La olvidada lucha del Comité Pro Paz

A fines de septiembre de 1973, a sólo semanas del Golpe de Estado, Daniela Sánchez -en ese entonces de unos 30 años- recibió el llamado del sacerdote jesuita Fernando Salas. La petición era clara: necesitaba que se trasladara con urgencia hasta las oficinas donde funcionaba el arzobispado, en el centro de Santiago. Ahí, como le comentó, estaban recibiendo el testimonio de decenas de personas que estaban teniendo dificultades para ubicar a familiares que habían sido detenidos por las nuevas autoridades y cuyo paradero era desconocido.

“Me vine en micro, recorrí desde la Alameda calle Almirante Barroso y me encontré con una fila de gente en la esquina, en calle Erasmo Escala”, recuerda. Como había sido recién desvinculada de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica por su militancia política, se quedó ayudando. Subió hasta el quinto piso de las citadas dependencias, la ubicaron en un escritorio y comenzó a advertir que los testimonios que requerían escucha “eran increíbles”, según rememora.

“Había gente de Santiago, otros venían desde Valparaíso, y los relatos pastorales que llegaban de distintas zonas eran impresionantes. Me quedé trabajando todo ese día y al día siguiente volví. Y bueno, no me fui más”, asegura, agregando que de aquello ya han pasado más de 50 años.

Esa fue la manera en que la trabajadora social llegó a integrar el Comité Pro Paz, organismo conformado oficialmente el 4 de octubre de 1973 y que durante la dictadura -sólo en su departamento de asistencia a los familiares de detenidos desaparecidos- brindó apoyo a 8.718 personas bajo el alero de las distintas iglesias.

Durante sus dos años de existencia se presentaron 2.342 recursos de amparo en todo Chile que siguen sirviendo de base para procesos judiciales, además de ofrecer ayuda laboral y social a quienes llegaban hasta sus puertas.

“Se trató de un espacio en que se ayudaba, acompañaba, apoyaba con las múltiples necesidades de la gente, desde las más básicas. Habían quienes quedaban cesantes, no tenían ingresos, otras personas tenían familiares detenidos y no se sabía dónde estaban. También ayudábamos con la reubicación -yo específicamente formé parte de ese equipo- ya que había personas que estaban siendo perseguidas y tenían que salir del país. Era un escenario complejo”, expone otra trabajadora social que fue parte de la entidad, Victoria Baeza.

El organismo generaba fuertes tensiones entre el régimen militar y -particularmente la Iglesia Católica- y decantó en un duro enfrentamiento en el que el general Augusto Pinochet ordenó su cierre en 1975. El entonces cardenal Raúl Silva Henríquez acató la instrucción, pero respondió con la apertura de otro organismo, la Vicaría de la Solidaridad.

La conmemoración del trabajo del Comité Pro Paz fue la base para que la Universidad Alberto Hurtado (UAH) -casa de estudios que hoy funciona en las dependencias donde el organismo trabajó durante sus primeros meses- inaugurara el “Mural Memoria Calcárea: Homenaje a Detenidos Desaparecidos y Comisión Pro Paz”, que será presentado este miércoles 4 de octubre. La actividad contará con la presencia de otrora funcionarios y abogados que integraron sus filas en la defensa de los derecho humanos y autoridades de gobierno como la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Esta conmemoración del Golpe, por un lado, ha tenido el horror de la violación sistemática de los derechos humanos, el quiebre de la democracia. Pero por otro, también ha tenido esta respuesta que existió. Y lo que aquí tenemos es la representación de lo que fue una respuesta rápida, contundente y urgente de defensa de los derechos humanos en el minuto en que estaban comenzando a ocurrir los crímenes”, sostiene respecto el rector de la UAH, Eduardo Silva.

Como explica el sacerdote jesuita Pablo Walker, capellán de la UAH y encargado del mural, la obra se instaló en uno de los accesos a la casa de estudios y evoca “la experiencia de verse aterrorizado por una industria que estaba empezando a andar para el exterminio, y como en los primeros días post Golpe, empiezan a agruparse fundamentalmente mujeres que buscan hombres, que piden algún tipo de amparo, refugio o protección en el arzobispado”.

Está pintado con cal, pues como detalla Walker, ese material fue utilizado para intentar eliminar los cuerpos de los detenidos desaparecidos.

Los diferentes actores que se reunirán para conmemorar el trabajo del comité también coinciden en que este tipo de obras pueden servir para que la Iglesia vuelva a tener un rol más determinante en la sociedad tras una serie de crisis que le han restado legitimidad.

De hecho, considerando las últimas declaraciones del arzobispo de Santiago, cardenal Celestino Aós, quien instó a que se entregara toda la información que exista sobre el eventual paradero de detenidos desaparecidos, la investigadora de la UAH Oriana Bernasconi sostiene que se deberían fijar nuevos canales formales para esos fines.

“Uno esperaría una propuesta concreta, cómo la Iglesia debiera llevar esto a la práctica y cuáles serán sus protocolos, sus mecanismos, cuál es el teléfono al cual llamar”, comenta.

Y en los mismos términos, Walker manifiesta que es de quienes “añoramos una palabra más clara y decidida, pero no solamente de lo que hicimos, sino de lo que sería bueno hoy día hacer, considerando que tenemos el mismo espíritu de antaño”.