“Nos vamos con esa tarea”, dijo el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, al salir de la reunión con las bancadas oficialistas de senadores que se realizó el martes en la tarde para analizar el escenario pos-rechazo del “quinto retiro”, donde una de las principales coincidencias fue agilizar la reforma de pensiones y la agenda social.

Aunque había matices entre los senadores de Apruebo Dignidad y los del bloque PS-PPD sobre cómo reaccionar ante el fracaso del proyecto alternativo de un retiro acotado que presentó el Ejecutivo, el punto común fue exigirle a La Moneda que apurara el tranco en materia social.

El vacío que dejó el rechazo del “quinto retiro” -tanto de la reforma de los diputados como la propuesta del Ejecutivo- generó una presión desde varios flancos para La Moneda, que solo tiene en carpeta en el corto plazo el alza del salario mínimo, ya que los cambios estructurales en materia previsional o tributaria podrían demandar más tiempo.

Este miércoles, la jefa de bancada del PC, Karol Cariola -quien ya el martes le había pedido al gobierno apurar las reformas sociales- fue más específica y solicitó al Ejecutivo considerar “transferencias directas” (es decir, dinero que vaya al bolsillo de las personas). “Tenemos que buscar alternativas, de apoyo directo a la familias y adelantar las reformas... No podemos quedarnos de brazos cruzados con que suban los precios”, dijo.

El lunes, por su parte, los cinco senadores de la bancada DC, que pocas veces suelen aparecer juntos, presentaron una “Agenda para ordenar la casa”, que contenía propuestas en seis temas que debieran abordarse con “urgencia” por el gobierno: desarrollo humano (reforma previsional), conflictos (seguridad), mujer, descentralización, educación y economía.

“El gobierno tiene que ordenar la casa... Los precios de los bienes básicos suben, la inflación se desata y necesitamos una política pública, con una propuesta de gobierno, que se haga cargo de los problemas de la ciudadanía”, sostuvo la senadora Ximena Rincón, jefa del comité falangista.

El senador de RD, Juan Ignacio Latorre, tras la reunión con Jackson, expresó que en la bancada de Apruebo Dignidad (PC, Frente Amplio y Frevs) coincidían en que era difícil que el Ejecutivo insistiera con su proyecto de retiro acotado de dineros de la AFP, pero igualmente le exigieron que de alguna forma abordara los objetivos que buscaba esa iniciativa como regular el pago de pensiones alimenticias, las deudas morosas y las mejoras al seguro de cesantía. “Esos son los temas de fondo y que le pedimos al gobierno no abandonar”, dijo.

Las bancadas de diputados de la derecha (UDI, RN, Evópoli y Republicanos) también emplazaron al gobierno a abordar con urgencia la reforma previsional, reforzando el reproche por la falta de agenda.

El lunes, de hecho, el diputado Evópoli Francisco Undurraga cuestionó que dentro las primeras propuestas legislativas del gobierno estuviera un proyecto de retiro que se elaboró a última hora.

“Como el ministro Jackson no consiguió los votos para muchas cosas, le estamos diciendo: aquí están los votos (para una reforma previsional). Sentémonos a conversar. Es urgente y es ahora”, dijo este miércoles el jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri.

En tanto, el presidente de RN, Francisco Chahuán, anunció que ante la ausencia de propuestas del Ejecutivo impulsarán 12 iniciativas de RN en la Comisión de Salud del Senado, de la que forma parte y donde la derecha es mayoría. Además, agregó que la idea es extender el plan a otras instancias. “Vamos a reactivar nuestra agenda en todas las comisiones”, dijo.

Si bien la ausencia de una agenda legislativa en los primeros meses de un gobierno es habitual, hay factores que complejizan la situación de la actual administración.

En términos estadísticos, el Ejecutivo de Boric ha enviado 5 iniciativas legales (siete si se consideran las dos solicitudes de estado de emergencia para el norte, que, en todo caso, ya culminaron su plazo). Esas cinco propuestas están incluso dentro del promedio si se compara con iguales períodos.

La única excepción sobre la media es el gobierno de Patricio Aylwin que tiene el récord, pues ya había ingresado 12 mensajes al 20 de abril de 1990, entre ellos, varios relacionados con beneficios carcelarios y su histórica reforma tributaria.

Sin embargo, a la misma fecha, la administración de Eduardo Frei Ruiz-Tagle solo sumaba 5 proyectos propios. Ricardo Lagos no tenía ningún mensaje (ingresó su primer proyecto en mayo de 2000). Michelle Bachelet en su primer mandato contabilizaba 4. Sebastián Piñera en su primer gobierno, 6. Bachelet en su segundo gobierno, 8. Y Piñera, en su última administración, solo 2, lo que en su momento generó la polémica de una supuesta “sequía legislativa”, calificativo que le dio la oposición de la época.

El problema de Boric, sin embargo, no es estadístico. Al ser una coalición nueva, que debuta en el poder y que no se identifica particularmente con administraciones presidenciales pasadas, no tiene una agenda legislativa heredada, como fue el caso de Lagos, que dentro de su prioridades tenía la Ley de Divorcio, que venía incluso desde 1995 por una moción de diputados.

Al ser debutantes y tener un signo político distinto, en ese sentido, se restringe el número de iniciativas pasadas que el gobierno podría hacer propias. Una de ellas era la Ley de Amnistía para los “presos del estallido social”, al que le pusieron discusión inmediata, pero que hoy ya no es parte de las prioridades gubernamentales. De hecho, el martes, el gobierno le retiró la discusión inmediata (seis días de plazo para votarse) y le dio carácter de “suma urgencia” (15 días, plazo que vence en mayo).

Además, las agendas de Lagos, Bachelet y Piñera tenían un fuerte componente de reformas o ajustes institucionales y electorales, que alcanzaban a la misma Constitución. No obstante, el trabajo que está realizando la Convención Constitucional para redactar una nueva Carta Fundamental, sin una intervención directa del Ejecutivo, ha inhibido que La Moneda impulse transformaciones políticas.

La ausencia de proyectos gubernamentales, ya sea de elaboración propia o patrocinadas a través de urgencias, también se está evidenciando en la menor recarga de trabajo de las comisiones de Hacienda y Constitución, que habitualmente están sobreexigidas y suelen sesionar hasta cuatro veces por semana.

En el caso de la Cámara y el Senado, las instancias de Constitución y Hacienda están reuniéndose dos veces por semana.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Matías Walker (DC), en tanto, comentó que se han concentrado en los temas de justicia y que también se acordó con el gobierno priorizar la agenda de Infancia.