A 25 años de la ley que despenalizó la homosexualidad en Chile

A inicios de la década de los 90, el activismo LGBTIQ+ en el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) estaba dividido en dos estrategias: una, liderada por Rolando Jiménez, que abogaba por la plena igualdad legal y la eliminación de normas discriminatorias. La otra proponía actuar fuera del sistema y evitar las luchas legislativas. Jiménez buscaba derogar el artículo 365 del Código Penal, que sancionaba duramente la sodomía, la que definía como “la relación carnal entre dos varones”.

La primera victoria se produjo cuando el Presidente Patricio Aylwin presentó un proyecto de ley en 1993 para derogar este artículo. Sin embargo, pasarían seis años antes de que las relaciones homosexuales dejaran de ser un delito en el país. El 12 de julio de 1999, bajo el gobierno de Eduardo Frei, se promulgó la Ley 19.617, que despenalizó las relaciones homosexuales entre adultos. La normativa estableció que solo se penalizarían “las relaciones carnales entre un adulto con personas menores de 18 años, pero mayores de 14″.

“Cuando se despenalizó la homosexualidad tenía 24 años y seis años de activismo. Al enterarme, lloré. Me abracé con Rolando (Jiménez), que encabezó esta lucha como El Quijote”, recuerda, 25 años después, Ramón Gómez, actual encargado de DD.HH. del Movilh. “Aún no había salido del armario frente a mi familia. Pero pensé: ‘Este es el momento’, porque ya, al menos, no podrán argumentar que mi orientación sexual era ilegal”.

Jiménez, fundador del Movilh, recuerda que en este pedregoso plan legal, una de las primeras tareas fue identificar normas y leyes en Chile que discriminaban por orientación sexual o identidad de género. El artículo 365 del Código Penal, vigente desde 1875, era visto como el principal obstáculo para los derechos de la comunidad LGBTIQ+, criminalizándolos y cerrando la posibilidad de cualquier lucha por la igualdad legal, dice.

“La mayoría ciudadana si bien no conocía el artículo 365, sí tenía la convicción de que éramos delincuentes, peligrosos y enfermos”, recuerda Jiménez. Esta percepción negativa estaba tan internalizada que incluso dentro de la comunidad había vergüenza y miedo de revelar su orientación sexual o identidad de género. “La batalla cultural había que darla también al interior de la población LGBTIQ+”, señala Jiménez.

Mario Concha, profesor de la Facultad de Derecho de la U. de Tarapacá, dice que este artículo fue utilizado históricamente como el argumento jurídico para la persecución de aquellos grupos minoritarios, en específico homosexuales. La ley se mantuvo durante más de 120 años, con modificaciones a lo largo del tiempo, pero siempre conservando la base de castigar las relaciones entre hombres, explica.

En 1979, la primera modificación relevante restringió la sanción a relaciones entre hombres, mientras que en 1999 se estableció que solo se penalizaban estas relaciones si la víctima era menor de 18 años. Pese al avance, la normativa era criticada por ser discriminatoria y generar inconsistencias legales. “Chocaba con otras figuras legales como el estupro, creando incoherencias en la aplicación de la ley”, destaca Concha.

La crítica central era que en el estupro, si la mujer menor de 18 años y mayor de 14 consentía, no era considerado delito, pero si un hombre de la misma edad consentía, sí se consideraba delito de sodomía.

Finalmente, el artículo 365 fue derogado mediante la Ley N° 21.483, publicada el 24 de agosto de 2022, destacándose el principio de la voluntad como criterio central para determinar la legalidad de las relaciones sexuales. “Acá prima la voluntad, por lo tanto, no se va a perseguir más a las personas por su condición sexual”, explica Concha.

Carlos Esperguen, abogado y académico de la U. de La Serena, dice que la derogación del artículo 365 es vista como un avance significativo en materia de derechos LGBTIQ+. “Nuestro país demuestra su compromiso con la comunidad internacional y con la protección y reconocimiento de los derechos de las personas”, destaca.

Dice que este compromiso se refleja también en leyes más recientes, como la Ley N° 21.643 (Ley Karin) y la Ley N° 21.675, que establecen medidas para prevenir y erradicar la violencia de género. Agrega que la evolución legal en Chile muestra un claro avance hacia la igualdad y el respeto por la diversidad, superando un pasado marcado por la discriminación y la penalización de la homosexualidad.

La psicóloga Ariel Cordero Montenegro añade que aunque en Chile los estudios específicos sobre la mejora en la salud mental de la comunidad LGBTIQ+ tras la derogación del artículo 365 son limitados, la evidencia internacional sugiere efectos positivos. “Es crucial seguir desarrollando políticas que promuevan la igualdad y el bienestar para continuar mejorando la salud mental de esta comunidad”, afirma Cordero.

Añade que los impactos más positivos y significativos han sido mejorar la autoestima y la autoaceptación de las personas LGBTIQ+ en Chile.

Agrega que el cambio legal de 1999 eliminó la criminalización de la sodomía, reduciendo el estigma social asociado con las relaciones homosexuales, pero posteriormente, leyes como la Ley N° 20.609 (Ley Zamudio) y la Ley 20.120 de Identidad de Género han fortalecido los derechos humanos de las personas, promoviendo la diversidad y validando las identidades en el ámbito legal y social. “Estos avances legales no solo han proporcionado protección contra la discriminación, sino que también han aumentado la visibilidad de la diversidad humana”, dice la psicóloga.

Tras la despenalización de la homosexualidad comenzaron a surgir cambios significativos. Los desafíos legales se ampliaron para incluir leyes contra la discriminación, la unión civil, el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género.

Las campañas sociales del Movilh, con impacto mediático, promovieron un cambio cultural. Un momento decisivo fue la creación de la Primera Brigada Escolar LGBTIQ+ en 2004, otorgando por primera vez una voz pública a niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+. “Teníamos temor de que nos detuvieran, pero algo estaba cambiando”, recuerda Jiménez, subrayando que la batalla cultural había comenzado a dar frutos.

El apoyo de parlamentarios como Fanny Pollarolo, Sergio Aguiló y otros fue fundamental, aunque enfrentaron estigmas por su respaldo a la causa. A nivel social, el equipo jurídico de la U. Diego Portales (UDP) ayudó a presionar a nivel internacional, permitiendo a Jiménez denunciar a Chile ante Naciones Unidas. “Todo era obstáculo y resistencia”, dice Jiménez, refiriéndose a la homofobia transversal e internalizada que obligaba a partir de cero en el debate.

Jiménez sostiene que la transversalidad del diálogo fue clave. Se debía hablar con todos, desde la izquierda a la derecha, y desde ateos hasta religiosos. “El valor de la independencia y autonomía del Movilh fue crucial para capturar más adherentes”, señala.

La principal estrategia, dice, fue conseguir que el paquete de reforma al Código Penal se votara en conjunto, y no artículo por artículo, para evitar la posibilidad de perder en votaciones individuales. Además, las campañas comunicacionales jugaron un papel fundamental.

Se visibilizaron nombres de personajes públicos como Martina Navratilova, Oscar Wilde y Freddie Mercury, destacando que en Chile serían considerados delincuentes. Se desarrollaron foros y seminarios en instituciones educativas para abordar los mitos y estereotipos sobre la diversidad sexual y de género, y se impactó en los medios de comunicación con testimonios reales de personas LGBTIQ+. Todo esto se complementó con un permanente lobby parlamentario.

El activista dice que así fue cómo el mayor logro de esta lucha fue la despenalización de un grupo de personas que antes eran tipificadas como delincuentes solo por su orientación sexual o identidad de género. Logro que abrió la puerta para futuras transformaciones legales a favor de esta comunidad y que contribuyó significativamente al cambio cultural hacia la igualdad y la no discriminación.

Pero Jiménez plantea que la larga lucha dejó un importante aprendizaje: las reformas legales no resuelven mágicamente los problemas. “Estas reformas son instrumentos que, junto a principios, valores, voluntad política y respeto, permiten ir cambiando la cultura homotransfóbica”, reflexiona.

Otro aprendizaje, añade, es la relevancia de la independencia del movimiento social para sus conquistas. “De habernos declarado, por ejemplo, de izquierda, centro o derecha, jamás hubiésemos conseguido estos logros”, afirma Jiménez. La diversidad dentro de la comunidad LGBTIQ+ refleja que nuestras demandas tienen que ver con la universalidad de los derechos humanos.

Jiménez dice que no nacieron para cambiar leyes o culturas porque sí, “sino para mejorar la calidad de vida de las personas vulneradas en sus derechos solo por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género”, señala. Estos desafíos, cuando rinden frutos concretos y visibles, mantienen la cohesión y motivación dentro del movimiento.

Desde 1999, las legislaciones han sido cruciales para reducir la discriminación y la violencia contra la comunidad LGBT en Chile. Antes de la despenalización de la homosexualidad no había posibilidad de aprobar leyes a favor de los derechos LGBTI+. “Las leyes o políticas públicas no nacen para proteger delincuentes, y antes de 1999 éramos legalmente delincuentes a los ojos del Estado”, explica el fundador de Movilh.

Las leyes posteriores a 1999 han tenido efectos variados, pero en conjunto han ayudado a reducir la discriminación cultural y a motivar a las personas LGBT a denunciar abusos y ejercer sus derechos.

La despenalización de la sodomía quitó el estigma legal sobre las personas LGBTIQ+, y leyes posteriores, como la Ley Antidiscriminatoria y la Ley de Unión Civil, han ampliado estas protecciones. Con la Ley de Identidad de Género se protegió la identidad y expresión de género, y con el matrimonio igualitario se reconocieron las familias homoparentales. Según la Encuesta Nacional de Salud, Sexualidad y Género (Enssex), publicada en octubre de 2023, el 4% de la población chilena declara ser homosexual, lesbiana, bisexual u otro, muy distante del 0,3 % que declaraba esta orientación en 1998.

Jiménez dice que el cambio ha sido radical, aunque la Ley Zamudio requiere una reforma profunda. Otras normativas han contribuido significativamente a reducir la discriminación. Pero insiste en que “las leyes no lo resuelven todo; deben ir de la mano con cambios culturales”.

Uno de los principales desafíos es profundizar en el cambio cultural respecto de la diversidad sexual y de género, enfrentando a tiempo los intentos de grupos antiderechos que buscan eliminar los derechos ya conquistados, así como reformar la Ley Zamudio, crear una institucionalidad estatal contra la discriminación y la aprobación de la Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva de derechos humanos.

Fortalecer la democracia es fundamental para mantener lo alcanzado y seguir avanzando. “Sin una democracia fuerte no habrá capacidad de defenderse frente a las injusticias y la vulneración de los derechos humanos”, concluye Jiménez.