El último intento del CDE para evitar el adiós de Rutherford

Era uno de los primeros allanamientos en las dependencias del Edificio Bicentenario del Ejército, cuando la arista “empresas de turismo” -donde procesó a altos oficiales por quedarse con dinero en efectivo y prolongar sus viajes oficiales para vacacionar- comenzaba a preocupar en el mando de la institución castrense.

Ese 18 de noviembre de 2018 la ministra Romy Rutherford, en compañía de efectivos de la PDI, buscaba la documentación referida al pago de pasajes y fletes a efectivos militares, pero algo no le cuadró cuando le entregaron dos archivadores. “El coronel Concha y el coronel Cornejo hacen entrega, mediante acta firmada por este último, de nueve carpetas conteniendo información que dice relación con la investigación. Hacen entrega de dos libros, el primero presentaba claros indicios de haberle sido arrancadas las 20 primeras páginas y encontrándose el resto en blanco”, dejó consignado en uno de los procesamientos del caso.

Fue una de las primeras alertas de una serie de desencuentros que tuvo con la institución. En ese entonces, Rutherford llevaba más de un año en la investigación, luego de asumir la causa el 3 de marzo de 2017, cuando fue designada para tomar la posta del entonces ministro en visita del fraude en el Ejército, el juez Omar Astudillo. Seis años después, será la jueza la que entregará el testimonio a una de sus colegas de la Corte de Apelaciones de Santiago (Jenny Book o Ana María Osorio) cuando termine su visita en la causa fijada para el próximo lunes 4 de septiembre.

Ese día, Rutherford entrega un caso que la hizo conocida ante la opinión pública y donde encausó a 68 uniformados, entre ellos, en un hecho inédito, a los últimos cuatro comandantes en jefe del Ejército: Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), Humberto Oviedo (2014-2018) y Ricardo Martínez (2018-2022). El procesamiento de este último, sin embargo, fue revocado después por la Corte Marcial.

Por estos días, la jueza comenzaba a preparar su salida sin bajar el ritmo de una investigación que le valió ser escoltada por dos carabineros del departamento PPI, alegaciones en su contra ante el Tribunal Constitucional (TC) y analizar 2.670 archivadores guardados en una bóveda.

Pero cuando estaba preparando su salida, entre los intervinientes de la causa comenzó a rondar una idea: existía una remota posibilidad de que Rutherford siguiera a cargo de las pesquisas.

Fue el martes 22 que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó un escrito ante la Corte Suprema para extender la visita de Rutherford en la causa.

El plazo que pidió el organismo es de seis meses más, tomando en cuenta que ya se le había renovado una primera vez, en 2020, y, luego, en marzo de 2022, tras aprobarse una indicación a la denominada “Ley Rutherford”. Por eso, se le concedió una extensión más, hasta el 4 de septiembre de 2023.

Esa facultad legal permitía la extensión por seis meses y eso es lo que busca ahora el CDE, “por última vez y por el lapso indicado”, por lo que expuso una serie de consideraciones ante el máximo tribunal.

En ese sentido, detalló en un escrito que “consta en la actualidad de 48 cuadernos en diferente situación procesal, que se tramitan en 377 tomos, 1.651 archivadores con documentación remitida por distintos órganos, como la Brigada Anticorrupción, Ejército, Contraloría General de la República, entidades bancarias y otras tantas carpetas y legajos que suman 2.669 volúmenes de información, todos los cuales han servido de sustento a los numerosos autos de procesamiento y sentencias dictadas en ellos”.

Según el CDE, hay aristas con sentencias y otras listas para fallo de primera instancia. En total se han dictado 12 condenas desde que Rutherford asumió la causa en que les imputó a los generales (R) Izurieta, Fuente-Alba y Oviedo malversar, entre los tres, más de $ 14.300 millones en gastos reservados.

El CDE considera que en seis meses la causa puede quedar más encaminada para quien asuma las pesquisas. Ello, dado que hay diligencias pendientes y que están próximas a ser resueltas.

“Sólo entre el 1 de enero y el 18 de agosto, la ministra ha tomado 103 audiencias entre declaraciones y careos; ha practicado 12 incautaciones, tanto en dependencias del Ejército como en empresas particulares, y ha despachado órdenes de investigar y/o instrucciones particulares para ser diligenciadas por la Brigada Investigadora Anticorrupción. En este punto es importante destacar que a la fecha existen 67 órdenes de investigar e instrucciones particulares pendientes de entrega”, detalló el Consejo al máximo tribunal.

El CDE expuso que la jueza reiteró la entrega de los informes pendientes a la PDI, pero que no se lograron destrabar, pues entre carga laboral y la pandemia, los tiempos de respuesta se ralentizaron. “Como resulta evidente, dichos informes resultan absolutamente necesarios para el progreso de la indagación y la adopción de las decisiones de fondo que corresponda”, argumentan.

El escrito da cuenta de que cualquier juez o jueza que asuma la investigación deberá analizar todo lo que resta y recibir los informes pendientes, por lo que necesitará de un tiempo considerable, demorando, otra vez, el trámite de un caso que comenzó en 2014. Es por eso que consideran que en seis meses, Rutherford puede cerrar flancos y finalizar el ciclo.

Este lunes la Corte Suprema decidirá qué hacer con una solicitud que busca frenar el adiós de Romy Rutherford.