Cómo el estallido sorprendió a Carabineros

El viernes 10 de enero de 2020, Carabineros quedó con apenas un carro lanzagua para cubrir todas las operaciones del país. Y eso que Santiago, Valparaíso, Concepción, Talca, La Serena, Iquique y Antofagasta eran las ciudades que más desórdenes concentraban de un estallido social que se extendía por tres meses.

En el caso de la capital, Plaza Baquedano y sus alrededores eran el escenario favorito de los manifestantes, quienes en promedio –según Carabineros- superaban las 15 mil personas todos los viernes de cada semana.

La escasez de carros policiales era un problema sin solución para la institución, que hoy admite que la falta de estos vehículos durante el estallido social fue uno de los elementos que explican el porqué la policía uniformada no estaba preparada para el desborde del control del orden público.

En Carabineros advierten que las masivas movilizaciones y la intensidad de los desmanes post 18 de octubre de 2019, evidenciaron lo poco preparados que estaban para enfrentar grandes eventos que implicaran el control masivo del orden público.

Para manejar situaciones como saqueos masivos, incendios, el desborde de marchas y agresiones a su personal, no contaban ni con insumos, una formación adecuada, protocolos claros, ni menos con personal cien por ciento especializado.

Sin embargo, hoy estas grietas parecen estar, en gran parte, resueltas a partir de una serie de cambios que se han hecho a la institución, tanto desde lo operativo como desde lo formativo. “Yo ni nadie de los que estábamos en la institución estábamos preparados para vivir los niveles de violencia”, dijo al asumir, en noviembre de 2020, el general director Ricardo Yáñez.

Esa afirmación se mantiene hasta hoy en prácticamente todos los eslabones de Carabineros. “Teníamos problemas de dotación para Orden Público y se entiende, porque hasta antes de eso la demanda era otra. Antes del estallido social nosotros teníamos dos, a lo más tres protestas a la semana, y de baja intensidad. Después del 18 de octubre teníamos siete, como mínimo, todos los días”, dice una fuente policial.

El exsubsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, reconoce que “el equipamiento que Carabineros disponía a octubre de 2019 estaba obsoleto y era escaso. Es cierto que los eventos de orden público graves eran pocos y generalmente se concentraban en fechas emblemáticas como el 11 de septiembre, el 1 de mayo y el Día del Joven Combatiente”.

Además de este escenario, en Carabineros también existe la sensación de que el pie en el que estaba la policía ante la opinión pública no era de los mejores.

En marzo de 2017 el fraude sacudió su imagen y en noviembre de ese año, la implantación de pruebas a comuneros mapuches en la Operación Huracán coronó un año para el olvido. El 2018 no sería mejor, dado que el homicidio al comunero mapuche Camilo Catrillanca a manos de un sargento de Carabineros, sepultó toda pretensión de repunte.

Si en 2017 la aprobación de Carabineros era de un 77%, según la Cadem de febrero de ese año, en diciembre de 2018 era de un 58%. Con esos niveles de desconfianza se les hacía complejo imponer la autoridad en la vía pública, pero así los pilló el estallido, el cual los hizo llegar, incluso, a solo un 35% de aceptación, en diciembre de 2019.

De esta manera, Carabineros se vio enfrentado a movilizaciones con asistencias históricas (2,5 millones), eventos violentos, como la quema de inmuebles, saqueos a locales comerciales y enfrentamientos constantes con la denominada “primera linea”. La policía estaba sobrepasada y tenía flancos por todos los frentes.

Octubre de 2019 sorprendió a Carabineros con 36 carros lanzagua a nivel nacional, aunque no todos estaban en condiciones de ser usados, sino que solo 10, dado que el resto estaba en reparación y otros ya tenían su “vida útil” agotada.

Esos 10 vehículos tampoco eran nuevos. Su origen, explica una alta fuente policial, radica en una compra realizada en 2012, dado que la flota de blindados había sufrido un evidente agotamiento a raíz de las movilizaciones estudiantiles de 2011.

Fue entonces con estos carros con los que enfrentó la contingencia, la cual contemplaba el ataque con bombas molotov, piedrazos y golpes por parte de quienes protagonizaban los desmanes.

Este “piquete” de vehículos no aguantó los casi cinco meses que duró el estallido social:seis fueron sometidos a reparaciones, dos pesquisados por el Ministerio Público para indagar su funcionamiento y de los otros dos que quedaban, uno fue retirado el 10 de enero del 2020, luego de detectarse que lanzaba un líquido amarillo desde su interior hacia los manifestantes.

El entonces jefe de la Zona Metropolitana Oeste era el general Enrique Bassaletti. Hoy en retiro, explica que “era evidente que había una debilidad en nuestro equipamiento. Los carros tácticos que teníamos superaban los 20 años de antigüedad, la mayoría venía de la década del 70 y 80, incluso. Ese fue un factor crítico, porque al no contar con esos insumos, como lanzagua o ‘zorrillos’ adecuados, los funcionarios se exponían más al ‘cuerpo a cuerpo’, donde tanto nosotros como los civiles se vieron afectados”.

Bassaletti agrega que “no solo los carros fueron un problema que se nos enfrentó, sino que también el no contar con armas no letales adecuadas. Las escopetas antidisturbios que teníamos tampoco eran las que necesitábamos: su uso generó siempre críticas por parte de la opinión pública, pero tampoco teníamos cómo enfrentar los reiterados ataques que recibíamos al intervenir delitos, como por ejemplo, los saqueos o quema de inmuebles”.

En enero de 2020 Carabineros comenzó la remodelación de su stock y encargó la compra de 15 carros lanzagua y 25 carros lanzagases, los que fueron pintados de color blanco.

Pero no solo eso. Este 2022 el gobierno comprometió la renovación del parque vehicular de la policía uniformada, dado que el 55% de su flota territorial (como las radiopatrullas) ya cumplieron su vida útil.

El uso de las armas no letales también fue algo que Carabineros debió actualizar. Históricamente la policía uniformada utilizaba una “escopeta antidisturbios” -diseñada en 1962- que contaba con un cartucho que en su interior llevaba 12 postas de goma.

Sin embargo, explican en la policía uniformada, durante el estallido el uso de estas armas hacía que estas “postas de goma” salieran sin dirección controlada. Por lo mismo, y por recomendación de la autoridades del Ministerio del Interior en 2020, la munición empleada ahora estaría compuesta por cartuchos más pequeños.

En la actualidad, Carabineros cuenta con más de 2.000 escopetas antidisturbios, pero a diferencia de octubre de 2019 estas son cargadas con tres municiones, más grande y tipo “pelota de goma”. Estas son las mismas que siempre ha utilizado, por ejemplo, la PDI. Así, el disparo disuasivo es más dirigido y no hay riesgo de propagación de perdigones.

Carabineros cuenta con una dotación aproximada de 55 mil funcionarios, pero no todos están capacitados para cumplir funciones de orden público.

Al estallar la crisis social la policía contaba con la unidad de Fuerzas Especiales (FF.EE.), la cual estaba compuesta por 2.000 funcionarios. Sin embargo, con esta cantidad era “imposible” cubrir todos los servicios que se requerían para esa fecha, advierten en la institución, por lo que el 25 de octubre se impartió una orden general para engrosar este listado a 29.000 para asumir la contingencia.

De esta manera, más de la mitad del contingente policial se abocó al orden público. “Muchos no sabían ni cómo usar una antidisturbios o si sabían, se les enseñó en un curso de ocho horas”, desliza un exfuncionario de esta unidad. Por lo mismo, el 29 de diciembre de 2019, el entonces director de Orden y Seguridad, Ricardo Yáñez (hoy general director), ordenó el reentrenamiento para el uso de escopetas.

En diciembre de ese año, además, se dispuso que la unidad de FF.EE. cambió de estructura y de nombre. A partir de ahí se dividió en dos prefecturas, una de Control y Orden Público (COP) Este y otra Oeste, las cuales serían conformadas permanentemente por 7.000 funcionarios.

El exsubsecretario Galli advierte que “ante el nivel de violencia que se vio en esos días los medios existentes se hicieron, claramente, insuficientes. Por ello, desde el gobierno comenzamos junto a Carabineros un trabajo en ejes: revisión de los protocolos de control de orden público y reentrenamiento del personal, no solo en materia de derechos humanos, sino también con el apoyo de policías extranjeras que nos apoyaron en cómo enfrentar hechos de violencia que se daban simultáneamente con manifestaciones”.

Fue el 20 de septiembre de 2021 que se publicaron en el Diario Oficial los nuevos protocolos de actuación de Carabineros. Allí se establecía el derecho a manifestación, la acción policial sobre delitos y auditorías vigiladas por el Ejecutivo.

Una de las directrices que aparecían implícitas en este protocolo era terminar con las detenciones masivas en protestas. Esta era una de las estrategias que Carabineros usaba durante el estallido, lo que no les permitía identificar a quienes cometían delitos flagrantes y solo actuaban sobre la masa. A partir de entonces, Carabineros aplica detenciones solo cuando está ante la presencia de un delito flagrante.

El estallido también sorprendió a Carabineros con una preparación acotada. La Escuela de Formación, de donde salen los suboficiales que generalmente están en las calles, solo impartía dos semestres de clases. Es decir, un año.

Esto también cambió, pues a partir de noviembre de 2020, los policías están dos semestres más que antes, completando dos años de formación antes de enfrentar procedimientos.

Junto a esto su malla curricular también fue modificada. En la actualidad los efectivos cuentan con 2.948 horas académicas en 27 asignaturas, donde las funciones operativas, de DD.HH. y de tácticas policiales, son los pilares de este nuevo diseño, implementado a partir de mayo de 2021.

Algo que también Carabineros está empeñado en sacar a flote en materia educativa es el interés por entrar a sus escuelas formativas, algo que tiene estrecha relación con el estallido social.

Si en 2018 postularon 15.550 personas a la Escuela de Formación, en 2019 lo hicieron 12.849, y en 2020 apenas 5.554. Sin embargo, el general (R) Bassaletti advierte: “El estallido pegó tanto en la institución que hasta hoy tiene consecuencias. Ya no se respeta a la policía, los agreden, los insultan, entonces, ¿quién va a querer ser carabinero? Imagine, ¿qué pensaran esos papás a los que su hijo le dice, ‘quiero ser carabinero’?”.

Ronald Von der Weth, integrante de la Unidad para la Reforma de Carabineros, cree que “guardando las proporciones, el 18 de octubre del Presidente Sebastián Piñera fue similar al 27 de febrero de la Presidenta Michelle Bachelet. En ambos casos no existía conciencia del impacto de los riesgos a enfrentar, ni existía monitoreo 24/7 de actividades que evaluaran el riesgo y su impacto”.

Para otro de los integrantes de esta instancia, Rodrigo Bustos, director de Amnistía Internacional en Chile, “el país necesita tener policías que estén capacitados para brindar seguridad, que tengan todas las herramientas para poder hacerlo, y eso demostró el estallido. Hoy ha habido ajustes, pero no de la magnitud que se requiere”.

Es evidente, cuentan en la policía, que ya no son la misma institución en términos estructurales y de insumos, que la de octubre de 2019. Refuerzan en que ha habido cambios y que la reforma institucional es un proceso en el cual están trabajando día a día con miras a 2027, el año del centenario de la institución.