La molestia en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) Las Ventanas de la comuna de Puchuncaví se desató durante la tarde del pasado domingo, luego del deceso de un hombre que había llegado con un infarto agudo al corazón y casi sin signos vitales a la urgencia del recinto.

A los familiares -que esperaban afuera- el médico tratante salió a comunicarles el fatal desenlace. Les explicó que era poco lo que se podía haber hecho, “pero no escucharon ninguna de las explicaciones que el doctor les dio”, dice una funcionaria que prefiere mantener su nombre en reserva tras las amenazas que sufrió todo el personal presente durante esa jornada. En Puchuncaví, una comuna de apenas 15 mil habitantes, “todos se conocen”, dice.

“Al doctor lo agredieron con patadas y llegaron otros dos hombres, familiares, con armas de fuego. Ellos son de la zona, entonces conocen bien dónde están las cámaras del consultorio. Por eso es que las amenazas fueron dentro de uno de los box, donde no hay registros. A Carabineros se les esperó por más de 40 minutos”, relata.

Mientras eso ocurría, afuera otro grupo de mujeres -según se ve en los videos a los que accedió La Tercera- intentaba romper los ventanales con fierros, pero los vidrios están reforzados desde hace algún tiempo, a raíz de otros episodios de violencia que se han registrado en el recinto de urgencia rural.

Lo sucedido en Puchuncaví está lejos de ser un hecho aislado. En la Región Metropolitana, y durante esta semana, en el Hospital de Talagante un paciente ingresado a raíz de una herida cortopunzante realizó destrozos en la urgencia - además de golpear a parte del equipo de salud- tras manifestar que no había sido atendido de manera oportuna.

Según los datos del Ministerio de Salud, durante el 2019 -mismo año en que entró en vigencia la ley “Consultorio Seguro”- se registraron 1.274 agresiones contra el personal médico. Y durante 2020, los hechos de violencia ascendieron a 1.310. Ya en lo que va del año 2021 se han registrado otras 101 agresiones a equipos de salud en el ejercicio de sus funciones.

La ley, además de otorgar resguardo a quienes han sido víctimas de estos hechos, también eleva las penas para los agresores -entre 541 días a 15 años-, dependiendo de la gravedad o inhabilidad que tenga el funcionario. Así, la normativa también obliga a que los jefes de los establecimientos de salud o directores de estos establecimientos denuncien en Carabineros o en el tribunal que corresponda, algo que no siempre se cumple, señalan desde los gremios de la salud.

Para la presidenta de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), Gabriela Flores, la situación se torna más crítica en la atención primaria, pues son los consultorios el primer filtro ante las urgencias médicas. Y con un sistema colapsado en contexto de pandemia, la premura por una atención rápida genera reacciones en extremo violentas por parte de los pacientes.

“Los números que señala el ministerio coinciden con los datos que registramos nosotros. Pero particularmente para este año, como Confusam registramos muchos más hitos violentos. El problema es que muchas veces los funcionarios no reportan las agresiones por temor a las amenazas, y eso nos está generando subreporte. Tampoco los empleadores están cumpliendo con la normativa legal de denunciar”, apunta Flores.

Desde el punto de vista de la salud mental, la dirigenta señala que como trabajadores han podido observar que “con la pandemia y el encierro, han aflorado estas reacciones agresivas. Y un factor detonante en la mayoría de los casos es que los pacientes piden atención de forma inmediata. Cuando la atención no es lo que ellos piden, actúan de forma agresiva, agreden al equipo o el mismo establecimiento. Nosotros notamos que esto ha ido en aumento”.

La matrona Silvia Toro hoy dirige el Cesfam Arturo Baeza Goñi, ubicado en el sector de La Legua en San Joaquín. Y si bien reconoce que la estigmatización del sector podría hacer pensar que en el recinto sus funcionarios son víctimas de más hitos violentos, Toro detalla que durante el 2020 sólo registraron dos agresiones constitutivas de delito: amenazas de muerte que terminaron en tribunales.

Hasta ahora, añade, no han registrado destrucción de mobiliario o agresiones físicas al personal. “Una de las cosas que pasa, a pesar de que La Legua está estigmatizada como una zona donde hay conflicto armado asociado al narcotráfico, es que la población se identifica con su recinto de salud. No hay otro prestador en el sector. Tenemos personal que realiza operativos de salud en las zonas más conflictivas sin problemas”, afirma Toro.

Sin embargo, reconoce que durante el período de pandemia, las “reacciones exacerbadas” frente a una espera mayor por atención se han hecho más frecuentes. “Este ha sido un año particularmente complejo, donde el acceso a los establecimientos no ha estado 100% disponible. Hay una barrera de acceso que se ha prolongado y eso hace que evidentemente la población esté con descontento. Hemos visto una población estresada por la crisis sanitaria. Tenemos que hacer filtros en la puerta, tenemos aforo limitado, y ya atender detrás de una reja implica que ese usuario no se sienta grato. Puede provocar descontento. Esto se ha traducido en insultos en algunas ocasiones, pero por suerte, agresiones físicas no hemos tenido”, sostiene.

Ese aspecto, ejemplifica Toro, lo han notado al momento de abordar la trazabilidad. “El llamado telefónico implica que le van a indicar cuarentena, y la respuesta a veces no es la que uno quisiera, muchas veces no dan toda la información. Son pacientes que están atravesados por una situación de cansancio que es general”, advierte.

Desde la Subsecretaría de Redes Asistenciales, Nicolás Duhalde es quien representa al ministerio en las mesas de coordinación que se han conformado para afrontar este problema. “En todos los servicios de salud del país hay mesas de seguridad, en la cual participan activamente actores como Carabineros y gremios de la salud, para la coordinación de acciones en torno a la prevención y tratamiento a las agresiones de funcionarios”, detalla.

Tras la entrada en vigencia de la ley, Duhalde sostiene que “existe un formato único de registro de agresiones, lo cual es una gran herramienta de trabajo para focalizar los esfuerzos, recursos y políticas públicas”.

Desde el Colegio Médico (Colmed) el secretario nacional del gremio, José Miguel Bernucci, señala que la solución excede a las herramientas que actualmente entrega la ley, que ya cumple más de un año de vigencia. “Aunque eso fue un avance, el problema de agresiones a personal de salud es un tema que es bastante más amplio y tiene que ver con múltiples causales. Hay un tema social, donde las personas ven limitada su posibilidad de acceso a servicios de salud y una de las respuestas es la violencia, sobre todo en la atención primaria que es la puerta de entrada a la atención de salud en la mayoría de los usuarios del país”, explica.

El atochamiento de las urgencias, debido a la pandemia, ha agudizado un problema de frustración entre los pacientes que, a su juicio, no es nuevo. “Tenemos un sistema de salud que hasta antes de la pandemia ya le estaba costando mucho dar una respuesta rápida y resolutiva y en condiciones de estrés de la red asistencial esto se ha exacerbado”, concluye el dirigente.