¿Vuelven los vuelos de expulsión? Gobierno proyecta deportación de 2.600 migrantes en 14 meses

Conmoción e impacto generó durante la semana pasada el ataque con granada que dejó herida de gravedad a una funcionaria de Carabineros. El hecho se produjo el miércoles 15 de noviembre, en Club Hípico con calle Centenario, cuando funcionarios de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría intentaron fiscalizar a dos motoristas, quienes a sangre fría no dudaron en hacer uso del letal proyectil para zafar del control.

Si bien los sujetos no lograron su cometido e incluso uno de ellos fue abatido, la situación reflotó el debate sobre la protección a las policías y también el referente a la expulsión de migrantes que permanecen en situación irregular en el país. Esto último porque justamente ambos individuos, de nacionalidad venezolana, ingresaron a territorio nacional por pasos no habilitados. De hecho, uno de ellos ya había sido expulsado y volvió a ingresar de manera irregular.

El escenario, donde además se hicieron presente nuevos casos de secuestros vinculados a inmigrantes, como reconocen fuentes oficialistas, elevó la presiones contra del Ejecutivo, obligándolo a avanzar en nuevas medidas.

Por ejemplo, la bancada de Renovación Nacional pidió la expulsión, de acá a fin de año, de 12 mil extranjeros a quienes ya se les cursó una orden para que abandonen el país, aunque ante eso el gobierno puso freno inmediato. Como explicó el ministro titular de la Segpres, Álvaro Elizalde, aquello constituye una exigencia “desproporcionada” y “poco rigurosa”, pero con el correr de los días -como pudo constatar La Tercera- se ha afianzado un plan que permitiría concretar la expulsión de al menos 2.600 migrantes en los próximos 14 meses.

Por lo mismo, varios han sido los encuentros que ha sostenido el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con miras a avanzar en ese diseño, pero teniendo como punto de partida “metas aterrizadas”.

Ese, de hecho, fue el concepto que se repitió la mañana de este lunes en La Moneda. Primero, en la reunión que encabezó el Presidente Gabriel Boric, y donde además del subsecretario participaron la ministra Carolina Tohá, el jefe del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, y representantes de la Policía de Investigaciones (PDI), y también en la cita que Monsalve sostuvo con los presidentes de las comisiones de Seguridad, Relaciones Exteriores y Defensa de la Cámara de Diputados.

En ambas, como pudo conocer este medio, se remarcó que el gobierno materializará las expulsiones, que no se dejarán de lado, pero también que no se puede criminalizar a todos. Es por ello que determinaron diseñar un “perfil de riesgo”, porque si bien la prioridad es expulsar a quienes tienen antecedentes, también se pondrá atención en quienes, por ejemplo, integran el grupo de hombres de entre 18 y 40 años que han decidido no ser parte del proceso de empadronamiento biométrico.

Además, en los encuentros Monsalve también detalló las acciones que anunció para avanzar en mayor coordinación con Venezuela. Esto porque, como indicó este domingo, se pretende que dicho país pueda aceptar viajes de la FACh al territorio para concretar expulsiones, y también buscar fórmulas para acelerar el proceso de identificación de personas.

Desde el gobierno ya han clarificado que no es posible expulsar a 12 mil migrantes en lo que queda de este 2023, pero sí se ha definido que se podrá terminar el año con mil personas expulsadas. Eso quiere decir que en las próximas semanas deberían abandonar territorio nacional al menos 262 personas, ya que a la fecha se han materializado 738, 239 por orden administrativa y 499 por la vía judicial.

Para el próximo año, en tanto, se proyecta un presupuesto de $7.200 millones para que el Servicio de Migraciones ejecute expulsiones, lo que permitiría -según fuentes consultadas por este medio- la salida de alrededor de 2.400 migrantes más.

De esta forma es que se estima que en 14 meses se podrán materializar, por lo bajo, 2.600 expulsiones. Aunque las gestiones que comenzará a liderar Manuel Monsalve esperan tener como resultado el aumento de esas cifras, ya que la realización de vuelos FACh permitiría abaratar costos y así trasladar a un mayor volumen de personas.

No se podría superar, de todas maneras, las 3 mil personas expulsadas, según comentan desde el Ejecutivo.

Tras el encuentro con el subsecretario Monsalve, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Andrés Longton (RN), indicó: “El subsecretario Monsalve nos citó para contarnos que hay un plan precisamente para poder ejecutar esas expulsiones. Nosotros le planteamos que esto tiene que hacerse de manera eficiente y de manera rápida para poder combatir este flagelo que tiene que ver con los delitos importados”.

“Hay 12 mil expulsiones que están en el cajón del director de Migraciones para poder ejecutar, que están con las notificaciones listas. Entonces, el llamado que hace RN es que empiecen a hacer la pega”, agregó.

Por su parte, el diputado Tomás de Rementería agregó que “acá tenemos claro que vamos a expulsar personas. Va a ser una política sacar personas que han cometido delitos o que podrían llegar a cometerlos, por el perfil que hemos determinado. Vemos que hay un avance y vemos que la oposición se ha ido sumando. Creemos que se puede desarrollar el tema seria y ordenadamente”.

Luis Thayer, en tanto, insistió en que “la idea es seguir avanzando con el aumento de las expulsiones administrativas y seguir materializando las judiciales”. Y frente a la exigencia de RN, acotó: “Es una meta excesiva desde nuestro punto de vista, puesto que genera un costo de dos veces, por ejemplo, el presupuesto del Servicio Nacional de Migraciones y supondría incrementar en 10 veces, por ejemplo, las que se realizaron en el gobierno del expresidente Piñera”.