Jaime Gajardo, subsecretario de Justicia: “La corrupción en Gendarmería puede ser letal y seremos inflexibles con cualquier atisbo de falta a la probidad”

Desde que asumió como subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo se abocó, entre otros asuntos, a diseñar un plan para actualizar el sistema penitenciario nacional. Dice que dentro del sistema de justicia este aspecto había quedado “olvidado”.

En su gestión ha puesto énfasis en aumentar la capacidad de los penales, pero también en la disposición de herramientas que permitan controlar a bandas que podrían estar operando desde recintos carcelarios. Según su registro, hay al menos 600 internos vinculados al crimen organizado.

El exdirector de Gendarmería ha sido enfático en que la situación en cárceles respecto del crimen organizado es crítica. ¿Cuál es la evaluación del gobierno?

Desde que asumimos hemos visto dos fenómenos: el aumento exponencial de las personas privadas de libertad y el aumento de las personas más peligrosas al interior de los penales, dentro de los cuales se encuentran personas vinculadas con el crimen organizado. Para ambos fenómenos hemos tenido un trabajo específico concreto. Lo más relevante para nosotros es que el Estado tenga el control total de los establecimientos, y eso es precisamente lo que tenemos actualmente.

¿Existe una gran amenaza de que ciertas bandas puedan tomarse penales o sectores de ellos?

Nosotros tenemos situaciones complejas en distintos establecimientos penitenciarios. Sin embargo, estamos tomando todas las medidas para no solo desbaratar las bandas de crimen organizado, sino que para que Gendarmería mantenga el control de todos los establecimientos. Situaciones como las que se dieron en Venezuela, donde las instituciones estatales no pueden entrar a ciertos establecimientos, en Chile no las tenemos. De hecho, en junio del año pasado inauguramos los allanamientos nacionales y masivos, y lo hemos hecho a todos los establecimientos penitenciarios del país, todos los módulos. Nuestro país mantiene un control.

Cuando habla “situaciones complejas”, ¿a qué se refiere?

Hemos presenciado situaciones que no se habían dado con tanta ocurrencia o tanta gravedad. Vimos una extorsión en Santiago 1, pero intervenimos directamente: trasladamos a los reos que estaban realizando estas extorsiones a módulos de alta seguridad en distintos penales y desbaratamos esa situación. También, producto de la persecución penal más efectiva que ha tenido el Ministerio Público en conjunto con las policías, se han desbaratado células peligrosas del Tren de Aragua, y hemos tenido que distribuir a los líderes en distintos penales. Hemos tenido que enfrentar problemas que antes eran muy excepcionales, con mayor ocurrencia en menos tiempo, y hemos tomado todas las medidas.

¿Qué medidas?

Al asumir existían solo seis módulos de alta seguridad en las 81 cárceles chilenas, y hoy contamos con el doble de esa capacidad. Adjudicamos la primera de las licitaciones que nos va a permitir tener a los tres principales establecimientos penitenciarios de Santiago -Santiago 1, Santiago Sur y el recinto de alta y máxima seguridad- con inhibición de la telefonía celular, y que estará funcionando de aquí a fin de año. Esto se complementa con una segunda licitación que es para 14 establecimientos penales más, lugares con las situaciones más complejas, para que también cuenten con este sistema dentro del primer semestre de 2024. Por otra parte, recibimos el sistema con ocho máquinas de escaneo corporal, pero la meta es aumentar esto progresivamente y ojalá tenerlos en todos los recintos en un plazo breve. Se suman los allanamientos masivos, trabajos en la seguridad perimetral de los centros complejos, y estamos creando la Unidad Especial de Investigación Criminal del Crimen Organizado al interior de Gendarmería.

¿Tienen claridad de cuántas personas vinculadas al crimen organizado hay actualmente en los distintos penales?

Son aproximadamente 600 personas las que estarían vinculadas a estas bandas, concentradas principalmente en la Macrozona Norte y en la Región Metropolitana. El crimen organizado es una de las principales amenazas que hay para el Estado de Derecho en el mundo; pero más que constatarlo, hay que tomar las medidas para enfrentarlo.

¿Cómo evalúa a los funcionarios de Gendarmería? Hay casos donde han hecho noticia por trabajar con bandas.

Los funcionarios de Gendarmería requieren de condiciones dignas de infraestructura, condiciones dignas en su lugar de trabajo y en su carrera funcionaria para evitar y prevenir cualquier atisbo de corrupción. La corrupción en Gendarmería puede ser letal, y seremos inflexibles con cualquier situación que implique una falta a la probidad o que ponga en riesgo la seguridad de los recintos penitenciarios, la vida de los funcionarios o su integridad.

¿Qué tan lejos estamos de cruzar una línea roja en ese sentido?

Se están tomando las medidas para que esta institución tenga las capacidades operativas para enfrentar el crimen organizado. No podemos permitir que sea cooptada por bandas vinculadas con el crimen organizado. Si eso ocurre, lamentablemente estaríamos en riesgo en general.

¿En qué medida las acciones que han dispuesto rinden frutos si la sobreocupación de los penales puede impedir mayor segregación?

Este último año y medio hemos tenido un aumento explosivo de personas privadas de libertas y a raíz de eso, lo que nosotros hemos estado haciendo es no sólo mejorar nuestras capacidades para enfrentar el crimen organizado, sino que también hacernos cargo de una de una proyección estadísticas de que de aquí al 2030 superaríamos las 60.000 personas privadas de libertad.

La capacidad de nuestro sistema penitenciario desde el año 2012 hasta el año pasado, era de 42.000 personas privadas de libertad. Tenemos una brecha. Por eso iniciamos un plan de infraestructura que cuenta con distintos ejes. Se están reaperturando recintos, continuamos procesos de habilitación, se están diseñando nuevos establecimientos y, además, tenemos un proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso, que nos va a permitir descongelar los planes reguladores para ampliar recintos penitenciarios.

¿Se va a avanzar en el proyecto de prisión preventiva telemática que anunciaron?

El ministro de Justicia ha seguido trabajando en un proyecto de ley que nos permita establecer una medida cautelar intermedia entre el arresto domiciliario y la prisión preventiva, que sería el control telemático, con el objeto de que todas aquellas personas que eventualmente no van a tener una condena privativa de libertad, puedan acceder a esta. Estamos ya en los detalles finales.

Desde distintas instituciones se ha sostenido que la situación del crimen organizado está relacionada con el ingreso de migrantes por la vía irregular. ¿Eso también influye en los penales?

Hemos tenido un aumento de las personas extranjeras al interior del sistema penitenciario y parte de las bandas peligrosas que tenemos registradas, y parte de los delitos más graves que se han cometido en el último año, han sido perpetrados precisamente por extranjeros. Yo no haría una correlación, pero tampoco ocultaría el hecho de que bandas peligrosas, efectivamente, están compuestas por extranjeros.

Gendarmería ha detectado situaciones de riesgo, como intentos de rescate. ¿Es un fenómeno al alza?

Para la tranquilidad de la población, el número de fugas que tiene nuestro sistema penitenciario es muy bajo, son una veintena por año aproximadamente. Eso más o menos se ha mantenido estable. Son fugas que generalmente se producen en los traslados y son fugas no de las personas que se encuentran en módulos de alta o máxima seguridad.

No hemos tenido rescates en nuestra historia reciente y eso es muy relevante. Por cierto hemos tenido alertas, pero hemos podido enfrentarlas con la anterioridad que se requiere para que estas cosas no ocurran.