Ley corta de Isapres: Los pasos de Aguilera ante su batalla más compleja

A quienes más les toca compartir con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, dicen que su semblante cambia cuando se trata de hablar de la ley corta de isapres. Y que es más notorio al ahondar en las indicaciones que hace algunos días ingresó el Ejecutivo luego de analizar el informe del comité técnico especialmente encargado de entregar una respuesta, donde incluso el Ministerio de Salud se hizo parte.

No pocos se aventuran en decir que la secretaria de Estado no está cómoda con las indicaciones y que el ofrecimiento que le llegó hace poco para ser comisionada de la Comisión de Conexión de la Organización Mundial de la Salud fue sólo un bálsamo. Ocurre que la epidemióloga respaldaba el informe que realizaron los expertos, pues desde el punto de vista técnico, según señaló en su entorno, esta era una de las vías que le da viabilidad al sistema y al mismo tiempo da cumplimiento al fallo que de la Corte Suprema que mandata a las aseguradoras a aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso.

Personeros de gobierno afirman que la titular de Salud insistió varias veces en recoger por completo el texto de los expertos. Confiaba mucho en lo ahí resuelto, porque incluso el Minsal estaba representado a través de Manuel Nájera como coordinador, y Manuel Pérez y Consuelo Espinoza como colaboradores técnicos.

“Primaron otros intereses”, han dicho en los pasillos del Minsal. Y es que para muchos fue una sorpresa que las modificaciones no tomaran todas las recomendaciones de los personeros convocados por la Comisión de Salud del Senado, donde además de expertos de la cartera sanitaria habían representantes de la Superintendencia de Salud y del Ministerio de Hacienda.

Y aunque en más de una ocasión se afirmó que el insumo elaborado por los especialistas no era vinculante, sí llamó la atención que no recogieran un aspecto clave: las indicaciones del Ejecutivo fijan en cerca de US$ 1.000 millones la devolución de las isapres, más del doble que el monto de US$ 451 millones que propusieron los expertos.

Esta modificación tuvo reacciones mixtas: el oficialismo respaldó a medias la devolución que fijó el gobierno, pero la oposición acusó que pone en riesgo al sistema, lo que también fue respaldado por expertos de diversos sectores, quienes también advierten que la titular de Salud es consciente de que esta cifra podría terminar con las industria.

¿Por qué el Ejecutivo decidió no incluir la mutualización en sus indicaciones? La medida que apuntaba a la mutualización -compartir costos y riesgos de dar cobertura a las personas- de acuerdo a la ministra de Salud, desde el punto de vista jurídico no es aplicable: “El análisis jurídico que realizan los abogados de gobierno es que la aplicación de este concepto lleva a incumplimiento de la sentencia”. Ahí centrarán buena parte de la estrategia desde el Ejecutivo para defender el nuevo cálculo, algo de lo que también se ha hecho parte el ministro de Justicia, Luis Cordero: “La Corte Suprema recordó que existen obligaciones con los usuarios a los cuales es beneficiaria la sentencia y, en consecuencia, los efectos de la mutualización podrían provocar el incumplimiento de la sentencia. Esa es la razón por la cual el Ejecutivo, respecto del informe de los expertos, ha decidido no incluirla. Es una razón estrictamente del cumplimiento de la sentencia”.

Sin embargo, diversas fuentes dicen que las autoridades han armado este caso para justificar una decisión política tomada en el comité político del pasado 30 de octubre, donde las autoridades determinaron que el monto de deuda debía recalcularse.

Y ahí es donde más incómoda se ve a la ministra Aguilera. De hecho, varios expertos y técnicos de diferentes sectores políticos han salido a criticar la decisión del Ejecutivo. Por ejemplo, durante la comisión de Salud del Senado del pasado lunes, el presidente de la instancia, Juan Luis Castro (PS), inició la reunión diciendo: “Durante este fin de semana he recibido opiniones de sorpresa, de desazón, e incluso de molestia, de todos los sectores, hasta del propio comité técnico”.

Tanto el monto de la deuda como el plazo de diez años para el pago han sido tema de debate en los últimos días, lo que advierte un complejo escenario para el gobierno de cara a la tramitación legislativa. El Ejecutivo cuenta con mayoría parlamentaria en la comisión de Salud senatorial, pero para avanzar con el proyecto requiere votos de la derecha en el Senado. En la Cámara de Diputados, en tanto, ya se advierte viento en contra incluso desde la izquierda, donde hay voces críticas por el recálculo de la deuda a las isapres -a la baja del de la Superintendencia de Salud- y por el holgado plazo para pagar.

El senador Sergio Gahona (UDI) afirma que los votos de la oposición están condicionados: “Van a estar en la medida de que consideren la mutualización o que las autoridades entreguen un mecanismo que permita cumplir efectivamente asegurar la cobertura, darle estabilidad financiera al sistema y que nos den el tiempo razonable para hacer una reforma al sistema privado de salud”.

Ahora los parlamentarios aseguran que la comisión del próximo lunes será clave, pues ahondarán las razones del porqué no se incluyó la mutualización. Los argumentos jurídicos no son suficientes. “La pregunta concreta es: ¿la objeción a la mutualización es política o jurídica? Si es jurídica, veamos jurídicamente, pero sí el debate es político, ese es otro tema”, dijo hace poco el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI).

La búsqueda de apoyos, según consignó ExAnte, incluso llevó a la ministra hasta la casa del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, hasta donde también llegaron los senadores Castro y Juan Ignacio Latorre (RD).