Acusan a Boluarte de genocidio en agravio de pueblos indígenas ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos
![Peru's President Dina Boluarte meets with foreign press, in Lima](https://www.latercera.com/resizer/v2/Y6ZB35F3XC625DGMGJNYLEFLMA.jpg?quality=80&smart=true&auth=d5777a4ffc11243f32728247474f652beaf9572a6a015ae9efd91902f832333f&width=690&height=502)
En un informe juridíco presentado por la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónica del Perú se sindica a la mandataria como responsable de la muerte de ciudadanos quechuas y aimaras durante las protestas contra su gobierno tras el derrocamiento del presidente Pedro Castillo, a fines de 2022.
La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónica del Perú (Onamiap) acusó a la Presidenta Dina Boluarte de ser responsable de las muertes de ciudadanos quechuas y aimaras en las protestas contra su gobierno, en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Lima.
En un informe jurídico elaborado por la organización, denominado “Hasta alcanzar justicia” y presentado por la presidenta de la entidad, Ketty Marcelo López, se señala que “con base a la información pública disponible, se identifica que los actos realizados por la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, de acuerdo con la doctrina y a la jurisprudencia del derecho internacional penal y del derecho internacional de los pueblos indígenas (…), es responsable del delito de genocidio y de lesa humanidad en agravio de los pueblos indígenas quechuas y aimaras de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco”, según reporta el diario limeño La República.
Onamiap manifiesta que, durante las movilizaciones sociales, a consecuencia de la represión de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional de Perú, se vulneraron derechos humanos, mediante la comisión de crímenes contra nativos.
La organización indígena señaló que sumado a ello se están iniciando investigaciones por el delito de terrorismo de líderes y lideresas indígenas, quienes han participado en protestas sociales. “Ha de saber el gobierno que, al criminalizar a un líder o a una lideresa indígena originaria, criminaliza a todo el pueblo que representan”, puntualizó.
En la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos participaron también representantes de la Asociación Pro Derechos Humanos y de la Asociación de Víctimas, así como el representante de Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, y comisionados de los sectores del Interior, Salud y Cultura.
También se hicieron presentes personeros de la Fiscalía de la Nación, quienes especificaron algunas de las acciones desarrolladas respecto a las recomendaciones de la CIDH.
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