Van siete anulaciones en un año: Corte Suprema invalida sentencias de consejos de guerra a contar de 1973

"En los procesos sustanciados conforme a las normas de los tribunales militares en tiempo de guerra a contar del año 1973, se desconocieron y vulneraron deliberada y sistemáticamente los derechos procesales y, en particular, el derecho de defensa de los enjuiciados".

Esta frase corresponde al fallo de la Segunda Sala de la Corte Suprema, emitido el 3 de octubre de 2016, que decidió anular la decisión del consejo de guerra en que se condenaron a 12 exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (Fach), compañeros del general Alberto Bachelet.

En esa oportunidad, la resolución estableció que las autoridades de la época instrumentalizaron "un estado de guerra para activar artificiosamente una competencia castrense indebida, pero además para con ningún control cometer en contra de la población delitos graves que el derecho internacional considera como de lesa humanidad".

La resolución del máximo tribunal ocurrió luego que en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fallara contra el Estado chileno en esta materia. Esto marcó un precedente a considerar a la hora de revisar nuevos casos similares.

La resolución sobre el consejo de guerra de la Fach, que fue caratulado 1-73 y que se resolvió tres años atrás, está teniendo repercusiones que hoy se están sintiendo al interior de la Sala Penal de la Corte Suprema. Esto, porque de manera silenciosa y sistemática el máximo tribunal ha ido anulando y dejando sin efecto sentencias dictadas por los consejos de guerra.

Mientras que en 2016 fue un caso y se registró una segunda invalidación en 2018, este año entre mayo y septiembre la Corte Suprema anuló siete sentencias de consejos de guerra, en que a los condenados "se les absuelve por haber sido comprobada satisfactoriamente su completa inocencia".

Así, a través de estos fallos, fueron beneficiadas cerca de 70 personas que habían sido sentenciadas por tribunales en Pisagua, Antofagasta y Concepción, entre otros.

El vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, explicó que "los consejos de guerra condenaron a determinadas personas y se ha producido todo un proceso de revisión de estas sentencias, a partir de unas cuestiones bien importantes. La primera es una sentencia de la CIDH, que precisamente declaró que en esos consejos de guerra, las declaraciones de los imputados y posteriormente condenados fueron obtenidas bajo tortura y que las otras pruebas aportadas no eran de calidad".

Cisternas relató que a raíz del fallo de la CIDH se "obligaba al Estado de Chile a tomar una posición, en el sentido de restablecer a estas personas en sus derechos. Por eso hubo un primer recurso de revisión (en 2016), a propósito de esa sentencia de la Corte Interamericana".

El juez añadió que "después de eso han venido otras solicitudes de revisión, a propósito de actuaciones de consejos de guerra en que se involucra, además, la situación de contexto general que vivió el país". En este sentido, el magistrado indicó que también ha servido la información obtenida a partir de los informes Rettig y Valech, en que se daba cuenta de actuaciones realizadas por estas instancias.

Respecto al mecanismo que ha realizado la Suprema para dejar sin efecto estas resoluciones, Cisternas indicó que el recurso de revisión "es muy excepcional, porque es destruir la cosa juzgada, que es como la catedral del derecho procesal. Entonces, para ir en contra de esa institución se necesita un conjunto de pruebas muy contundentes".

Por su parte el abogado de casos de derechos humanos, Nelson Caucoto, señaló que "hay que restituir el derecho en ese tema, porque mucha gente fue agredida y violentada con esos consejos de guerra".

Agregó: "Me parece que la Corte Suprema se ha puesto a fondo con el tema de la justicia respecto de estos tribunales, que fueron una parodia de justicia... Estamos restituyendo el imperio del derecho respecto a resoluciones que están al margen del debido proceso y las garantías judiciales".