La favorita de La Moneda para la Fiscalía Nacional

Eran los inicios de la Reforma Procesal Penal y el primer fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, estaba empeñado en fichar en su equipo a quien durante años fue la ayudante estrella en Derecho Penal del jurista y ministro de la Corte Suprema Enrique Cury Urzúa. Se trataba de la abogada María Elena Santibáñez Torres, quien finalmente arribó a la institución en 2001.

Once años después, la profesional ya no es parte del ente perseguidor penal, ya que el segundo fiscal nacional de la historia, Sabas Chahuán, le pidió su cargo en 2008, invocando pérdida de confianza. Sin embargo, Santibáñez por estos días busca su revancha y, según cercanos, evalúa seriamente postular al cargo que este 1 de octubre deja Jorge Abbott, la actual máxima autoridad del Ministerio Público.

Su nombre en los pasillos de La Moneda causa simpatía, ya que cumple con requisitos del perfil que busca la administración del Presidente Gabriel Boric, quien, tras la conformación de cinco candidatos que entrega la Corte Suprema, deberá proponer al Senado a el o la próxima fiscal nacional que ocupará el cargo por ocho años. En el Ministerio de Justicia, reconocen, quieren a toda costa que la próxima autoridad a cargo de la persecución penal en Chile sea una mujer. Por su capacidad técnica, desde un inicio la apuesta era la actual defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, sin embargo, por el poco manejo político de la titular de Justicia, Marcela Ríos, se teme que la negociación con el Congreso sea difícil por el alto perfil de la exfiscal y, por ello, se está optando hoy por la opción de Santibáñez. El que ahora sea externa a la fiscalía, académica y, a la vez, litigante, es visto con buenos ojos por una de las integrantes del comité político, quien habría puesto su nombre en el tapete.

Sin embargo, hay una situación un tanto desconocida que podría truncar los eventuales planes de la abogada: cuando era directora de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional fue sumariada y recibió una sanción. Quienes conocieron de esa indagatoria recuerdan que Piedrabuena, con “el dolor de su corazón”, tuvo que cursar el castigo debido a que se acreditó que la abogada hizo mal uso de su cargo al intervenir en una causa por lesiones en el contexto de violencia intrafamiliar que involucraba a su hermano, el abogado Iván Santibáñez, hoy juez de San Carlos, y otra de sus hermanas. Desde el entorno de la encargada de la oficina penal de la Clínica Jurídica UC sostienen que para ellas esta fue una de las “cosas más injustas que le ha pasado en la vida”, ya que niega haber dicho que ella era fiscal para ayudar a su hermano en el episodio policial.

Oriunda de Concepción y con sólo 16 años, María Elena Santibáñez Torres (50) ingresó a Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Pese a que en su familia abundan los abogados, le costó adaptarse a la carrera. Todo cambió cuando tomó el ramo de Derecho Penal y conoció a quien se convertiría en su mentor y en una suerte de “segundo padre”, el jurista Enrique Cury.

Egresó de la facultad en 1995 –aunque siempre se ha mantenido ligada a la casa de estudios como profesora- y juró como abogada en diciembre de 2000, año en que ya se desempeñaba como asistente de Cury en la Corte Suprema.

Tras su paso por el Ministerio Público, en abril de 2008 inició su carrera como abogada particular, trabajando especialmente en el ámbito de delitos sexuales. En esa época hizo su magíster en Derecho y en 2015 se integró a la Clínica Jurídica de la PUC, desde donde, entre otras causas, fue parte del caso Bombas II como representante de las víctimas y recientemente la Congregación Jesuita le encargó la investigación previa en contra del sacerdote Felipe Berríos, en la que dio “verosimilitud” al testimonio de denunciantes.

Sus cercanos dicen que podría ser una excelente carta para liderar el Ministerio Público, porque conoce el sistema desde adentro y también por fuera. Tiene una visión crítica de la administración de Chahuán y de Abbott, por lo que en ese sentido cree que la institución requiere de cambios sustanciales.

En las últimas semanas se la ha visto en la corte. Y es que el máximo tribunal tiene la primera palabra al conformar la quina de candidatos a fiscal nacional, concurso que se abrirá en unos días.

Cuatro supremos consultados la sindican también, debido a lo que desde el entorno de Santibáñez se ha planteado, que es una de las favoritas en el Ejecutivo. Pero uno hace una observación: “El Ministerio de Justicia no tiene peso en lo que hagamos, por lo que ningún favorito de ellos incidiría en nuestra opinión, casi no hay relación con el gobierno”.

En medio de las turbulencias del proceso, dice un miembro del Congreso, la defensora de la Niñez cuenta con la simpatía de algunos senadores opositores. Lo que pasa, dice, es que parece que el Ejecutivo aún no le ha dado el peso a la importancia de la elección que se viene y duerme en los laureles.