Una serie de cuestionamientos a la labor del Ministerio Público en cuanto a los casos derivados del estallido social plantea el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2021 de la Universidad Diego Portales (UDP).

En su capítulo denominado “Respuesta del sistema de persecución penal a los casos de violaciones de derechos humanos del estallido social”, el estudio -al que tuvo acceso La Tercera- desliza críticas a la fiscalía y especialmente apunta a una tardía respuesta en términos de investigación.

El documento devela que los casos vinculados al estallido en que se imputan diversos delitos a agentes estatales -como apremios ilegítimos, torturas y abusos contra particulares- suponen menos de 8.600 a nivel nacional.

La directora del Centro de Derechos Humanos UDP, Lidia Casas, explicó que, a la fecha, existen 3.158 causas vigentes. “Esto responde a una falta de liderazgo de parte del Ministerio Público, porque desde el estallido se trabajó sobre un oficio de enero de 2019 y no hubo una reacción oportuna de la Fiscalía Nacional sobre cómo llevar estos casos”, añadió.

El capítulo, elaborado por los investigadores Eduardo Alcaíno, Claudio Fuentes y Marcela Zúñiga, cuestiona al Ministerio Público -que dirige Jorge Abbott- al señalar que “recién, a casi dos años del estallido social, se anunció una medida relevante como priorizar la investigación y radicar en un fiscal con cierta dedicación exclusiva, debido a que se mantiene con otro tipo de causas y responsabilidades”.

El informe describe que se esperaba que la Fiscalía Nacional tomara “medidas especiales y concretas” para que la entidad persecutoria abordara de manera “oportuna y seria” una situación excepcional como la ocurrida a partir del estallido social.

“Lamentablemente, las medidas implementadas por la Fiscalía Nacional y las fiscalías regionales en materia investigativa han sido principalmente tardías, y, por ende, las posibilidades de esclarecimiento de un delito son bajas. Los archivos provisionales que hoy se están revisando dan cuenta de ello. Tampoco es claro que la creación de una futura fiscalía de derechos humanos sea una solución mágica”, concluye.

En esa lógica, el estudio consigna que diversas fuentes de información utilizadas permitieron identificar acciones y omisiones por parte de una serie de autoridades de las policías y del Ministerio Público que los llevaron a concluir que no existe claridad sobre el estándar de la debida diligencia, ni que se la ha tomado el peso a la misma.

En esa línea, acusa que los casos que abordan los delitos de mayor gravedad siguen abiertos, aunque se trata de un número comparativamente pequeño. Por ejemplo, respecto del delito de tortura se identifican 169 causas, de las cuales en la práctica 105 siguen vigentes, ya que 45 fueron acumuladas, es decir, se sumaron a otras causas para ser investigadas, y solo nueve fueron archivadas. A su vez, respecto del delito de homicidio se registran 60 causas, todas las cuales se encuentran vigentes, aunque en varias la respuesta ha sido solo agruparlas con otras.

En otro de los apartados se realizan críticas a Carabineros por la carencia de protocolos o que, en caso de existir, son defectuosos, lo que impide la generación de antecedentes que colaboren con el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los posibles autores.

Según el mismo documento, la elaboración de protocolos claros y de fácil acceso respecto del accionar policial es fundamental no sólo para delimitar la responsabilidad de los agentes del Estados, sino que para determinar la función que le corresponde a cada funcionario en un determinado procedimiento policial y, de esa manera, permitir una trazabilidad de su identidad.

“Es importante señalar que estas dificultades no sólo tienen relación con la carencia de protocolos, sino que, en general, por existir una cultura interna dentro de Carabineros de dificultar el acceso a información y complejizar las investigaciones criminales en contra de los funcionarios policiales de la institución”, consigna el estudio.

Para los investigadores, si bien la existencia de protocolos permitiría mejorar las capacidades de identificación de los funcionarios policiales, no será suficiente si no se generan políticas estatales que modifiquen la cultura interna de Carabineros y los altos mandos que impide actualmente acceder con rapidez y confiabilidad a los antecedentes investigativos que tienen en su poder.

En su página final, el capítulo que aborda la persecución penal de los casos de violaciones de derechos humanos entregó cinco recomendaciones a las autoridades. En esa línea, sostuvo que el Estado de Chile debe responder por las acciones de sus agentes estatales, lo cual supone “una política de persecución expresa y concreta que no sólo incluya a los autores ejecutores de los hechos ilícitos, sino que a aquellos superiores jerárquicos que impartieron instrucciones o ejecutaron otro tipo de conductas que pudieran ser constitutivas de delito”.

Además, acota que es necesario que Carabineros avance en protocolos claros sobre su accionar, para, de esta manera, delimitar su responsabilidad y lograr identificar quiénes pudieron haber ejecutado una determinada conducta. En específico, recomienda la implementación general de cámaras portátiles y de seguridad en recintos policiales.

Por último, el estudio insta a elevar las capacidades investigativas de los auxiliares del Ministerio Público, como policías y Servicio Médico Legal,