Juan Carlos Manríquez: “Aprobaré, a pesar de que varios convencionales se tomaron su trabajo como Guasón o bromista”

Fue una decisión que -dice- le costó tomar por varias razones, pero principalmente por cómo se llevó a cabo el proceso de redacción del texto de la nueva Constitución. Sin embargo, tras analizarlo y leer la propuesta de los constituyentes decidió que votará Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre, pero siempre en el entendido de que es necesario mejorar y aplicar las reformas necesarias.

El abogado penalista Juan Carlos Manríquez, formado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, dice que confía en las instituciones, en especial, “de las nuevas dirigentas de tiendas históricas, como Paulina Vodanovic (PS), a quienes sí conozco y sé que están bien inspiradas en un compromiso sólido en lo social y en lo democrático, y por eso aprobaré”. Esto, lanza, “a pesar de que varios convencionales se tomaron su trabajo como Guasón o bromista, y otros, ahí presentes, fungieron como excitados padres, madres o tíos buena onda de la Patria así creada, como si se tratara de reescribir el Génesis”.

¿Aprobará, pero para reformar?

Para eso es necesario que antes del 4 de septiembre el gobierno y las dirigencias de esos partidos demócratas y socialmente comprometidos con el siglo XXI nos digan con total claridad qué, cómo, cuándo y con cuáles urgencias se modificará el texto que ha propuesto la Convención una vez aprobado. Ya no hay neumáticos de repuesto para la Constitución de 1980, reformada en 2005.

Algunos abogados -y también los expresidentes Frei y Lagos- han advertido que el Sistema de Justicia, el cual reemplaza al Poder Judicial, es un mal cambio. ¿Qué le parece a usted?

Ciertamente, como viene diseñado el Consejo Superior de la Justicia, y considerando al Poder Judicial como un servicio más, es un riesgo serio y grave que debe ser evitado.

¿Cree que se pone en riesgo la independencia de los jueces, considerando la revisión “administrativa” de sus resoluciones?

Las experiencias recientes acerca del funcionamiento de estos diseños de control del “juez funcionario” en Europa y en América del Sur han sido pésimas, e incluso se han vuelto contra sus propios primeros usuarios. Es cosa de ver lo que ocurrió con Baltasar Garzón en España, o como en Perú, hasta con interceptaciones de teléfonos ilegales entre sus miembros incluidas. Se ha usado para deshacerse del que no se quiere en el camino. En eso, antes del 4 de septiembre, también debe haber total claridad.

¿Era necesario cambiar el Poder Judicial?

En algunos aspectos, sí. Por ejemplo, en la gestión de recursos económicos, comisiones de mejoramiento, administración de apoyos que no formaban parte de la función jurisdiccional, los asuntos disciplinarios internos. Esto lleva a que los ministros de cortes superiores, y otros jueces de instancia, tengan una carga excesiva de asuntos no judiciales, los que algunos asumen con más entusiasmo, y eso distrae u otorga cuotas de poder adicionales.

¿Y lo de la justicia indígena?

En cuanto a lo orgánico y competencial, la justicia indígena separada de la justicia para el no indígena, de la manera que está descrita en el texto, más bien es un ensayo de sociología jurídica que una propuesta normativa seria y meditada.

¿Corre riesgo de politizarse el Consejo de la Justicia al ser compuesto totalmente por el gremio de los jueces?

Si no aprendemos cómo evitar las malas experiencias comparadas, y sin contrapesos reales, evidentemente que sí existe ese peligro latente.

¿Cuál es su interpretación de lo que debe pasar el 5 de septiembre? Carlos Peña, por ejemplo, señala que el Presidente Gabriel Boric está en lo correcto al decir que lo que rige es la votación del 25 de octubre del 2020, es decir, que tiene que respetarse la voluntad de una nueva Convención...

Como todo en Derecho hay distintas interpretaciones. Concluyo que el mandato de generar una Convención Constitucional para redactar y presentar un texto ya se agotó, y no se renueva o supervive de forma automática. Dado que Chile ya no quiere la Constitución del 1980–2005, y si esta nueva propuesta no es de recibo de la mayoría democrática, entonces, será menester que el gobierno y el Congreso, más que un baño de realidad, se pongan serios y piensen más allá de su propia subsistencia. Se deben dar cuenta de que tienen la responsabilidad de conducir a un país y a millones de personas, no arrear votos clientelares, y así, modificar de nuevo la ajada Carta para hallar la salida, que no puede ser un nuevo vacilón constitucional.