Una fuga que amenazó con hacer estallar la cárcel de Calama

A Yinne se le escuchaba preocupada y nerviosa, quizás, porque sabía que lo que estaba hablando con Edward era peligroso. “Yo tengo ‘eso’ acá, pero me da miedo. No hablemos más”, le dijo a su amigo, recluido en la cárcel de Calama, en la Región de Antofagasta.

Era el martes 23 de mayo y esta conversación que escuchaba personal del OS-7 de Carabineros era la tercera que intervenían de las comunicaciones entre Yinne y Edward, luego de recibir una instrucción del fiscal jefe de Calama, Cristián Aliaga, para indagar un inédito dato proveniente desde la cárcel.

Los investigadores recibieron información desde el penal, en que se les daba cuenta que entre el 8 y el 14 de mayo, varios reclusos de “posiblemente una organización criminal de nacionalidad venezolana, dedicada al tráfico de drogas”, había estado planificando una fuga que incluía el uso de explosivos.

La alerta -consignada en los antecedentes remitidos por la Fiscalía y Carabineros al Juzgado de Garantía de Calama para solicitar medidas intrusivas en la causa-, además, daba cuenta que esta organización criminal, a través “de sus redes instaladas en Chile, específicamente en la comuna de Calama”, instalarían un artefacto explosivo en la cárcel, ubicada en Av. Granaderos 2107, para derribar los muros y facilitar la huida de “personas privadas de libertad, principalmente personas de nacionalidad venezolana”.

Con esta información, el Ministerio Público pidió la autorización para intervenir los teléfonos de “Yinne”, quien era permanentemente contactada desde la cárcel por otro teléfono. El 10 de mayo, el Juzgado de Garantía de Calama aceptó el requerimiento.

Al otro día, el 11 de ese mes, escucharon la primera conversación entre la mujer y un recluso del penal de nombre “Lameda”, quien le insistía en que tenía que cuidar “eso”, a lo que ella constantemente le señalaba que “era mucho compromiso”.

Se registraron dos escuchas más, en ese mismo tono, donde se hablaba de la necesidad de vender el “elemento” rápido, porque había compradores interesados y la idea era ofrecerlo al mejor postor.

Fueron 10 días de interceptaciones telefónicas lo que les reveló a los investigadores que la mujer, identificada como Yinne Medina Palma (29), y de origen venezolano, era quien tenía el elemento explosivo en su poder. Su misión, creyeron los investigadores, era vender el artefacto a la organización que planeaba la fuga desde la cárcel de Calama.

“Al analizar en detalle la conversación se logra establecer la necesidad de la mujer de tener instrucciones respecto del artefacto explosivo, ya que le han consultado por la tenencia del artefacto, pero que no quiere entregar datos exactos de la ubicación de este”, dice uno de los informes policiales del caso.

Los investigadores ya tenían indicios claros de que el dato que surgió desde la cárcel no era errado, pues ya contaban con grabaciones telefónicas que apuntaban a la elaboración de un plan para hacer volar los muros de la cárcel. Pero faltaba lo central: ¿Dónde estaban los explosivos y serían tan potentes para derribar los muros de una cárcel?

Para resolver esas dudas, se pidió a una compañía telefónica el perímetro desde donde se estaban realizando las llamadas de la mujer. Así, la antena marcó una cuadrícula de las calles Balmaceda, Piedras Rojas, Ecuador y Cobija. Ese era el radio desde donde se comunicaba la sospechosa.

Un día después, los efectivos de Carabineros destinados a labores de vigilancia lograron ubicar el domicilio, en calle San Pedro de Río Grande. Allí vieron a la mujer entrar y salir, sin movimientos sospechosos, hasta el jueves 25 de mayo.

Ese día, a eso de las 19.00, llegó hasta la casa de la mujer un auto Hyundai, modelo Gets. A los pocos minutos salió Yinne, quien se subió rápidamente en el asiento del copiloto.

Los policías se activaron. Dejaron que el auto avanzara, tomaron una distancia prudente y comenzaron un seguimiento que duró casi 30 minutos, hasta que el “blanco” se detuvo en calle Latorre, esquina Heriberto Salgado. Pasaron segundos y un desconocido abordó el vehículo, estuvo a bordo 10 minutos y bajó. El auto continuó su marcha, hasta detenerse fuera de una casa.

El conductor bajó con un “bulto” entre sus manos, entró a la casa y salió en cinco minutos, ya sin la bolsa y con premura. Reinició la marcha del vehículo y fue a dejar a la mujer a la casa desde donde la pasó a buscar.

Con todos los elementos que Carabineros reportó al fiscal Aliaga, el Ministerio Público ya estaba en condiciones de tomar una decisión para entrar a los domicilios de los sospechosos y detenerlos, pero antes había que asegurar lo principal: no permitir la masiva fuga desde la cárcel de Calama.

Fuentes judiciales y policiales de la zona advierten que se trataba de un hecho inédito. Nunca antes en la región una banda criminal había intentado hacer explotar un muro para escapar.

Los consultados coinciden que todo tiene que ver con la “radicalización” de las organizaciones criminales de la Macrozona Norte, hasta donde se han exportado violentos métodos delictuales para robustecer a estos peligrosos grupos.

El caso se manejó en absoluta reserva. Eran pocos los investigadores que, tanto en Carabineros, como en la Fiscalía, sabían del operativo en curso, por lo mismo, se tomaron los resguardo necesarios para asegurar el éxito del procedimiento.

Una de las precauciones fue alertar a Gendarmería. Por lo mismo, el Grupo de Apoyo y Reacción Primaria (Garp) de la entidad penitenciaria llegó hasta la cárcel de Calama para trasladar a 16 reos de origen venezolano hasta un centro de reclusión ubicado en Antofagasta.

El director regional de Gendarmería en Antofagasta, Juan Carlos Zamora, señala que la institución “cuenta con una estrategia permanente, preventiva y proactiva, con una evaluación técnica, jurídica y de seguridad sobre los traslados regionales e interregionales, que resguarde siempre la seguridad y éxito de estos procedimientos (...). De acuerdo a la las evaluaciones realizadas caso a caso, se consideran todas las variables para que el traslado no considere un riesgo para la sociedad, a los centros penitenciarios, como también al resto de la población penal”.

Ya con la cárcel fuera de peligro, la Fiscalía tenía que ir por los explosivos y encontrarlos.

Con este objetivo, personal del Gope de Carabineros llegó el viernes 26 de mayo hasta una de las casas en que entró el conductor del auto Hyundai que habían seguido el día anterior.

Con autorización judicial en mano, los efectivos policiales irrumpieron en el domicilio, en el que estaba José Fuentes Marcano (25), venezolano, y que había sido visto junto a Yenni el día anterior. Los policías hicieron una detallada inspección por la casa, hasta que llegaron a un microondas. Lo abrieron y adentro había un calcetín, el cual en su interior tenía cinco elementos con la leyenda “Emulnor 3000″, tratándose del explosivo que hacía días venían buscando.

Fuentes, quien no tiene antecedentes penales en su hoja de vida, fue detenido y llevado hasta la Primera Comisaría de Calama, donde se verificó que tenía residencia irregular en el país. También se le requisaron dos celulares que mantenía en su pieza, los cuales podrían ser relevantes para la investigación.

Tres horas después de detener a Fuentes, la policía fue por la mujer que apareció como la primera sospechosa en la indagatoria. A las 17.20, carabineros entraron al domicilio que tanto habían vigilado para ahora encontrarse de frente con Yinne Medina.

En su casa registraron todos los rincones y encontraron una pistola con la leyenda “GAP made in Italy”, dos cartuchos calibre 9 milímetros y 13 gramos de marihuana. La Fiscalía y el OS-7 ya tenían lo más importante: el explosivo y la cárcel libre riesgos.

Fuentes y Medina fueron formalizados el martes 30 de mayo por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de municiones, tráfico de drogas en pequeñas cantidades y almacenamiento ilegal de explosivos.

El fiscal Aliaga explicó a La Tercera en qué etapa está la investigación: “Por petición del Ministerio Público, ambos detenidos quedaron en prisión preventiva por representar un peligro para la seguridad de la sociedad, decretándose un plazo de investigación de 100 días”.

Sobre si el hecho de querer permitir una fuga de los reos, o facilitar los explosivos para este fin, agregaría un delito adicional, indica que “el origen de los explosivos incautados, así como el uso o destino que se les pretendía dar, es materia de la investigación actualmente en curso, lo mismo la eventual relación de los imputados con bandas, otros imputados o terceras personas de relevancia para este caso, u otros casos, es materia de investigación”.

La Fiscalía de Atacama trabaja con el Gope y el OS-7 de Carabineros en paralelo. Al primero se le encargaron diligencias tendientes a conocer el origen, poder explosivo, poder destructivo y método de funcionamiento de los explosivos, entre otras materias. Al OS-7, en tanto, agrega el fiscal Aliaga, “se encomendaron tareas que permitan aclarar todo lo relacionado con las motivaciones, posibles vínculos y planes de los imputados”.

Una vez incautados los explosivos rotulados como “Emulnor 3000″, el Gope los llevó hasta las dependencias de Enaex -planta donde se trabaja con estos materiales- con la finalidad de someterlos a nuevos peritajes.

Quien conoce este tipo de elementos es la empresa “Famesa, explosivos Chile”. En su página web señalan que “Emulnor” es un tipo de “emulsión explosiva encartuchada en una envoltura plástica que posee propiedades de seguridad, potencia, resistencia al agua y buena calidad de los gases de voladura”.

Tiene distintas categorías, donde el número 3000 -el cual sería el explosivo que guardaba uno de los imputados- está destinado para “para la voladura de rocas intermedias a duras”. Fuentes del caso señalan que aplicaba perfecto para los objetivos que les querían dar los reos que buscaban fugarse, es decir, permitía hacer volar fácilmente los muros de la cárcel.

Famesa hace una definición más que a los investigadores les hace total sentido: “Su uso está orientado a cualquier tipo de trabajo, en explotaciones y desarrollos mineros, en obras de ingeniería civil, en canteras, en taladros secos, húmedos e inundados, con una modalidad de aplicación similar a las dinamitas convencionales”.

Desactivar el plan de fuga e incautar los explosivos ya es una tarea cumplida para los investigadores, sin embargo, ahora entran en un terreno aún más complejo: determinar si hay más de estos insumos en manos de organizaciones criminales que estarían decididas a marcar preocupantes hitos para la seguridad del país.