Guía para entender los reproches de Contraloría por transferencias a fundaciones

Un golpe certero en el marco del denominado caso “líos de platas” fue el que dio Contraloría la jornada del jueves.

En poco más de dos horas de exposición en la Cámara de Diputados, el contralor Jorge Bermúdez dio a conocer el resultado de 15 auditorías realizadas a las Seremis de Vivienda del país y a nueve gobiernos regionales. Dio cuenta, de esta forma, que en prácticamente todos los convenios de transferencias se produjeron irregularidades.

Y es que si bien en las distintas reparticiones las jefaturas cambian, las falencias y la falta de control se repiten en las diferentes zonas que ejecutaron dineros del programa de Asentamientos Precarios. Por lo mismo, todos los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público para que se pesquisen eventuales delitos.

Según se lee en los informes, se evidenció que en la mayoría de los tratos no se exigían boletas de garantía o vale vista como medio de respaldo, que no había procedimientos de control para evitar eventuales conflictos de interés, que en varias zonas no se solicitaban los planes de trabajo, y que tampoco las entidades contaban con herramientas formales para seleccionar a las ONG que se adjudicarían determinados proyectos.

Eso, en definitiva, se tradujo en que en prácticamente la totalidades de las entidades se realizaran tratos directos sin que hubiese argumentos sólidos para ello y, además, en que luego no se verificara que los fondos se destinaron para cumplir con objetivos fijados.

Y todo esto, como detalló Bermúdez en su exposición, se dio producto de que la normativa que se tiene actualmente es insuficiente y abre la puerta a que faltas a la probidad proliferen.

“Esta falta de institucionalidad hace que el virus de la corrupción se filtre”, señaló el contralor, agregando, además, que al tener “mecanismos tan débiles”, puede ocurrir que las situaciones detectadas se repliquen.

Las observaciones, por cierto, también dejaron en pésimo pie a las fundaciones implicadas. Aunque a algunas en una peor situación que a otras.

De acuerdo con los antecedentes reportados por Contraloría, EnRed Social es una de las entidades privadas que recibieron recursos desde reparticiones gubernamentales que más se repite a lo largo de los informes. Aquello, porque cerró proyectos con nueve de las 15 Seremis auditadas: Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Su presidenta y directora ejecutiva es Carolina Andrea Pérez Fierro, y de acuerdo con el Registro de Colaboradores del Estado comenzó a recibir fondos públicos desde 2021.

Luego de que estalló el caso, desde Vivienda ya le han pedido la restitución de fondos por incumplimiento de convenios. Sin embargo, ellos han señalado que se trata de actos arbitrarios.

Otra de las entidades que se critica es Enlace Urbano, que registra 24 convenios con Seremis de Vivienda entre 2021 y 2023. Ha recibido, por lo mismo, más de $2 mil millones.

Suscribió tratos en las regiones de Arica, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, La Araucanía y Los Ríos. Se suma a estas entidades la Fundación ProCultura, que tiene tratos con el Estado desde 2010, pero que comenzó a realizar labores ligadas a Vivienda en 2021.

En el marco de la revisión de Contraloría se le cuestiona por tratos sellados con la Seremi de Antofagasta, Atacama, Valparaíso, O’ Higgins y Biobío, y también con los gobiernos regionales de Antofagasta, Biobío y Magallanes.

Su participación en el programa de Asentamientos Precarios ha sido ampliamente cuestionada en la esfera política, dado que su giro está más bien ligado a asuntos culturales y a que su fundador, Alberto Larraín, sería cercano al Presidente Gabriel Boric.

Por aquello, justamente, se le consultó al jefe de asesores del Mandatario, Miguel Crispi, en su comparecencia a la comisión investigadora, aunque este negó cualquier tipo de vínculo.

En los tres casos, y en el resto de las fundaciones pesquisadas, Contraloría detectó varias falencias.

Durante la revisión, además, Contraloría también auditó los procesos seguidos por la Subsecretaría de Vivienda e igualmente se enviaron los antecedentes tanto a la Fiscalía como al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Eso, porque de acuerdo con el detalle entregado por los auditores, también se detectaron falencias como falta de manuales formales para definir las asignaciones directas, carencia de sistema para definir a los organismos colaboradores, procesos desactualizados, falta de registros, entre otros asuntos.

Además, advirtieron, no se monitoreaban las transferencias realizadas y que varios de los controles que se hacían eran mediante planillas Excel.

Aquello dio cuenta de que el desorden detectado por el ente contralor no era una cuestión local, sino que era un asunto irregular que venía desde el nivel central. Desde la entidad “jefa del servicio” -es decir Subsecretaría- para abajo hay inconsistencias que corregir.

Incluso, Contraloría detectó que había 406 casillas de correo asociadas a un RUT que no está vinculado a ninguna contratación por parte de esa repartición pública, y 89 cuentas de Microsoft Active Directory que se encuentran activas y asignadas a exfuncionarios que, al 31 de agosto, no desempeñan labores en el servicio.

“La situación detectada implica que personas, que no son funcionarios de la institución, puedan tener acceso a los medios de intercambio de información, exponiendo al servicio a que eventualmente se efectúe el uso indebido de estas casillas de correo u otro sistema de la entidad, pudiendo acceder a datos confidenciales, modificar y/o eliminar información crítica en forma no autorizada”, se detalló en el informe.

Cabe hacer presente que en atención a varias de estas falencias ya se concretó la salida de la subsecretaria Tatiana Rojas a fines de junio.

Frente al desorden detectado por Contraloría, desde el Ministerio de Vivienda fueron enfáticos en sostener que se han dispuesto una serie de medidas para responder a las observaciones realizadas por el organismo.

Como destacó el ministro Carlos Montes, en agosto pasado se dispuso una agenda de modernización, probidad y transparencia con 19 acciones concretas, que se han estado implementando, según precisó, para subsanar los problemas en la forma en que se relaciona el programa de Asentamientos Precarios de la cartera con las fundaciones. Recalcó que acá se trata de una falla del modelo en su totalidad.

Insistió en que acá “se requiere una ley sobre transferencias a privados”, ya que ahí radican los conflictos. En el intertanto, anunció que se optará por trabajar mucho más con Serviu -solicitando ampliación de facultades-, y el trabajo con ONG se reducirá a un 10%.

Además, como se advierte que hay casos donde derechamente hubo corrupción, el ministro enfatizó que “tienen que seguir las investigaciones, tiene que sancionarse a los responsables”.

El ente contralor, además, cuestionó los traspasos efectuados por nueve gobiernos regionales e identificó como principales falencias la falta de un procedimiento para la selección de las entidades, carencia de análisis de las competencias de dichas fundaciones, no se exige el cumplimiento del trabajo y, lo que es peor, la autoridad no sigue “la ruta del dinero” ni exige la rendición de cuentas de millonarias transferencias.

Por lo mismo, y dado que los montos involucrados son bastante abultados, el contralor instó a fortalecer la normativa.

“Estamos frente a un sistema débil que genera riesgos, pues carece de una regulación mínima que permita una selección adecuada y transparente de las entidades ejecutoras y que vele por su respectiva idoneidad”, sostuvo.