Los detenidos del estallido: solo cinco siguen en prisión preventiva

Una vez más quienes fueron imputados por algún delito vinculado a las protestas del estallido social del 18 de octubre de 2019 son protagonistas de la agenda. Esta vez a propósito del primer acuerdo de la Convención Constitucional, encargada de proponer un texto para una nueva Carta Fundamental, en el que se solicitó al gobierno y al Congreso agilizar una ley de indulto a favor de quienes fueron detenidos en medio de la crisis social de octubre de 2019 y hasta diciembre de 2020. La idea recibió un inmediato rechazo desde La Moneda. Las autoridades han señalado que en Chile “no hay presos políticos” y pidieron a la instancia respetar la autonomía de los poderes del Estado.

Uno de los principales argumentos de los constituyentes para impulsar la iniciativa en favor de los presos en el marco del estallido es -según sostienen- que se trataría de personas sin un “juicio justo”, aunque ninguno de los integrantes de la convención que fueron consultados maneja una cifra o listado exacto de las personas que podrían ser beneficiadas con el indulto.

A seis meses del catastro realizado por la Corte Suprema, que registró 26 imputados en prisión preventiva (a 5 de enero de este año), a la fecha sólo cinco de ellos se mantienen aún tras las rejas, de acuerdo a la información del sistema de tramitación de causas del Poder Judicial. Al resto se le modificó la medida cautelar o ya enfrentaron juicios resultando absueltos o condenados a penas en libertad. La Tercera revisó los expedientes de quienes aún permanecen en la cárcel y en los documentos consta que, en al menos tres de los casos, se trata de reincidentes en delitos, es decir, imputados que cuentan con condenas previas. Otros dos arriesgan altas penas de cárcel tras acusaciones de incendio de la iglesia institucional de Carabineros y una estación del Metro, lo que, según la fiscalía, impediría dejarlos en libertad ante el riesgo de fuga y por ser considerados un peligro para la seguridad de la sociedad. A uno de ellos en todo un año su defensa no ha solicitado revisar su medida cautelar.

* Gerardo Leal Robles (28)

Según la formalización, Leal fue detenido el 3 de enero de 2020 luego de participar, junto a un grupo de personas, en el incendio de la Iglesia San Francisco de Borja, en calle Carabineros de Chile. La querella del gobierno, en que no se invocó la Ley de Seguridad del Estado, sostiene que Leal fue detenido cuando, durante un intento de fuga, lanzó bombas molotov contra los uniformados. En la acusación, presentada por el fiscal José Morales, se piden 14 años de cárcel por los delitos de incendio y lanzamiento reiterado de artefacto incendiario. Las principales pruebas, de acuerdo a estos documentos, son las cámaras de seguridad del recinto y sus alrededores. Según consta en la tramitación del Poder Judicial el 27 de julio de 2020, luego de transcurridos seis meses en prisión preventiva y que su defensa no solicitara revisar esta situación, un juez del Séptimo Juzgado de Garantía decidió revisarla de oficio y citar a una audiencia. En esa oportunidad se ratificó la cautelar. El 10 de febrero de este año y luego de que -nuevamente- pasaran seis meses en que su abogado no solicitara modificar la prisión preventiva, otro juez decidió intervenir y revisar su situación. Actualmente, Leal se encuentra en espera de juicio en Santiago Uno.

* Elías Bustos Trabol (23)

El 10 de enero de 2020 fue formalizado por el incendio ocurrido el 19 de octubre de 2019 en la Estación de Metro San Pablo. Según confesó a la fiscalía, quemó la estación de la Línea 1, pero sin tener la intención: “Al mantener un problema físico en mi mano derecha -que es con la cual mantenía la bolsa encendida-, la arrojé al aire chocando esta última con la reja externa de la estación de Metro, a la altura de la zona donde se almacenan los contenedores de basura”. En julio de 2020, Bustos pidió cambio de su medida cautelar, la que fue rechazada. El 31 de mayo pasado, luego de un año y siete meses de investigación, fue acusado por el delito de incendio y se pidió una pena de 12 años de cárcel. El tribunal fijó para el 30 de agosto la audiencia de preparación de juicio oral.

* Alen Huenucoy Arteaga (21)

Fue detenida tras participar en un saqueo en un supermercado en San Bernardo en octubre de 2019. “El 19 de noviembre del 2019 se procedió a realizar por parte del personal de la PDI la entrada y registro del domicilio ya señalado, encontrando que los imputados ya individualizados mantenían en su poder las especies indicadas en el párrafo anterior, las cuales fueron avaluadas en $ 650 mil, no pudiendo menos que conocer el origen ilícito de las mismas”, se lee en el expediente. La fiscalía pidió orden de detención y cuando se allanó su hogar se encontraron 500 gramos de drogas. Huenucoy tiene antecedentes por porte de arma, lesiones y robo por sorpresa. El 9 de julio se amplió el plazo de investigación de su causa.

* Luis Castillo Opazo (38)

Fue detenido el 12 de noviembre de 2019, cerca de las 19 horas, mientras se desarrollaba una marcha por calle Lo Carrera, en Copiapó. Castillo está acusado de atacar y causar graves daños a las oficinas de la Empresa Aguas Chañar, cuyo frontis, vitrinas y rejas perimetrales fueron destruidas, mientras que de su interior se sacaron muebles que fueron quemados en la calle. Se le imputó robo en lugar no habitado. El 25 de junio, Castillo se quedó sin abogado particular y asumió su representación un defensor público. El 11 de junio fue sancionado por Gendarmería por ingresar un celular. Hasta el 25 de mayo, Castillo estuvo en huelga de hambre líquida en el Complejo Penitenciario de La Serena. Registra condenas por hurtos, lesiones, robos con violencia, delitos por los que fue sentenciado a 10 años de cárcel en 2007. Su investigación sigue con plazo vigente.

* José Leviñanco Díaz

Fue formalizado por incendio por la quema de una zapatería en Punta Arenas, el 27 de octubre de 2019. El 8 de abril de 2021 fue la última vez que el tribunal revisó su medida cautelar, la que mantuvo en prisión preventiva. Se encuentra a la espera de iniciar su juicio.

Jorge Ulloa, presidente de la Agrupación de Familiares de Presos Políticos Santiago 1 sostuvo que “el 17 de octubre comienza una represión que termina con el apresamiento indiscriminado de personas que en su gran magnitud no son los culpables de los hechos que se inculpan”.

En ese sentido, dijo que “el Estado ha magnificado las acusaciones de cada uno de los casos para justificar la prisión preventiva y con eso aplazar en el tiempo la posibilidad de mantener prisioneros a las personas que fueron detenidas a partir del 18 de octubre. En términos concretos, tenemos casos de personas que por defenderse de la policía fueron acusados de homicidio frustrado, hay personas que el delito por el cual se le acusa es robo en lugar no habitado y el Ministerio del Interior adhiere a la acusación por Ley de Seguridad del Estado. Y con eso justifican la prisión preventiva”.

Señaló que tienen un listado con 800 casos de supuestos presos políticos pero que aún no pueden entregar ese registro de personas.