El giro de La Moneda con la derecha frente a la crisis de seguridad

Boric Carabineros. Fotos: Presidencia.
Boric Carabineros. Fotos: Presidencia.

El Presidente Gabriel Boric partió la semana increpando a la UDI por exigir el descabezamiento del equipo del Ministerio del Interior, al que acusan de un deficiente manejo de la crisis de seguridad. Pero ante la necesidad de avanzar en los proyectos de ley comprometidos, La Moneda debió abrir un canal de diálogo con la oposición.


El jueves, horas después de anunciar una batería de iniciativas para enfrentar la crisis de seguridad, el Presidente Gabriel Boric tomó el teléfono para contactar personalmente al presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Francisco Undurraga (Evópoli). Su objetivo era plantear la necesidad de acelerar la tramitación del proyecto de ley que creas el Sistema de Inteligencia del Estado que se está discutiendo en segundo trámite, de modo de cumplir con el plazo que impuso públicamente: seis días de trámite en la Cámara y otros seis en el Senado. El mismo plazo que comprometió para el proyecto de ley Inteligencia Económica bajo el argumento de que ambas iniciativas son fundamentales para combatir el crimen organizado.

Al respecto, Undurraga manifestó a La Tercera que “efectivamente ayer tuvimos una conversación en relación al proyecto de inteligencia. Estamos apurando el tranco, trabajando con el Ejecutivo para poder acelerar de la mejor forma y en el menor tiempo posible”.

Las gestiones del Presidente dan cuenta del cambio de tono del gobierno hacia la oposición a raíz de la crisis de seguridad que quedó en evidencia esta semana, tras 18 homicidios ocurridos en menos de una semana en la Región Metropolitana.

El martes, previo a viajar a Paraguay, el Presidente salió a responder en duros términos a la UDI, cuya bancada de diputados le solicitó públicamente al Jefe de Estado descabezar a todo su equipo de seguridad, encabezado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y que integran también el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, y el encargado de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.

“Habemos algunos que estamos aportando para una solución, mientras que otros tratan de aportillar y generar diferencias en la sociedad chilena. Esa miopía política, de tratar de dividir cuando, para enfrentar al crimen organizado, tenemos que estar unidos, tarde o temprano va a pasar factura. (...). No le voy a pedir la renuncia a nadie porque me lo pida la UDI, que eso les quede absolutamente claro; mejor gasten sus energías en colaborar, en trabajar en conjunto, en sacar adelante el fast track de seguridad 2.0″, dijo el Mandatario ese día desde un punto de prensa en el Grupo 10 de la FACH.

Con el correr de las horas y ante la constatación de que la agenda de seguridad solo es viable con el apoyo de la oposición no quedó otro camino que ajustar el tono y apostar a que el gobierno conseguiría el apoyo de la oposición para el fast track legislativo y mantendría ordenado al oficialismo, que no pocas veces discrepa del Ejecutivo en materia de seguridad. La Ley Nain Retamal y los estados de excepción en la Macrozona Sur son ejemplo de ello.

Desde La Moneda han reforzado el mensaje de que es necesario llamar a la unidad en materia de seguridad. Para ello esta semana la Secretaría de Comunicaciones (Secom) que lidera Pablo Paredes emitió una minuta a parlamentarios y presidentes de partidos del oficialismo que remarcaba que “no es momento de pequeñeces”, que “el gobierno fortalecerá las capacidades para enfrentar el crimen” en la Región Metropolitana, pero que “el Congreso también tiene que hacer su parte”. Que se hablara de “Congreso” y no de oposición o de la derecha llamó la atención de algunos dirigentes del oficialismo, que entendieron que el mensaje era también un llamado al orden interno.

En La Moneda defienden la vocería presidencial del martes, que mostró un tono duro contra la UDI, argumentando que la tienda se pasó de la crítica razonable al exigir que se descabezara todo el Ministerio del Interior.

Pero pasado ese episodio la ministra del Interior y el subsecretario Monsalve se abocaron a la tarea de que acercarse a la oposición para evitar que el compromiso público del Presidente no termine en un fracaso.

Las otras gestiones de Palacio

El jueves, el mismo día en que habló con el Presidente, el subsecretario Monsalve también se comunicó con el diputado Undurraga. Después de eso se agendó un amplio encuentro con congresistas opositores en La Moneda, que se concretó este viernes a las 16 horas. Además del parlamentario de Evópoli, hasta el Palacio de gobierno llegaron Ximena Ossandón (RN), Gustavo Benavente (UDI), Sara Concha (Partido Social Cristiano) y Luis Sánchez (Republicano), así como también los senadores Sergio Gahona (UDI) y Rojo Edwards (independiente).

En la cita, el subsecretario reiteró la necesidad de avanzar con los proyectos de inteligencia y escuchó las demandas de la oposición que, entre otros puntos, planteó que hay que trabajar en la reconducción de los migrantes que ingresan de manera ilegal al país y en fortalecer los controles de aduana.

En la reunión con Monsalve, Chile Vamos presentó un proyecto de estado de excepción constitucional por un año, que les permite a los efectivos policiales trabajar en conjunto con las habituales fuerzas del orden.

El lunes en la mañana, Monsalve también recibirá al diputado Andrés Longton (RN), actual presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, quien ha sido una de las voces más críticas de la gestión del gobierno y se ha opuesto a las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo en el Ministerio de Seguridad y otros. A la misma cita acudirá el senador Iván Flores (DC), presidente de la Comisión de Seguridad del Senado.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, también se desplegará en el Congreso para explicar los alcances del anuncio de la construcción de un nuevo penal de Alta Seguridad en la RM. Una iniciativa que ha sido criticada por la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), y por Mario Desbordes (RN), la carta de la oposición en esa comuna.

Las gestiones del Ejecutivo también han estado enfocadas al control de flancos desde el mismo oficialismo. Por ejemplo, el mismo Monsalve recibió el jueves en la mañana a parlamentarios de izquierda, como Fabiola Campillai, Claudia Mix (FA), Alejandra Placencia(PC), Lorena Fríes (FA), Raúl Leiva (PS), Gastón Saavedra (PS) y la presidenta del PS, Paulina Vodanovic. Con los socialistas citados hubo que hacer especial control de daños, ya que desde ese partido surgió la presión -principalmente del senador José Miguel Insulza- para que se decrete estado de sitio en la Región Metropolitana, iniciativa que La Moneda ha esquivado por todos los medios y a la que se negó en todas las reuniones que sostuvieron esta semana.

Los socialistas llegaron este viernes, a las 14 horas, a un almuerzo convocado por la ministra Tohá. Tras la cita, todos, incluso Insulza, salieron alineados en estar contra el estado de sitio en la RM. De hecho, allí se conversó que la medida ideal, que permita el despliegue de los militares, sería aprobar el proyecto de infraestructura crítica, al cual se le pondría, según los socialistas, discusión inmediata.

“Este (proyecto de infraestructura crítica) tiene la ventaja de que se puede sacar en dos semanas. Hemos cortado por lo más rápido y lo más fácil, que se le dé discusión inmediata y se aprueba en seis días en el Senado y seis días en la Cámara”, dijo el senador por Arica tras la cita.

La ministra Tohá también se reunió con el diputado Gonzalo Winter (FA) durante la tarde del jueves, quien llegó a Palacio cerca de las 19 horas.

El viernes, en tanto, el jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, también abordó el tema con los presidentes de partidos del oficialismo.

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