Jorge Insunza (PPD), candidato a consejero: “Necesitamos un Estado social preciso, sin transformarlo en un programa de gobierno”

Jorge Insunza
Foto: Andres Perez

El aspirante al Consejo, además, emplaza a la oposición en el debate de los derechos sociales. “La derecha cometería el mismo error que la Convención y la Constitución del 80 si impone el principio ideológico de la subsidiariedad dentro de la Constitución”, dice.


El abogado, exministro y exdiputado Jorge Insunza (PPD) quiere disputar uno de los tres escaños del Consejo Constitucional que se repartirán en Coquimbo. La zona ya la conoce cuando fue diputado. Esta será su segunda campaña y está esperanzado. “Yo soy de aquellos que disfrutan las campañas. Uno va descubriendo mundos que van permitiendo comprender otras dimensiones de la vida real. Cuando fui diputado por la zona sur de Coquimbo yo sentía que esto es algo que hace bien al alma”, sostiene.

¿Cómo será hacer campaña separados del PS, sus aliados históricos?

Yo estoy muy contento con la decisión que tomó el PPD porque marca una señal, que es la de poner término a esta actitud acomplejada respecto al Frente Amplio. Esto fue un punto final respecto de eso. No tiene que ver solo con la identidad del PPD o de otra fuerza, sino que tiene que ver con entender que el destino del país se juega con un proyecto de izquierda moderna y democrática como la que nosotros representamos porque nosotros tenemos diferencias políticas e ideológicas importantes con el Frente Amplio.

¿Como cuáles?

Para mí el Frente Amplio es más parecido a la izquierda peronista argentina que lo que representa la historia de la izquierda chilena. Ellos reivindican a Allende, pero en definitiva tienen una política más cercana a lo que representó Perón o ese nacional populismo corporativista, que ahora tiene otras características. Por cierto ellos representan un proyecto nacional y por eso mucha de su agenda es antiglobalización. Tienen una tendencia populista y por eso fueron los primeros que iniciaron esta campaña de los retiros y el facilismo de que todo tenía una solución en base a la voluntad política. También tienden a ser corporativistas en una expresión algo distinta, no solo la representación más de gremio, que la tienen, sino que también en todos estos movimientos más identitarios que consideran que su causa es esencial e intransable.

¿Cree que esas diferencias podrían tener repercusión al interior del Consejo?

Este es un debate necesario de hacer para que el proceso pueda tener éxito. Nuestro rol es construir un acuerdo dentro de la diversidad. Ese es el modo más sano de abordarlo y eso es lo que nos va a llevar a evitar el maximalismo y evitar llenar la Constitución de un programa.

Varios dijeron que la decisión electoral del PPD es un suicidio político. ¿Con cuántos escaños se conforman?

Todas esas son conversaciones especulativas bien campañeras, pero poco útiles. Aquí hay un punto de referencia que son las últimas elecciones parlamentarias. La lista que hoy representa Apruebo Dignidad, el PS y el PL representan el 26% y si se suma lo que consiguió la DC, el PR y el PPD representamos el 11%. Cualquier resultado debería compararse con esas coordenadas. Más allá de eso, a nosotros nos interesa recuperar un proyecto socialdemócrata que tiene sus raíces en la renovación socialista de las últimas décadas y que tiene que expresarse hoy día con claridad y con fuerza.

¿Qué principios le gustaría impulsar en el Consejo?

Para mí la prioridad de la Constitución es cómo garantizar los derechos sociales que le permitan a la gran mayoría vivir mejor. Necesitamos un Estado social y democrático de derecho preciso, sin transformarlo en un programa de gobierno que rigidice el ejercicio democrático.

¿Cómo ve la arremetida de la derecha para tener un Estado social compatible con una subsidiariedad 2.0?

La derecha cometería el mismo error que la Convención y la Constitución del 80 si impone el principio ideológico de la subsidiariedad dentro de la Constitución. La definición de un Estado social y democrático de derecho es un concepto jurídico que establece que los derechos sociales tienen una importancia equivalente a los principios democráticos y a los principios que rigen el Estado de derecho y, por lo tanto, pasan a ser garantizados. Es un concepto jurídico, no un programa de gobierno. Alguien podrá discutir si tendrá más las características de un Estado de bienestar o que esta provisión de los derechos puede tener una mayor participación de la sociedad civil o de privados. Si insisten en eso, cometerán el mismo error de los convencionales y el error que queremos dejar atrás de la Constitución de 1980.

¿Qué ajustes al sistema político cree que es necesario hacer?

El Estado ultra centralizado que tenemos desde el siglo XIX no da para más. Ese estado centralizado se concibió cuando la población chilena era poco más de un millón de habitantes y hoy somos más de 19 millones. Por lo tanto, la estructura de toma de decisiones no puede ser la misma.

¿Y a nivel de la relación entre el gobierno y el Congreso?

Necesitamos garantizar la eficacia de las decisiones públicas y eso se garantiza con gobiernos que tengan una base mayoritaria en el país y en el Congreso. Actualmente llevas más de seis años discutiendo una reforma previsional y no se resuelve. Llevas más de 12 años discutiendo una reforma al sistema de salud e isapres y ahora solo vemos crisis. Entonces, si cada reforma importante se demora seis, ocho o 10 años, lo que se transmite a la ciudadanía es que tienes un sistema político inútil que no es capaz de resolver los problemas que inquietan al país.

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