Mensajes por WhatsApp y declaraciones a la prensa, denunciados a la Contraloría por diputados opositores, derivaron ayer en una severa e inédita advertencia a La Moneda por faltas a la prescindencia electoral.

A través de un dictamen doble, la entidad hizo un reproche a la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, por haber dado instrucciones (que favorecían a su pareja y candidato a diputado Cristián Pino), y también cuestionó dichos públicos del subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, que responsabilizaban de la violencia a dos candidatos presidenciales, Yasna Provoste y Gabriel Boric. El pronunciamiento fue solicitado por los diputados Gabriel Ascencio (DC), Leonardo Soto (PS) y Esteban Velásquez (FRVS).

En el caso de Rubilar, los antecedentes surgieron de una nota de Canal 13, que reveló mensajes de la ministra en un chat con asesores, donde pedía consejos y daba órdenes sobre la campaña de su pareja.

“(La ministra) entrega instrucciones a los destinatarios del grupo para que apoyen y promocionen la candidatura del señor Pino Lanata, ejerciendo de este modo su autoridad para beneficiar la campaña de su pareja; conversaciones cuya existencia y tenor no han sido desmentidos en el informe de la Subsecretaría de Evaluación Social”, indica el ente contralor.

El texto agrega que “si bien no está acreditado que con ocasión de los hechos denunciados hubo utilización de recursos públicos, de haberse cumplido las instrucciones que la ministra Rubilar Barahona impartió en dicho grupo de WhatsApp a funcionarios de su dependencia y de su confianza, ello habría implicado una infracción de la normativa antes reseñada sobre probidad, por haberse ocupado tiempo de la jornada de trabajo y empleo de recursos públicos”.

Aunque la Contraloría no concluye una infracción a la probidad administrativa, señala que la ministra sí vulneró y contravino normas de prescindencia electoral.

En ese sentido, la entidad fiscalizadora solo hace un llamado de atención e insta a la ministra a que “se abstenga en los sucesivo de dar instrucciones como las analizadas”.

“Dichas instrucciones impartidas constituyen una vulneración de la prohibición consistente en que las autoridades (...) no pueden, por ningún medio, dar órdenes, instrucciones o sugerencias que impliquen o induzcan a los funcionarios de su dependencia a transgredir los principios y normas acerca de la prescindencia política (...). De igual modo, contraviene las prohibiciones establecidas en el artículo 28 de la ley N° 19.884, en orden a que los Ministros de Estado no pueden usar su autoridad para fines ajenos a sus funciones, ni con ocasión del ejercicio de su cargo, ordenar ni incentivar a los funcionarios bajo su dependencia a promover, de cualquier modo, a candidatos o campañas electorales”.

Pese a ello, Rubilar a través de un comentario en redes sociales dio una interpretación particular al dictamen y dijo que la Contraloría “ha sido clara en señalar que NO existen faltas a la probidad ni uso de recursos públicos en campaña política alguna. Agradezco la rapidez para aclarar esta situación”.

Sin embargo, la entidad fiscalizadora dice simplemente que las infracciones sobre uso de recursos públicos no fueron acreditadas.

En el caso de Galli, la Contraloría también lo exhorta a que se “abstenga de emitir declaraciones u opiniones” que puedan tener implicancias electorales.

Los dichos del subsecretario se registraron el 19 de octubre, en un punto de prensa, donde apuntó a líderes opositores. “Los responsables finales de esta violencia son quienes instalaron en nuestro país una sensación de impunidad”, dijo dando los nombres de Boric, Provoste y de la diputada Catalina Pérez.

La Contraloría determinó que “no proceden” ese tipo de declaraciones. “Para el cumplimiento de las funciones públicas que atañen a su repartición, no resultaba necesario que el subsecretario del Interior formulara tales apreciaciones subjetivas en sus declaraciones, las que pueden afectar esas candidaturas”, agrega.b