Vicepresidenta de Milei le abre nuevo frente: busca reactivar causas judiciales contra actos de terrorismo de las guerrillas de izquierda en los 70

Para los argentinos interiorizados en la política nacional, difícilmente fue una sorpresa la explosiva declaración que catapultó a la primera plana a los Montoneros, a la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y a La Libertad Avanza. Pero de todos modos las palabras de la número dos del Ejecutivo de Javier Milei hicieron crujir la interna oficialista.

Fue este martes que Villarruel habló en el Senado durante un homenaje plural a las víctimas del terrorismo en el país vecino. De conocida afiliación a la “familia militar” de Argentina, así como por su búsqueda por el reconocimiento de “la memoria completa”, ha dicho en el pasado, la vicepresidenta agitó -o, más bien, golpeó- el avispero al anunciar que buscará reabrir “todas las causas de víctimas de terrorismo para que sea la justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años”.

Si bien hay más, la principal agrupación contra la que carga la vicepresidenta es la de los Montoneros, guerrilla peronista surgida en los 70 como respuesta a la dictadura que realizó distintos actos paramilitares. Entre ellos, destacó su primera intervención cuando, en mayo de 1970, un comando secuestró al exdictador Pedro Eugenio Aramburu -quien derrocó al gobierno de Juan Domingo Perón en 1955- para luego ejecutarlo. Hay diferencias en los cómputos, pero organizaciones como las que defiende Villarruel cifran entre 700 y 1.000 las víctimas fatales de grupos guerrilleros.

“Todos los montoneros tienen que estar presos respondiendo por ensangrentar nuestra nación”, añadió Villarruel al cierre del evento, causando una réplica de otro caso reciente vinculado a la última dictadura militar argentina. A principios de junio se generó una grave polémica en el espacio libertario luego de que un grupo de legisladores de La Libertad Avanza, el bloque político del presidente Javier Milei, asistiera al penal de Ezeiza a visitar represores condenados por distintos delitos de lesa humanidad. Entre ellos se encontraba Alfredo Astiz, uno de los militares más famosos por su papel en el terrorismo de Estado.

Con ese escándalo como contexto, Villarruel volvió a la carga, en lo que fue una declaración que su entorno califica como lógica. “Lo hace siempre porque es una reivindicación que viene llevando adelante hace muchos años”, dijeron en su círculo a Clarín. La propia vicepresidenta fundó décadas atrás, en 2006, la Asociación Civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), ente que confirmó la solicitud de reapertura de las causas. Es más, en su breve pero intenso discurso calificó el tema como “la lucha más importante” de su vida.

A la fecha, la justicia federal se ha negado a retomarlas por considerarlas prescritas. Esta “entendió que la represión ilegal de la dictadura militar se puede aún penalizar porque el Estado estuvo detrás, mientras que los grupos guerrilleros son entidades particulares”, explicó al respecto el citado periódico transandino.

En su intervención, Villarruel aseguró que quiere ver presos a los dirigentes de organizaciones guerrilleras de la década del 70, acusándolos de ser “los protegidos de Néstor y Cristina Kirchner”. “Argentina merece no ser un nido de impunidad y para eso hace falta que construyamos sobre los cimientos que se hacen con justicia”, siguió.

“Lo que hoy estamos haciendo acá era impensado hace 20 años. Que estemos homenajeando a las víctimas del terrorismo parecía algo imposible en un país cuando desde el Estado se ensalzaba, vanagloriaban y elevaban los crímenes atroces del terrorismo”, disparó luego.

El discurso de la vicepresidenta se dio en el marco del Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo, fecha instaurada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 2017. Especialmente en Argentina, país con una tradición ampliamente enraizada del “nunca más”, tanto por partidos peronistas como radicales, la fecha estaba asociada a la violencia de Estado ejecutada por los militares en el poder en las dictaduras militares. Esta vez tuvo un cariz distinto.

Por ejemplo, su primera oradora fue Claudia Rucci, directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado e hija de José Ignacio Rucci, el dirigente metalúrgico y exsecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) que fue asesinado por montoneros el 25 de septiembre de 1973, explicó La Nación.

Pero la postura de Villarruel no es una compartida por muchos en su sector, principalmente debido a la asociación que se hace con los violadores de derechos humanos del país vecino. Según el portal La Política Online (LPO), el acto pretendía estar enfocado en las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, y el reclamo de las organizaciones que abogan por judicializar a los grupos guerrilleros de los 70. Pero el acto “terminó convirtiéndose en una intervención política que incomodó a senadores aliados”, aseguró el medio especializado.

“Villarruel se pasó tres pueblos” al intentar desempolvar las causas ya juzgadas, dijeron fuentes parlamentarias aliadas a la vicepresidenta a LPO. “Atacó el kirchnerismo, atribuyéndole ‘la memoria más delincuente’ de la historia”, añadieron.

En la vereda contraria a la de Villarruel, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijo al diario Página/12 que, “al revés de lo que dijo Villarruel en el Senado, ningún gobierno democrático reivindicó la violencia política. Pero todos condenaron el terrorismo de Estado, algo que ella nunca hizo. Mientras, sigue sin contar qué le dijo (Jorge Rafael) Videla y qué piensa de la reunión con represores”.

“La vicepresidenta dice que las organizaciones armadas salieron impunes. No fue así: sus integrantes fueron torturados y tirados al mar. Se podrían haber hecho juicios, pero decidieron cometer los crímenes más terribles, de los que no dice una palabra”, aseveraron al periódico de tendencia izquierdista.

Ni siquiera en el círculo de Milei hay respaldo a la agenda que Villarruel impulsa desde los 28 años, dijo en su intervención. Según Clarín, la postura de la vicepresidenta “abre nuevamente diferencias con la posición que expresa Javier Milei”.

La distancia es tal, que solo semanas atrás estalló una polémica luego de que se difundiera una fotografía de legisladores de La Libertad Avanza junto a represores -término utilizado por la mayoría de los medios argentinos, independiente del tinte político al que se le asocie- en Ezeiza. Alfredo Astiz, dos veces condenado a prisión perpetua por crímenes cometidos en centros clandestinos de detención, estaba entre ellos.

La fotografía hizo estallar la interna oficialista, con posteriores filtraciones de chats para intentar desligarse de la invitación, y donde algunos acusaron ser invitados “sin saber” a lo que iban. Medios aseguraron que hubo gritos y quiebres políticos entre los asistentes tras el hecho. Entre los mensajes publicados quedó a la vista un presunto proyecto legislativo que busca el cumplimiento de las penas en los domicilios, en los casos de los represores de mayor edad.

Titulado como “Derecho a ser juzgado en un plazo razonable”, el proyecto buscaría que se fije en 25 años “el plazo máximo de duración de un proceso penal. Vencido el mismo, operará la extinción por insubsistencia de la acción”.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich -quien ha sido asociada en su juventud a una supuesta vinculación con los Montoneros, pese a que ella lo niega-, salió a desmarcarse del evento.

“Ya lo ha planteado el presidente Milei, no es nuestra agenda y no es decisión del gobierno”, dijo el lunes la ministra desde Rosario, y añadió que ella “no lo hubiera hecho”, refiriéndose a juntarse con condenados por violaciones a los derechos humanos. También negó haber efectuado gestiones para facilitar el ingreso de los parlamentarios a Ezeiza. “Me enteré por los diarios, no tuve comunicación de nadie sobre la visita”, aseguró.