. “Ha adoptado la forma de eludir pronunciarse sobre una solicitud de sobreseimiento definitivo, es decir, eludir expresar que ya tiene una opinión formada acerca de la supuesta responsabilidad penal” del general (R), por lo cual consideran que se debe inhabilitar.

“¿Qué es este procedimiento, entonces, una forma de venganza o desquite frente al procesado, de quien se sospecha su responsabilidad en dichas violaciones de los derechos de las víctimas?”. Esto es parte del escrito presentado por el abogado Bofill, quien sostiene que no cuestionan los hechos de violación a los derechos humanos, sino que la participación del exgeneral.

Es en ese contexto que plantean como “una paradoja” que en una causa que investiga la violación a los derechos humanos durante la dictadura se haga caso omiso a las garantías de los involucrados y no se revise una solicitud de sobreseimiento definitivo.

Jorge Bofill, abogado del general (R), explica a La Tercera PM que “para nuestra sorpresa, nos enteramos, a fines de junio, que el ministro había dictado acusación pasando a la etapa siguiente en esta causa. (...) O sea, el medio se enteró mucho antes que Juan Emilio Cheyre respecto de la acusación. Pero, además, teníamos que entender que la solicitud de sobreseimiento estaba tácticamente rechazada. O sea, él no se pronunció en el acto y teníamos que entender que rechazó el sobreseimiento porque dictó la acusación”.

A lo que agrega el defensor: “Nosotros hemos lidiado durante siete años en este proceso con un ministro que claramente nunca ha tenido ninguna disposición a escucharnos, más allá de que hemos tenido que forzar veintenas de diligencias para demostrarles qué es lo que realmente ocurrió en la época. Pero esto no lo habíamos visto nunca. O sea, que ni siquiera se dignara resolver respecto de un sobreseimiento. Entonces, acá hay claramente una situación”.

De esta manera será la Corte de Apelaciones de La Serena quien deberá resolver si inhabilita o no a Hormazábal. Esto, luego de que en primera instancia los abogados de Cheyre le solicitaran al propio ministro en visita que lo hiciera, petición a la que no accedió. Además de eso, el tribunal de alzada también debe resolver la apelación al rechazo de la solicitud de sobreseimiento.

El recurso presentado por los abogados del general del “Nunca más” sostiene que existen antecedentes para acreditar que no existió participación de Cheyre en los hechos de los cuales se le acusa.

En el proceso, que hasta ahora ya suma siete años de duración, la defensa de Cheyre afirma que han acreditado cómo funcionaba el Regimiento Arica en la Región de Coquimbo y la posición que tenía el general (R) dentro de la institución. Aquello, según los abogados, demostraría que existe una “imposibilidad fáctica y funcional” de que el excomandante en jefe del Ejército participó en los delitos que se le imputan.

Todos esos antecedentes, sostienen, forman parte del recurso que Hormazábal no revisó y por lo cual solicitan su remoción. “El ministro en visita extraordinaria ha dado muestras reiteradas de que su trabajo como investigador-inquisidor ha terminado por superar su función jurisdiccional”. Esto ha generado, a su juicio, que el magistrado incurra en una causa. Ha incurrido en haberse manifestado de cualquier forma su dictamen en algo aún pendiente, razón por la cual piden que se inhabilite.