Tal como en Vietnam, la guerra que Estados Unidos libró durante 20 años en Afganistán -la más larga de su historia reciente- terminó en un doloroso y amargo revés. Los talibanes, a los que Washington expulsó del poder en 2001 tras los atentados del 11 de septiembre, ni siquiera tuvieron que esperar a que EE.UU. se retirara del país para retornar “en gloria y majestad” a Kabul, el 15 de agosto de 2001. Mientras las tropas estadounidenses completaban su salida -que finalmente se concretó el 30 de agosto de ese año-, el grupo fundamentalista volvió a adueñarse del país, aunque a diferencia de su antiguo y temido régimen (1996-2001), cuando la capital afgana cayó en sus manos, dieron señales de “moderación” e “indulgencia”.

En distintas declaraciones emitidas hace un año, los talibanes prometieron que serían misericordiosos con quienes se les habían opuesto y declararon una amnistía general para los exfuncionarios del gobierno y los miembros de las fuerzas del orden. “Estamos garantizando la seguridad de todos los que han trabajado con Estados Unidos y las fuerzas aliadas”, dijo en ese entonces el portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, durante la primera conferencia de prensa del grupo fundamentalista.

A un año de aquellas promesas, Human Rights Watch denunció que los talibanes han incumplido muchas de estas, especialmente en lo relativo al respeto de los derechos humanos y derechos de las mujeres. De hecho, han impuesto restricciones severas a las actividades de las mujeres y las niñas, han reprimido medios de comunicación y han detenido arbitrariamente, torturado y ejecutado sumariamente a críticos y opositores.

“Los abusos contra los derechos humanos de los talibanes han provocado una condena generalizada y han puesto en peligro los esfuerzos internacionales para abordar la grave situación humanitaria del país”, señaló HWR. A esto se suma que la evolución negativa de la economía ha provocado que más del 90% de los afganos se encuentren en situación de inseguridad, lo que ha gatillado que millones de niños sufran desnutrición aguda y que aumente la amenaza de graves problemas de salud a largo plazo.

“El pueblo afgano está viviendo una pesadilla de derechos humanos, víctima tanto de la crueldad de los talibanes como de la apatía internacional”, indicó Fereshta Abbasi, investigadora sobre Afganistán de HRW.

Gran parte de los afganos ha sufrido algún tipo de inseguridad alimentaria desde agosto de 2021, saltándose comidas o no alimentándose días enteros, recurriendo a mecanismos de sobrevivencia extremos para pagar por alimentos, incluido enviar a los niños a trabajar.

“Dada la incertidumbre, no se sabía cómo ‘iban a gobernar’ los talibanes, no se sabía qué tipo de regulaciones se iban a imponer. Había miedo de que la violencia ahí pudiera continuar, de que hubiera más rebelión. Y a toda esta incertidumbre se le unieron, además, las sanciones económicas y, por tanto, los recortes de financiamiento humanitario y de desarrollo hicieron que hubiera un éxodo brutal de los otros actores. La situación humanitaria desde entonces se agravó mucho”, dice a La Tercera José Mas Campos, coordinador en Afganistán de Médicos Sin Fronteras (MSF).

“Ya había una sequía que se anunciaba el año pasado y que evidentemente ha provocado que mucha gente tenga menos acceso, no solo al agua para beber, sino que también al agua para cultivar. Entonces, ya se preveía que mucha población se iba a ver afectada por la inseguridad alimentaria. Eso, combinado con las sanciones económicas y el corte de financiamiento, ha provocado también una crisis de liquidez brutal. La gente no ha tenido dinero para comprar los alimentos, para pagar los arriendos, servicios básicos”, añadió.

La preocupante situación ha llevado a que algunos países estén considerando aliviar las sanciones, como es el caso de Estados Unidos, que expresó una disposición sin precedentes para discutir con los talibanes el descongelamiento de US$ 3.500 millones en activos afganos. Los “vientos de cambio” se vieron a fines de julio en la conferencia de Tashkent sobre Afganistán, que marcó un paso crucial para que el régimen fundamentalista volviera a dialogar con sus vecinos, incluso sin un reconocimiento formal.

A continuación, algunas de las promesas que los talibanes no cumplieron en su primer año de gobierno:

Si bien las niñas más jóvenes pudieron reanudar la educación en clases segregadas semanas después de que los talibanes tomaran el poder, las estudiantes de las escuelas secundarias no han podido regresar. El 21 de septiembre pasado, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid, dijo que “el Ministerio de Educación está trabajando arduamente para proporcionar las bases para la educación de las niñas de secundaria lo antes posible”.

En marzo, el Ministerio de Educación anunció que se abrirían clases para todos los estudiantes, incluidas las niñas. Sin embargo, un día después, cuando las niñas asistían a la escuela por primera vez, el ministerio revocó la orden y pidió que las alumnas abandonaran el establecimiento. El organismo culpó a la falta de profesores y problemas de uniformes escolares, y afirmó que abriría las escuelas a las niñas una vez que se elaborara un plan de acuerdo con la “ley islámica y la cultura afgana”.

Desde entonces, nada ha cambiado. La ONG Save The Children ha alertado que una gran parte de las niñas afganas presenta signos de depresión o se muestran frustradas por no poder acudir a clases.

Zabihullah Mujahid dijo en agosto de 2021: “Las mujeres van a ser muy activas en la sociedad, pero dentro del marco del Islam”. Así, se les permitiría trabajar y estudiar.

En la actualidad, las mujeres afganas deben cubrirse de pies a cabeza en público. Si no se cubren la cara fuera del hogar, su padre o pariente varón más cercano podría ser encarcelado o despedido de su trabajo en el gobierno. Las mujeres, además, no pueden abordar aviones sin un tutor masculino.

La entrada a los parques públicos en Afganistán está limitada por género. Se reservan tres días para las mujeres y cuatro para los hombres. Sin embargo, según un decreto, se recomienda enfáticamente que las mujeres salgan de casa solo cuando sea necesario. Los talibanes citan preocupaciones de “seguridad” para tomar tales decisiones.

Los talibanes insistieron en que habían perdonado a todos los que lucharon contra ellos, incluidos los funcionarios del gobierno, la policía y las Fuerzas Armadas. El 17 de agosto de 2021, Mujahid dijo: “Me gustaría asegurar a todos los compatriotas, ya fueran traductores, ya fueran con actividades militares o fueran civiles, todos ellos han sido importantes. Nadie va a ser tratado con venganza. Miles de soldados que han luchado contra nosotros durante 20 años, todos ellos han sido indultados”.

No obstante, como dio cuenta una investigación del diario The New York Times, en los primeros seis meses en el poder, cerca de 500 exfuncionarios del gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad afganas fueron asesinados o desaparecieron por la fuerza. Tales acciones van en línea con lo ocurrido durante su primer régimen, en el que los combatientes talibanes mataron a opositores políticos y también masacraron a civiles y minorías.

Entre el 15 de agosto de 2021 y junio de 2022, la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán ha registrado al menos 160 ejecuciones extrajudiciales, 178 detenciones arbitrarias, 23 detenciones en régimen de incomunicación y 56 casos de tortura a exfuncionarios del gobierno y de seguridad cometidos por las autoridades talibanas.

Los talibanes intentaron convencer a los gobiernos y organizaciones extranjeros de que sus embajadas, oficinas y personal iban a estar seguros.

El grupo insurgente, sin embargo, tiene un historial deficiente en lo que respecta a la protección del personal y las misiones extranjeras, indicó la cadena alemana Deutsche Welle. En 1996 entraron en un recinto de la ONU donde se había concedido refugio al expresidente Mohammad Najibullah, lo sacaron a rastras para matarlo y colgaron su cuerpo de un poste. Dos años más tarde, cuando capturaron la ciudad norteña de Mazar-i-Sharif, asaltaron el consulado iraní y asesinaron a nueve diplomáticos y un periodista.

“Estamos asegurando a nuestros compatriotas y a la comunidad internacional que no produciremos ningún narcótico”, dijo el portavoz Mujahid, luego de la toma de Kabul. El funcionario recordó que los talibanes llevaron a cero la producción de drogas a base de amapola en el año 2000.

Afganistán ha sido, explica Deutsche Welle, el mayor productor y exportador mundial de heroína y opio durante décadas. En 2020 el país proporcionó alrededor del 85% de todos los opioides no farmacéuticos en el mundo, según la ONU.

A principios de abril pasado, los talibanes prohibieron el cultivo y la cosecha de amapola, amenazando con encarcelar a los agricultores y quemar sus campos. El mulá Abdul Haq Akhund, viceministro del Interior para la lucha contra las drogas, dijo a The Associated Press que los talibanes estaban trabajando con otros gobiernos y ONG para encontrar cultivos alternativos que proporcionen ingresos a los agricultores.

Sin embargo, los expertos cuestionan cuán efectivo y sostenible será el esfuerzo para erradicar la producción de opioides esta vez. El tráfico de drogas es una parte vital de la economía del país: en 2021 generaron ingresos de entre US$ 1.800 millones y US$ 2.700 millones. El valor total de los opiáceos representó entre el 9% y el 14 % del PIB afgano.

Un punto central del Acuerdo de Doha, que Washington firmó con los talibanes en 2020 en Qatar, fue que el grupo se comprometiera a evitar que organizaciones como Al Qaeda utilizaran Afganistán como base para atentados contra Occidente.Esto, a cambio del retiro de tropas de la OTAN.

El grupo fundamentalista siempre señaló que iba a cumplir con ese compromiso. No obstante, un informe de seguimiento del Consejo de Seguridad de la ONU publicado en junio de 2022 dijo que los talibanes y Al Qaeda seguían manteniendo lazos, tal como ocurrió en su primer régimen cuando dieron refugio a Osama bin Laden.

Muestra de esta alianza, a comienzos de mes EE.UU. anunció que había dado muerte a nada menos que Ayman al-Zawahiri, líder histórico de Al Qaeda, en el balcón de una vivienda en Kabul. El terrorista de origen egipcio se habría instalado con su esposa e hija en un complejo de alta seguridad en la capital afgana, gracias a la protección de los talibanes.b