Ambos sectores ya dejaron ver los primeros videos de la franja electoral para el plebiscito consitucional que se aproxima y algunos personeros ya han señalado que existen fake news en las piezas audiovisuales.

En uno de los videos de la franja de “Ciudadanos A Favor de Chile”, que reúne a Chile Vamos y el Partido Republicano, se exponen las cualidades que tendría la propuesta de nueva Constitución que redactó el Consejo.

Junto con destacar que se trataría de una Constitución por la seguridad, que combate la corrupción, la voz de dicha franja afirma que el texto de los consejeros “pone freno a la inmigración descontrolada”.

La frase resulta exagerada para los efectos y el alcance que tiene un texto constitucional. El comando utilizó una de las normas de la propuesta que establece que los migrantes en situación irregular serán expulsados “en el menor tiempo posible”. De ese artículo no se desprende el hecho de que el fenómeno de la migración será frenada.

Dicha cláusula debe leerse en armonía con la parte que establece que los procedimientos de expulsión deben realizarse “con pleno respeto de la dignidad humana, los derechos y garantías fundamentales y las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Chile”. Es decir, ante la notificación de un decreto de expulsión, la ejecución de la medida debe conciliarse con la garantía del debido proceso y la posibilidad de que el afectado pueda apelar en sede administrativa y judicial.

La exconsejeras UDI Carolina Navarrete considera que el texto del Consejo “tiene las herramientas necesarias” para controlar la migración. Esto, según argumenta la abogada, porque se “busca consagrar a nivel constitucional que las personas que ingresen ilegalmente a nuestro país deben ser expulsadas en el menor tiempo posible. Actualmente está en un reglamento de ley y al elevarlo a nivel constitucional, inmediatamente se coloca la obligación al gobierno de turno de que cuando exista esta migración desenfrenada pueda tomar todas las medidas necesarias para que esas personas sean reconducidas a su país”.

Sin embargo, la mención que hace el texto no modifica los procedimientos de expulsión, que están reglados en una ley y sus respectivos reglamentos, luego de la última reforma migratoria que hizo el expresidente Sebastián Piñera. El Consejo pretende que la cláusula sea más deferente con la expulsión y para tener un marco que permita mayor control, pero todo dependerá de qué interpretación hagan los tribunales sobre esta cláusula.

En la misma franja de la derecha, en una parte similar a la referencia a supuesto control de la migración irregular, se afirma que la propuesta de nueva Constitución es “un texto que encierra criminales”.

La afirmación también es exagerada respecto de los efectos que puede tener la regulación constitucional en la penalización de los delitos que tienen sanción de cárcel. Sobre todo porque el texto no contiene normas que hagan referencia a un aumento de los delitos de crimen. Lo que sí incluye, por ejemplo, es que se elevan los estándares para sancionar la corrupción, ya que se dejó la muerte cívica para las personas condenadas por delitos de corrupción.

Sobre la afirmación que realiza la franja del “A favor”, el excomisionado y vocero del comando contrario, Alexis Cortés (PC), asegura que “no le parece” dicha frase ya que “el art. 16.4.h establece un beneficio carcelario que permitirá la excarcelación de quienes acrediten una enfermedad terminal y no sean un peligro para la sociedad. Al mismo tiempo, disminuye el papel de los reglamentos en la persecución y sanción del delito en los artículos 16.8a y 16.9b”.

Sobre lo último, Cortés hace referencia a una interpretación realizada por algunos académicos, quienes plantean que la propuesta, al exigir que la conducta que se sancionará penalmente debe estar “precisa y expresamente” descrita en la ley, podría transformar en inconstitucional el reenvío que hacen algunas leyes penales en blanco a ciertos reglamentos, como la ley antidrogas. Sin embargo, el punto es materia de debate ya que hay otros abogados que consideran que los riesgos no son así.

Con una referencia visual a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), la franja de la derecha hace referencia a la seguridad social. Respecto de ese punto, la voz del video comenta que la democracia gana “cuando los políticos ya no pueden tocar los ahorros para nuestra pensión y los podemos dejar en herencia”.

La frase es verdadera ya que apunta implícitamente a la norma que establece que “cada persona tendrá propiedad sobre sus cotizaciones previsionales para la vejez y los ahorros generados por estas, y tendrá el derecho a elegir libremente la institución, estatal o privada, que los administre e invierta. En ningún caso podrán ser expropiados o apropiados por el Estado a través de mecanismo alguno”.

La franja de Chile Vamos y el Partido Republicano también menciona el derecho a la salud. En ese contexto, la voz que narra la franja afirma que se acabarán las esperas eternas. Pese a que no se frasea así, el comentario apunta a las listas de espera de salud, uno de los mayores problemas que aquejan a las prestaciones estatales en salud.

Sin embargo, la propuesta de nueva Constitución no hace ninguna referencia directa o indirecta a este tema, por lo tanto, atribuir dicho efecto al texto constitucional no es correcto.

Asimismo lo señala la exministra de Salud del primer gobierno de Michelle Bachelet, María Soledad Barría: “No es cierto porque no hace ninguna referencia a eso. No modifica el tema de las esperas”.

En la franja del “A favor”, pero en el espacio destinado al Partido de la Gente, una mujer asegura que “esta Constitución contempla la paridad de entrada, es decir, una misma cantidad de hombres y de mujeres para que postulen a los mismos cargos, pero no paridad de salida, porque tampoco se puede meter la mano a la urna”.

Sin embargo, la afirmación no es verdadera ya que la propuesta sí incluye una referencia a la paridad de salida. Lo hace con una norma transitoria y de una manera especial, ya que mandata al Congreso para que tramite una ley que cree un mecanismo de equilibrio de género en el Congreso.

Esto es lo que se conoce como paridad de salida, ya que implica crear una fórmula que permita que la sede legislativa tengo un equilibrio de género de 60%-40%. En caso de que eso no se logre de forma natural con los resultados de la elección parlamentaria, entonces se activa el mecanismo para modificar dichos resultados.

Según la exconsejera de RN Lorena Gallardo, el enunciado “es real, sin embargo quedó una norma transitoria que va a permitir una paridad de salida, pero solamente del 40-60 por los próximos dos periodos parlamentarios”. Su par Kinturay Melín (RD) cree que “respecto a la paridad de entrada es lo real”, pero que sobre la paridad de salida “no es del todo cierto, ya que habilitaron un mecanismo de corrección por género por dos periodos a través de una transitoria”.

Respecto de las materias que son falsas e imprecisas, desde el comando del “A favor” indicaron, sobre la alusión de que es un texto que encierra criminales, que “cuando se da defensa a las víctimas y no solo a los criminales, la posibilidad de que los criminales sean encarcelados aumenta sustancialmente, porque habrá quien priorice la protección de las personas”.

Sobre el tema migratorio, en tanto, añadieron que “la ley establecerá los casos, procedimientos, formas y condiciones del egreso o expulsión en el menor tiempo posible, según corresponda, de aquellos extranjeros que hayan ingresado al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados, así como de aquellos que hayan cumplido en Chile una pena de presidio efectivo por crímenes o simples delitos”.

En una de las franjas del pacto “Chile en contra”, que agrupa a todos los partidos de la alianza de gobierno, el video hace referencia a la norma que propone la exención del pago de contribuciones a la primera vivienda.

La narración de ese video plantea que con este texto las comunas tendrán menos presupuesto, “haciendo las áreas verdes, menos verdes, disminuyendo la seguridad, dejando las calles sin pavimentación o incluso generando más basura”.

Pese a que no lo especifican, la frase hace referencia a que las contribuciones son un impuesto territorial redistributivo, es decir, los ingresos de las comunas más ricas, que son las que pagan más, luego se redistribuye hacia las comunas más pobres. Los datos muestran que las contribuciones financian cerca del 58% del Fondo Común Municipal (FCM). Ese fondo son recursos que van a las municipalidades y que se suelen utilizar en gastos como aseo y ornato.

La aplicación de esta norma será automática a partir de 2026, “a razón de un 20% anual hasta su implementación total al quinto año”. Seis meses después de entrada en vigencia la nueva Constitución, el Ejecutivo deberá enviar un proyecto de ley para regular las excepciones de quienes sí deben pagar. Dicha excepción debe fundarse en el “alto avalúo fiscal de la vivienda principal y los ingresos del contribuyente y de su familia”.

Antes de los 12 meses desde que entre en vigencia la nueva Carta Fundamental, el Presidente deberá ingresar otro proyecto de ley para crear un mecanismo que compense los recursos que dejará de recibir el FCM.

La frase apuntaría a que mientras no exista dicho mecanismo que compense la merma de fondos del FCM, las comunas tendrán menos recursos. Pese a que la tramitación de dicha ley será un mandato constitucional, eso no asegura que el Congreso despache el tema debido a lo complejo que resulta conseguir mayorías para aprobar proyectos de ley.

Para el el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) Bernardo Lara la frase “sí es cierta, salvo que se presente un proyecto de ley y se apruebe. La única forma de que eso sea fake news es que si la Constitución dijera ‘esto va a regir solo cuando se apruebe la ley que compense a las municipalidades’, pero está claramente en riesgo de quedarse sin fondos la gran mayoría que depende de las contribuciones”.

Esta frase, dicha en una de las franjas del oficialismo, si bien se expresa como un deseo, hace referencia a que el texto del Consejo no protegería los ahorros previsionales. Sin embargo, la frase omite que el texto de los consejeros consagra especialmente la propiedad e inexpropiabilidad de los ahorros previsionales.

“Esa frase debería ir en nuestra franja. En la Constitución actual no hay nada de eso, en la Constitución actual sí el Estado se puede apropiar de tus ahorros. En la nuestra, en la Constitución nueva, son inexpropiables por el Estado y son heredables”, afirma el exconsejero Germán Becker (RN).

La franja del oficialismo recrea un detector de mentiras que es aplicado a “defensores del texto”. Ahí le preguntan a uno de ellos si es cierto que habrá menos políticos. “Correcto”, responde, mientras suena el detector de mentiras.

Aunque la franja del oficialismo lo contempla como falso, es cierto, ya que una de las normas transitorias establece la reducción de 155 diputados a 138. “La propuesta de demarcación de distritos que deberá efectuar el Consejo Directivo del Servicio Electoral a que se refiere la disposición transitoria anterior deberá considerar que la Cámara de Diputadas y Diputados sea integrada por un total de 138 diputados”, dice dicha disposición. De esa forma, con el nuevo texto habrá 17 diputados menos.

La franja del pacto Chile Vota en Contra, que agrupa al Partido Humanista y al Partido Igualdad, plantea esta duda, haciendo alusión a que el texto del Consejo pondría en riesgo, por ejemplo, la gratuidad en la educación superior.

Pese a que tanto la Comisión Experta como el Consejo rechazaron las normas que elevaban a rango constitucional la educación superior, eso no implica que la propuesta le diga adiós a esta política pública. Esto debido a que la ley de gratuidad que tramitó la expresidenta Michelle Bachelet seguirá vigente y no corre riesgos de que quede inconstitucional. Esto fue algo que se argumentó de esa forma durante el debate entre los comisionados y los consejeros.

En uno de los videos de la franja del oficialismo, se plantea que “haciendo el mismo trabajo un hombre gana más que una mujer”.

Frente a esto, Ivonne Mangelsdorff, exconsejera de RN, señala categóricamente que es “una falsedad absoluta”. Mangelsdorff argumenta que “el artículo 16, inciso 26, dice que no puede haber discriminación arbitraria entre un hombre y una mujer con el mismo empleador en el mismo trabajo. Entonces es absolutamente falso lo que dicen en la propaganda electoral. Está con rango constitucional que un hombre y una mujer no pueden tener diferencia de remuneración, ni ser discriminados en el trabajo por el mismo empleador en un empleo de igual valor”.

Sin embargo, su par de CS María Pardo indica que este deber ya está consagrado en el Código del Trabajo. “El texto cercenó la garantía de igualdad salarial que planteaba el anteproyecto, acotándolo solo al ámbito de la empresa. Esto implica que pasamos de un mandato constitucional que nos permitía avanzar hacia asegurar una efectiva igualdad de remuneraciones, a un mandato inefectivo, porque el Código del Trabajo (art. 62 bis) ya consagra este deber respecto de los empleadores. Por tanto, a fin de cuentas se estaría haciendo campaña con algo que ya está cumplido a nivel legal y que además sabemos que no funciona”.

Así lo confirman desde el comando por el “En contra”; ahí señalan que “hoy la brecha salarial entre hombres y mujeres es de 20%. El texto no garantiza la igualdad salarial entre hombres y mujeres, pues esa redacción, que venía del anteproyecto, se eliminó, siendo reemplazada por la proscripción de discriminación arbitraria en materia salarial, especialmente entre hombres y mujeres con el mismo empleador”.

En el anteproyecto se establece que “se garantiza la igualdad salarial por trabajo de igual valor, especialmente entre hombres y mujeres, de conformidad a la ley”. Frase que no se contempla en la norma que quedó en el texto final, en el cual se señala que “se proscribe la discriminación arbitraria en materia de retribución por trabajo de igual valor y con el mismo empleador, especialmente entre hombres y mujeres, de conformidad con la ley”.