Alondra Carrillo (coordinadora 8M): “Si el gobierno se dice feminista es porque nuestro movimiento ha sido tan fuerte que se ha tornado ineludible”

La formalización de que buscaría que el suyo fuera un “gobierno feminista” la hizo el mismo Presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública en junio de 2022.

A siete días de cumplirse un año de esta administración -y solo cuatro de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer-, la exconvencional y dirigenta de la Coordinadora 8M, Alondra Carrillo, repasa cuán complejo ha sido para La Moneda dar ese carácter a su gestión.

¿Qué expectativas tenían cuando asumió el gobierno de Boric?

Ahí habría que ver cuál fue el escenario de la elección presidencial. Esta nos puso ante una amenaza a todas las mujeres, diversidades y disidencias sexuales y de género con el candidato de extrema derecha. Y el voto femenino fue clave para vencer a Kast. Pero estas expectativas que se encierran bajo el rótulo de gobierno feminista fueron planteadas por la coalición Apruebo Dignidad, eso no quiere decir que el movimiento feminista haya concurrido a las urnas con esa expectativa.

La Coordinadora 8M afirmó que las expectativas que mantenían era profundizar elementos como la democracia paritaria, legalización del aborto, entre otros. ¿Ve avances?

Ha sido el movimiento feminista el que ha generado el escenario para que estos temas estén en la palestra. Si hay un gobierno que puede llamarse ‘feminista’ es porque el movimiento ha sido tan fuerte que se ha tornado ineludible para los proyectos políticos.

Entonces no es gracias a Boric que parte del programa feminista esté dentro de su agenda…

El hecho de que ocurra algo así, que un gobierno se defina como ‘feminista’, es una señal de la potencia del movimiento feminista y su carácter ineludible.

¿Cuán complejo ha sido para el gobierno imprimir ese sello?

Hay una complejidad que tiene que ver con las expectativas. Pero el feminismo como fuerza histórica no se agota ni se reduce a la gestión del gobierno o de cualquier otra naturaleza. Siempre va más allá.

Frente a esas expectativas, ¿qué se ha concretado hasta la fecha?

La creación de un registro nacional de deudores de pensión que logra visibilizar la violencia económica hacia las mujeres y que responsabiliza al Estado para perseguir a quien adeuda y no a la madre, que es lo que pasaba hasta muy poco. Pero al mismo tiempo sigue siendo limitado, porque no ha redundado en disminuir la deuda contra las mujeres.

Hay otras dimensiones en las cuales se ha puesto en juego el programa del movimiento feminista como, por ejemplo, en la creación del sistema nacional de cuidados. Ahí nos preguntamos qué va a pasar con eso que responde a una necesidad urgente y que se ha venido arrastrando durante las últimas décadas. Qué va a pasar con la educación sexual integral también es una duda importante.

¿Y en qué temas aún se está al debe como administración?

La reforma al sistema de pensiones. Tenemos una pensión garantizada universal que va a empezar a regir para las mujeres desde los 65 años, lo que constituye un aumento de facto de cinco años de la jubilación de las mujeres más empobrecidas del país. Eso es una cuestión que tiene que ser discutida y posicionada por el movimiento feminista.

¿Por qué esto no ha avanzado?

Nosotros tenemos un programa que habla de muchísimas cosas y que excede a un gobierno. Este hoy se ve nuevamente ante el escenario de tener la camisa de fuerza de la Constitución del 80 que permanece vigente, que limita la posibilidad de avanzar en medidas transformadoras si es que estas atentan contra los intereses de un puñado de personas en el país. Tenemos también el problema y límite que supone una oposición particularmente virulenta y que defiende la misoginia y la falta de derechos de las mujeres.

El Ejecutivo se distanció de las organizaciones feministas cuando designó a Ángel Valencia como fiscal nacional. ¿Este hecho sembró desconfianza hacia el gobierno?

El nombramiento constituye una cuestión inaceptable desde el punto de vista de un gobierno que se ha presentado y ha decidido levantar la perspectiva de un gobierno feminista. Pero en esa decisión no solo está involucrado el gobierno, sino los tres poderes del Estado que concertadamente tomaron una decisión que atenta contra la integridad y el acceso a la justicia de mujeres, niñas y disidencias sexual y de género. Eso nos parece inaceptable.

¿La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, pudo haber influido más?

Entiendo que el nombramiento es directa atribución de la Presidencia.

Pero ella forma parte del Comité Político, tiene “incidencia” en las decisiones del gobierno.

Es complejo de responder. Si un gobierno se presenta como feminista no sé si sea la responsabilidad de sólo una cartera asegurar algo como eso. Yo lo entendería como el compromiso de los partidos que deciden presentar esa expectativa.

¿Cómo ves la influencia de la ministra Orellana en el rumbo y definiciones del gobierno?

Hay acciones impulsadas por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género que hemos comentado, por ejemplo, el registro nacional de deudores de alimentos; la intervención de la ministra respecto del proyecto que buscaba tipificar el síndrome de alienación parental como una forma de VIF. Pero, al mismo tiempo, esta cuestión no se mide en función de las iniciativas de una u otra cartera. Si estamos hablando del gobierno, hablamos de un conjunto de decisiones contradictorias que lo atraviesan.

A la ministra Orellana se le ha criticado su poder de veto… ¿La agenda feminista amerita ese tipo de acciones si es que es necesario?

No podría afirmar que el poder de veto es real. Las posiciones feministas han alcanzado fuerza y viabilidad política, porque existe una enorme sensibilidad en el país, que hace que estas posiciones sean difíciles de soslayar para los sectores políticos, pues todos han tenido que vérselas con la interpelación feminista y hacer algo con ella. En ese sentido, por supuesto que la porfía, la insistencia, levantar la voz cuando se espera que nos quedemos calladas son cuestiones propias de la actividad política feminista que incomodan.

Fuiste parte de la Convención, cuya propuesta constitucional fue rechazada. ¿Cómo ves este nuevo proceso que comienza este lunes?

Creo que estamos en un escenario institucional adverso, que generó la crisis donde hoy nos encontramos, y que este nuevo proceso constituyente está fuertemente inclinado a repetir.