En mayo de 2022, La Tercera daba cuenta de un ambicioso proyecto del Ministerio de Educación liderado por Marco Antonio Ávila: dado lo antiguo del último catastro de infraestructura escolar -2013-, la cartera realizaría una inversión de $ 3.400 millones para un nuevo registro, el que, según dijo la autoridad, comenzaría con visitas a establecimientos durante el segundo semestre de ese año.

Hoy, a casi un año de esa promesa, la misma no ha avanzado según esa idea inicial. “El catastro está, cuando menos, atrasado. Quizás fue apresurado anunciar plazos tan encima”, señalan entendidos en la materia, desde las propias entrañas del ministerio.

Y es que uno de los pilares del anuncio del ministro Ávila, eso de que las visitas a los locales comenzarían en el segundo semestre de 2022, hasta hoy no ha ocurrido.

Según se aprecia en diversos documentos del proceso a los que tuvo acceso La Tercera, recién el 20 de octubre -cinco meses después de la comunicación de Ávila-, a través de Alexis Moreira, director (S) de la Dirección de Educación Pública (DEP), dependiente del ministerio, la Contraloría tomó razón de las bases administrativas y técnicas.

Seis días después, se hizo el llamado a licitación por un monto de $ 3.403.948.800, para catastrar 6.962 establecimientos públicos del país, entre liceos, escuelas y jardines infantiles.

En las bases, entre otras cosas, se dividen los establecimientos en siete macrozonas (las regiones Metropolitana y del Biobío son las únicas solitarias), se establece que el catastro debe ser digitalizado, así como que deberá contar con tres fases: capacitación, planificación y ejecución. Esto debe demorar 320 días desde la adjudicación. Pero, además, se establece el equipamiento necesario para el censo en terreno: medidores láser, odómetros y huinchas de medir. Asimismo, se detallan, con nombre y dirección, los casi siete mil liceos a catastrar.

Pero el 9 de noviembre llegó la primera ampliación de plazo -10 días- de parte de la DEP para presentar ofertas. No fue, eso sí, la única. El 1 de diciembre vendría otra, nuevamente por 10 días corridos, y luego, el 30 de diciembre, se les comunicó a los proponentes que la DEP decidió ampliar el plazo de apertura económica de las ofertas en tres semanas a contar del vencimiento del plazo original y, en consecuencia, de la adjudicación. La nueva fecha estimada de adjudicación sería el 14 de marzo de 2023.

Luego, el 20 de enero, el Subdepartamento de Compras y Servicios Generales de la DEP informó otra vez que se había decidido ampliar en otras dos semanas (cinco más que la fecha original) el plazo de adjudicación, el que ahora sería el 28 de marzo.

¿Fecha definitiva? No. El 3 de febrero se les volvió a comunicar a los interesados que el nuevo plazo de adjudicación sería el 6 de abril. La DEP, en todos los escritos, recordó que las bases le permiten ampliar el plazo hasta en 30 días hábiles para adjudicar.

Pero ¿por qué el atraso en este proceso de licitación? ¿Qué ocurre con los compromisos de fechas que hizo el ministro Ávila? “La DEP, en el segundo semestre de 2022 comenzó el trabajo de estudio y diseño del proyecto del Catastro de Infraestructura Escolar”, señalan, dentro de otras cosas, desde la propia DEP, donde añaden que a la fecha “ya se avanzó en la licitación, la que está en proceso”.

Las proyecciones, eso sí, ahora son mayores y se distancian en casi un año de la idea original del ministro Ávila.

“Se proyecta que durante el segundo semestre del presente año se comience con el levantamiento de información en los territorios”, cierran.

El Mineduc quiere hacer este nuevo catastro luego de que en 2022 se evidenciaran serios problemas de mantención en numerosos recintos educacionales del país tras el retorno a la presencialidad tras la interrupción de las clases por la pandemia.

Y si bien la cartera les hizo frente a las situaciones más complejas con el Fondo de Infraestructura Escolar de Emergencia, su idea de catastro corría por un carril paralelo. El gobierno anterior, bajo la administración de Raúl Figueroa, por cierto, también anunció un nuevo catastro nacional, pero solo se quedó en un piloto que arrojó un déficit de 14,4% de los 311 recintos analizados.

“La actualización del catastro es necesaria para definir la política de inversión en infraestructura. Esto es prioritario, porque la Ley Miscelánea postergó la entrada en vigencia de los Servicios Locales de Educación Pública y una de las limitaciones es la infraestructura”, dice Ana Luz Durán, decana de la Facultad de Educación de la U. San Sebastián, quien añade que la infraestructura “es una tarea que atañe directamente al ministerio y a la institucionalidad desplegada a nivel territorial, por lo tanto el foco debe ser una gestión ágil”.

A su vez, Alejandra Grebe, hasta junio de 2022 directora de la DEP, insiste en que el catastro actual (2012-2013) “necesita urgentemente una actualización” y que, por lo tanto, “hoy se necesita tener la información pertinente, actualizada y real de las condiciones de los establecimientos educacionales a nivel nacional, que permita generar políticas de infraestructura escolar que, por una parte, se hagan cargo de las reales necesidades y, por otra, puedan generar impacto en la mejora de los aprendizajes de los alumnos”.

Y así como ellas, Ruth Arce, directora de Pedagogía Media en la U. Diego Portales, asegura que la idea de actualizar este catastro “está directamente relacionada con los reclamos a lo largo del tiempo por parte de los estudiantes: muchos de los establecimientos no cumplen con los estándares necesarios para tener un buen proceso de aprendizaje”. Y suma: “La idea de un catastro para determinar la complejidad de lo que se quiere hacer va en un sentido correcto (…); hay necesidades complejas en el Ministerio de Educación pospandemia y es probable que todo haya influido en que este catastro no se haya realizado”.

El catastro no es lo único que tiene pendiente por estos días la cartera. Cuando presentó su Plan de Reactivación Educativa, uno de los ejes del Mineduc estaba relacionado con la convivencia y la salud mental. Inicialmente, en este ámbito se creó un programa (‘A Convivir se Aprende’) que benefició a 60 comunas del país, donde se observaba violencia escolar tras el retorno a la presencialidad, con un presupuesto de $ 1.500 millones.

Junto con la llegada del nuevo año y fruto de la evaluación positiva que hizo Educación del plan, en enero se anunció la ampliación del programa a un total de 100 comunas durante 2023. El Mineduc detalló que esto beneficiaría a más de 2.100 establecimientos educativos y a más de 1.200.000 estudiantes. Sin embargo, las nuevas comunas beneficiadas no fueron informadas y, consultados por La Tercera por ese detalle, tampoco lo revelaron, toda vez que sería anunciado en los próximos días.

Joaquín Walker, secretario ejecutivo del Plan Reactivación Educativa que tiene bajo su alero el programa, señala en todo caso que las nuevas comunas han sido priorizadas asegurando cobertura nacional “a partir de un conjunto de indicadores”, entre los que se cuentan denuncias reportadas por la Superintendencia de Educación, el Índice de Vulnerabilidad Escolar, consultas a través de las Seremis de Educación y un criterio de urgencia aplicado por desastres socionaturales ocurridos durante febrero en la zona sur del país. Es decir, la definición final de cuáles serían las comunas beneficiadas se zanjó posterior al anuncio.

Con todo, la decana Durán cree que “esto no tiene que ser 60 o 100 comunas, tienen que ser todas, porque la salud mental no mira niveles socioeconómicos, todos están afectos a los mismos problemas de salud mental”. Y se pregunta: “¿En base a qué vas a discriminar? Eso no tiene ningún sentido. Esta tiene que ser una política nacional. Hay que buscar los recursos necesarios”.

“Se ha considerado una implementación gradual del programa, ampliando su cobertura cada año, de acuerdo a un trabajo en alianza con universidades de todo el país y los resultados de una evaluación de impacto que permita escalar en base a resultados”, retruca al cierre Walker.