Ley corta de Isapres: las dudas que dejan las definiciones del Ejecutivo

El 4 de noviembre el gobierno ingresó las indicaciones al proyecto de Ley corta de Isapres. La regulación tiene dos propósitos: cumplir con el fallo de la Corte Suprema y evitar una posible crisis del sistema. Sin embargo, la solución planteada ha generado más dudas que certidumbre.

Patricio Fernández, abogado, académico de la Universidad San Sebastián (USS) y exsuperintendente de Salud, considera que las indicaciones propuestas por el Ejecutivo, “son insuficientes para garantizar la estabilidad del sistema de Isapres”.

“Creemos que las propuestas hechas por el Comité de Expertos (convocado por la Comisión de Salud del Senado) cumplían el objetivo de lo dictaminado por la Justicia, manteniendo la estabilidad del sistema. Pero las indicaciones del Ejecutivo se alejaron de eso, y solamente recogieron una pequeña parte de la propuesta, lo cual hace, a mi juicio, inviable el futuro del sistema en esas condiciones”, indicó la exautoridad.

Este grupo de trabajo buscaba, entre otros aspectos, definir las condiciones que permitieran darle sostenibilidad al sistema en el corto plazo y resguardar las coberturas de salud de sus afiliados tras los fallos de la Corte Suprema. El documento técnico presentó una serie de recomendaciones para que en el marco de la ley corta de Isapres, algunas de las cuales no fueron consideradas.

Ante la controversia, Enrique Paris, presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la Universidad San Sebastián y exministro de Salud, señala: “A mí me llama la atención profundamente que el gobierno haya enviado indicaciones que, en algunos aspectos, reconocen o aceptan o apoyan las conclusiones de la Comisión y en otras no; y que entre estas últimas no se haya ajustado el cálculo del monto a pagar que deben cumplir las isapres. Nadie está defendiendo a las isapres, la prioridad son los pacientes”.

Las principales críticas apuntan a que no acogió la llamada mutualización. Se trata de un mecanismo que busca compensar a las personas más riesgosas con las menos riesgosas, proponiendo que, para hacer el cálculo de los cobros en exceso, se tomen en consideración los efectos que habría tenido el uso de la mutualización en el total de la cartera, y no los efectos sobre los usuarios individuales.

Desde el punto de vista técnico, el análisis de Paris y Fernández indica que “esto era algo que de cierta forma permitía recuperar la lógica de los seguros haciendo responsable y solidario a la totalidad de la cartera y no solamente considerar el caso a caso, como pretende el gobierno”, sostiene Fernández

“Esto permite evitar que la gente con más necesidades no pueda cubrir sus problemas de salud, y que las personas con menos necesidades contribuyan al sistema. Eso se llama solidaridad y el gobierno no lo propone. Una forma de lograr destruir el sistema de isapres es el no querer esta solidaridad”, explica Paris.

Desde el Gobierno explicaron que la no incorporación de este concepto radicó en que no tendría sustento jurídico. Sobre este argumento, Fernández señala que no lo compartimos. “Creemos que los fallos hay que considerarlos con un análisis sistémico y también considerando las consecuencias de esto”.

Esto debido a que, tras el ingreso de las indicaciones al Parlamento por parte del Ejecutivo, la deuda de las isapres con sus afiliados se sitúa en un monto cercano a los US$1.000 millones, es decir, más del doble que los US$451 millones que había propuesto el Comité de Expertos.

Sobre este punto, el exministro de Salud Enrique Paris advierte que el monto indicado por el Ejecutivo “pone en peligro el funcionamiento de las isapres, de las clínicas privadas y de los centros de salud. Produciría pérdidas de empleo entre los funcionarios de salud y equipos administrativos. Y otro aspecto preocupante serían las eventuales alzas en los planes de las Isapres para buscar un equilibrio financiero lo que produciría una gran fuga de afiliados desde el sector privado hacia Fonasa, sistema que actualmente se encuentra colapsado y con una gran deuda financiera con los prestadores privados”.

Patricio Fernández cree que se desechó la idea por mera decisión política. “Es una manera también de no exponerse a tener que dar explicaciones respecto a la rebaja de monto que inicialmente el propio gobierno había fijado”, sugiere.

Por su parte, Enrique Paris va más allá, explicando que esa iniciativa “significa compartir riesgos”. Ante esto, se explaya: “La vía de mutualizar es compensar las diferencias y que los más jóvenes o los menos enfermos paguen un poco más y los adultos que van envejeciendo vayan pagando menos”.

De aplicarse la mutualización, el exministro plantea que cambia el cálculo del monto a devolver. “Por eso es por lo que el Ejecutivo no la quiere aplicar, porque al no aplicarla, el monto a devolver es mayor”, asegura, argumentando que el método permitía pensar en el futuro del sistema. “Sobre todo pensando que la población chilena está envejeciendo y también una forma de mantener que el sistema se mantenga fresco por las personas que están activas, frente a que las enfermedades de mayor complejidad siempre aparecen”.

El exministro pone énfasis en que las isapres presenten un plan de reducción de costos. “El cálculo deben hacerlo las isapres, y una vez hecho, la Superintendencia tiene que decir si está de acuerdo o no, o si le pide que lo modifique”, indica ante el posible mecanismo para llegar a un acuerdo. Tanto Paris como Fernández comparten que el pago podría provocar en algunos casos la insolvencia de una isapre.

Ahí, el rol de Fonasa para cubrir la falta de cobertura en aquellas personas que queden a la deriva es visto con preocupación desde el alero del gasto público. Fernández analiza que las indicaciones del gobierno plantean que Fonasa estaría a cargo de los tratamientos con cobertura adicional de enfermedades catastróficas en isapre, junto con la cobertura de las personas que están en isapre y que estén teniendo tratamiento por GES.

“El gasto se va a incrementar notoriamente en desmedro del resto de las personas que están en Fonasa. Acá los recursos son escasos, por lo tanto, suena algo extraño que Fonasa se haga cargo de aquellos tratamientos que son propios del sistema privado”, dice. A su parecer, los prestadores de toda índole están en riesgo, porque la isapre al estar en una situación de insolvencia, el financiamiento que obtienen de ellos es importante. “Afecta directamente la estabilidad del sistema, porque hay muchas personas que están en Fonasa, que resuelven sus problemas de salud en prestadores privados”, argumenta Fernández.

Sin duda, la discusión, tanto por su delicadeza como por su extensión a lo largo del tiempo, ha generado descontento por parte de la ciudadanía. ¿De quién es la culpa? Esa es una pregunta que se repite y ambos entrevistados comparten que ha existido incapacidad política para llegar a acuerdos. Enrique Paris rememora que han existido múltiples intentos por tramitar un proyecto de reforma al sistema, con dos comisiones presidenciales y tres proyectos de reforma. “Ojalá que los parlamentarios piensen que es un proyecto a largo plazo, que no se debe achacar al gobierno de turno, hay que pensar con altura de miras”, asegura, manteniendo sus expectativas de que se logrará un consenso de aquí a marzo, entregando señales claras que hay que disposición a buscar soluciones.

El abogado Patricio Fernández propone que, pensado en el bienestar de la población, el gobierno debería recoger las propuestas de reforma que entregó el Comité de Reforma recientemente. “Me parece que ahí va un grupo de 64 propuestas que son bastante importantes, que apuntan precisamente a hacer cambios profundos y a mejorar la equidad en salud”, aludiendo que la incapacidad del poder político constituido por el Poder Ejecutivo y Legislativo de ponerse de acuerdo en reformas importantes del sistema de salud “replican en otros ámbitos, como también pasa en la reforma previsional, la reforma tributaria”. “Estamos siendo un país que le cuesta mucho llegar a acuerdos para avanzar”, ante un problema que sigue en discusión.

Tema será abordado en conversatorio: ¿Cómo destrabar la ley corta de Isapres?, organizado por LyD e IPSUSS de la Universidad San Sebastián y donde participarán los senadores Juan Luis Castro y Sergio Gahona, quienes abordarán las alternativas que el Senado está estudiando para evitar una crisis sanitaria ante una eventual insostenibilidad del sistema de aseguramiento privado. La actividad se realizará el martes 28 de noviembre, a las 9.00 horas en Alcántara 498, Las Condes.

Según el análisis del presidente del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la USS, el Congreso debe buscar los mecanismos para mejorar el proyecto de ley que permita mantener viable el sistema mixto de aseguramiento y evitar mayores consecuencias en los prestadores privados que afectarían fuertemente a los pacientes y sus necesidades.

“Si se aprueba la Ley corta de isapres de la manera en que está planteada hoy, pueden quebrar no sólo clínicas grandes sino también clínicas pequeñas que viven de los bonos. El efecto dominó que se puede producir dejaría una alta cesantía en salud y una alta incertidumbre en la población, que valora altamente la provisión mixta. Nuestro sistema de salud, hoy más que nunca, debe ser capaz de entregar solución a lo que la ciudadanía demanda: mayor acceso, más oportunidad, mantener la libertad de elección tanto sistema asegurador como prestador y la solidaridad. El Gobierno debe entender la envergadura del impacto sanitario y sus consecuencias que afectaría a millones de personas”, concluyó Paris.