La arremetida judicial de algunos carabineros para invocar Ley Nain

Fue el 14 de marzo que el destino de la Ley Nain cambió, a partir de un hecho que marcaría un lamentable derrotero para Carabineros. Ese día, el carabinero Álex Salazar falleció luego de ser atropellado por un conductor que se negó a ser controlado en Concepción. El general director de la institución, Ricardo Yáñez, golpeó la mesa: “Ya basta. Si queremos tener un país seguro, si queremos vivir en paz, entreguemos las condiciones, entreguemos las herramientas y trabajemos juntos para que las normativas y leyes entreguen las herramientas suficientes para salir a trabajar con tranquilidad”.

El llamado a tramitar con premuras las leyes que protegen el actuar policial, y que endurecen las penas contra quienes agredan a efectivos de Carabineros o la PDI, le valió un “llamado de atención” de la ministra del Interior, Carolina Tohá. Pero, con el tiempo, el “basta ya” de Yáñez encontró respuesta.

Ley Nain ingresó a la Cámara en diciembre del 2020 y en octubre del 2021 fue rechazada con votos del Frente Amplio, entre ellos, el del diputado y ahora Presidente Gabriel Boric. El 23 de marzo del 2022 la iniciativa volvió al Congreso, pero ahora con el rótulo de Ley Nain 2.0, pues se incorporaban nuevos elementos para hacerse cargo de las agresiones a los funcionarios.

Luego, esta legislación cambió de nombre a Ley Nain-Retamal, a partir del homicidio del carabinero Carlos Retamal, en San Antonio, en octubre del 2022. Así, la discusión de esta norma avanzó a paso lento, hasta marzo de este año, luego de que el homicidio del carabinero Salazar y el asesinato de la sargento Rita Olivares, el 26 de marzo, impulsaran el trabajo legislativo en esta materia.

Ahí, los ojos de Carabineros se volcaron al Congreso, siguiendo la discusión que iría en beneficio de quienes habían sido formalizados por delitos de apremios ilegítimos o lesiones, a partir del uso de sus armas de servicio, durante los últimos años.

El gobierno se sumó en darle urgencia a la Ley Nain-Retamal, aprobándose con algunas reticencias del Partido Comunista. Sin embargo, el tercer homicidio a un policía -el del cabo Daniel Palma- destrabó cualquier atisbo de duda en La Moneda: el 6 de abril, un día después del crimen, el Presidente promulgó la ley y cuatro días después ya estaba publicada en el Diario Oficial.

A partir de su entrada en vigencia, en Carabineros pusieron atención a tres disposiciones que interpretan así. La primera de ellas es la creación de una figura eximente de responsabilidad penal en caso de usar el arma de servicio en defensa propia o de un tercero. La segunda, respecto de la modificación introducida al delito de apremios ilegítimos, donde ahora se entiende como tal cuando el policía golpee a una persona, pero sólo cuando haya sido retenida o detenida. Y la tercera, que es quizás la que más los tiene preocupados hoy, es determinar el carácter retroactivo de sus disposiciones.

Esta última la anotaron como clave y así lo entendieron también las defensas particulares de algunos de los carabineros imputados o condenados por delitos de apremios ilegítimos o lesiones.

Es el caso del capitán (R) de Carabineros Mario Guzmán, imputado por los delitos de disparos injustificados y lesiones leves, quien fue acusado de generar diversas heridas al controlar una manifestación en Viña del Mar, en octubre del 2019, en pleno estallido social.

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar dictó veredicto condenatorio en contra de Guzmán, en febrero de este año. Sin embargo, el INDH llevó el caso a la Corte de Apelaciones por considerar que debía también ser sentenciado por el delito de apremios ilegítimos.

Como la causa aún está en estudio en la corte, su defensa, representada por el abogado Juan Carlos Manríquez, decidió presentar un escrito ante el tribunal de alzada invocando la Ley Nain-Retamal.

Ante el tribunal de alzada porteño, el profesional ingresó un escrito el mismo día que se publicó la ley. “Se ha producido un hecho relevante que es obligatorio hacer presente, en ejercicio del derecho (y deber) de la defensa técnica, el cual se haya amparado en la promulgación y publicación con fecha de hoy de la Ley N° 21. 560, conocida como ‘Ley Nain- Retamal’, la cual produce efectos hacia el futuro respecto de elementos objetivos del tipo penal de apremios ilegítimos y otros retroactivos pro imputado en esta causa, conforme a lo dispuesto en los incisos 2º y 3º del artículo 18 del Código Penal”, expuso al tribunal.

Manríquez agregó que “la promulgación y publicación de la Ley Nain-Retamal produce consecuencias de Retroactividad Benigna para la Legítima Defensa ‘específica’ y para la determinación del vago tipo de apremios ilegítimos, que en este caso concreto son relevantes, y es un deber para la defensa hacer presente, para que las tenga en cuenta al resolver según su mejor parecer, y que hacen desechar los planteamientos levantados por el Ministerio Público, el CDE y el INDH en la causa”.

El caso del capitán (R) Guzmán, por cierto, no es el único. En la causa en que fue formalizada la subteniente Javiera Navarrete, la Ley Nain-Retamal también apareció como una opción para ser invocada.

La uniformada fue acusada de apremios ilegítimos durante noviembre del 2019 en contra de un grupo de manifestantes, en La Serena. En su caso, la oficial estuvo en prisión preventiva, sin embargo, hoy cuenta con la medida cautelar de arresto domiciliario.

Esta investigación está en etapa de preparación de juicio oral, donde estaba prácticamente sellado un acuerdo con el Ministerio Público para arribar a un procedimiento abreviado.

La audiencia estaba fijada para el 18 de abril, sin embargo, la Ley Nain cambió los planes. Aunque desde su defensa evitan entregar declaraciones y adelantar la estrategia judicial, en el acta de esta instancia judicial se lee que “los intervinientes solicitan nuevo día y hora a objeto de arribar a un procedimiento abreviado, teniendo presente la reciente publicación de la Ley Nain-Retamal”.

La audiencia quedó fijada, finalmente, para el 24 de mayo.

El 6 de noviembre del 2019 ocurrió uno de los casos que más impactaron en la opinión pública durante el estallido social: en medio de una toma en el Liceo 7, en Providencia, el mayor Humberto Tapia disparó en el interior del establecimiento educativo.

Una de las alumnas denunció haber recibido un disparo, por lo que el INDH interpuso una querella en contra del policía. El oficial fue formalizado por apremios ilegítimos, fue a juicio y luego condenado a cinco años de cárcel. Sin embargo, el 10 de abril, la Corte Apelaciones de Santiago anuló el juicio y ordenó la repetición de este proceso, quedando fijado, ahora, para noviembre de este año y con la Ley Nain en pleno funcionamiento.

En este caso, se podría invocar la eximente de responsabilidad penal al usar su arma de servicio, algo que el abogado del capitán (R), Sergio Contreras, ya está analizando. “Luego de que la Corte de Apelaciones haya acogido nuestro recurso de nulidad y dada la promulgación de la Ley Nain-Retamal, estamos estudiando con detalle para saber si esa norma es aplicable a este caso”, sostuvo.

En Carabineros interpretan que la Ley Nain tiene efectos retroactivos. En esa línea, los funcionarios de Carabineros que hayan sido formalizados por hechos del 18 de octubre del año 2019 pueden invocar esta causal si fueron formalizados por lesiones o apremios ilegítimos en resguardo del orden público y seguridad.

Además, explican que como toda causal de justificación puede alegarse en el juicio oral respectivo, al momento de solicitar un sobreseimiento definitivo por exceso en el plazo de investigación (plazo razonable) o al pedir la modificación de medidas cautelares.

En el caso de los apremios creen que hasta antes de la nueva legislación, si un funcionario percutaba su arma no letal ya se configuraba este delito. Al cambiar esa disposición -creen- muchos funcionarios formalizados se podrían ver beneficiados.

Pero ¿cuántos carabineros podrían ser objeto de esta ley? Según cálculos internos de la institución, hay 130 efectivos imputados por este tipo de delitos, quienes estarían en condiciones de aplicar la retroactividad de la norma. Además, hay otros 13 casos de funcionarios que ya están condenados e igualmente accederían a estas nuevas prerrogativas.

Todo esto ya está siendo analizando por el departamento de Defensoría Jurídica de Carabineros, para analizar caso a caso y pedir la revisión judicial de sentencias e investigaciones.