Hassler remueve a funcionarios clave en fallida compra de Clínica Sierra Bella

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), anunció este viernes que pidió la renuncia al abogado jefe de la Unidad Jurídica, Jean Pierre Chiffelle, y al director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) del municipio, Luis Mayorga.

Se trata de los funcionarios municipales que fueron claves al momento de gestionar la polémica compra del edificio de la Clínica Sierra Bella, con la intención de implementar allí un nuevo recinto de salud comunal.

Las medidas adoptadas responden al lapidario informe emanado de Contraloría el jueves 13, que objetó la adquisición -impulsada por la jefa comunal y respaldada por el concejo- y sostuvo que el precio que se pretendía pagar era injustificado.

Al ser consultada por cuestionamientos de diputados de oposición que hablan de abandono de deberes, explorando opciones para pedir su renuncia, la alcaldesa replicó acusando “oportunismo” de ese sector.

“No hay ningún fundamento para aquello, pero, además, lamentamos el oportunismo político de la derecha que ha estado presente no solo en este, sino en distintos momentos de nuestra administración”, dijo.

Asimismo, sostuvo que los tasadores que pagó la Municipalidad de Santiago “tienen que dar las explicaciones frente a la justicia” y confirmó que se presentarán querellas contra los tres profesionales “a propósito de las observaciones que ha hecho la Contraloría”.

Contraloría abrió un sumario y en medio de esa indagatoria surgen los nombres de los funcionarios que fueron desvinculados y la eventual responsabilidad administrativa de la propia Hassler.

Y es que a lo largo del intento de compra -desde enero, cuando se supo de esta, a la fecha- la edil defendió a brazo partido los pasos que se iban dando para adquirir el recinto. La necesidad de un centro de salud, de hecho, nunca fue muy cuestionada, como sí lo fue el proceso de adquisición.

En más de seis reuniones del concejo municipal, la máxima autoridad santiaguina fue interpelada por algunos de sus miembros y en todos y cada uno de ellos defendió su accionar y el del municipio, desatendiendo las críticas que incluso puertas afuera a esa altura ya le hacían por el alto precio que estaban dispuestos a pagar. Siempre dijo haber entregado todos los antecedentes que le solicitaron, y aun cuando el futuro de su proyecto se complejizaba, ella esperaba entregar a la población “un inmueble y servicios que se requieren con urgencia”.

“Estoy muy contenta y como equipo estamos muy contentos de poner a disposición del concejo municipal esta adquisición de un inmueble de salud que tiene tremenda relevancia para nuestra comuna”, decía, por ejemplo, el 18 de enero, relevando que su comuna tendría la primera clínica de salud municipal del país y que el proyecto tenía mucha relevancia para seguir avanzando con la infraestructura de la comuna. “Ha sido un trabajo muy articulado para poder llegar a generar una propuesta responsable, seria y que pueda realmente generar un cambio profundo en la atención primaria de salud de Santiago”, señalaba con ahínco.

Jean Pierre Chiffelle, que en el pasado había trabajado como abogado del presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, y del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, fue un negociador clave del proyecto y lo defendió en más de una oportunidad.

En el concejo del 18 de enero y luego de que el concejal Santiago Mekis (RN) pidiera la máxima claridad posible tras contar que les había llegado la información de que la exclínica estaba publicada en Portal Inmobiliario “a un precio harto menor”, el militante PC y entonces director jurídico tomó la palabra y expuso que el “precio justo” era el resultado de las tasaciones realizadas y que la municipalidad encargó dichos estudios a profesionales independientes -hoy también cuestionados por Hassler- y en base a aquello establecieron los valores. El profesional no sólo había sido parte del equipo negociador de la compraventa, sino que validó la escritura y se involucró en las tasaciones. Fue él, de hecho, uno de los tres receptores del correo electrónico donde el representante legal de la Inmobiliaria San Valentino comunicaba que aceptaba la oferta monetaria por la compra. Fue él también quien había estado involucrado en la fallida compra de Carmen 35, negocio que no se concretó y que dio paso a Sierra Bella.

Pero Chiffelle no estuvo solo en el proceso de negociación. Hubo otros personeros relevantes en ese camino. Uno de ellos es Luis Mayorga, ahora exjefe de la Secplan y al que, dicho está, Hassler también le pidió la renuncia. Él, independiente políticamente, aunque ligado a la Concertación en el pasado, es geógrafo y fue administrador municipal en Conchalí, Paine, Huechuraba, Cerro Navia y Buin.

Asimismo, Beatriz Chamorro es otra de las apuntadas por su activo rol en la búsqueda de un inmueble que cumpliera con las necesidades del fracasado proyecto. Según conocedores del proceso, las primeras diligencias realizadas por la profesional llevaron a que Chiffelle comenzara a recopilar los antecedentes necesarios para formalizar una oferta. Y eso derivó en que la Secplan encabezada por Mayorga pidiera las tasaciones correspondientes, conclusiones que luego fueron presentadas a la alcaldesa.

Y es que aunque Hassler no le pidió la renuncia y ella se mantiene en el cargo, lo cierto es que Chamorro fue otra de las más férreas defensoras de la adquisición, no sólo puertas adentro. De hecho, en conversación con La Tercera el pasado 24 de febrero, señaló que la adquisición era por “un precio justo”. “Obvio que nos llamó la atención esa diferencia en el precio (...), pero Sierra Bella nos permitía estar operando más rápido”, sostuvo.

Este viernes, la Asociación de Profesionales y Técnicos emitió un duro comunicado criticando la gestión de Hassler. “Lamentablemente, la situación observada por Contraloría es una más de una larga cadena de situaciones irregulares, como “jefes” que no son jefes; “directores” que no son directores y una serie de asesores que duplican funciones, entorpecen procedimientos y provocan una gestión paralela partidista, tratando a los funcionarios y funcionarias con desdén y en muchos casos derechamente con desconfianza y malos tratos”, denunciaron.