Brexit: La frontera de las Irlandas en el ojo del huracán
El gobierno de Boris Johnson presentará hoy un proyecto de ley que invalidaría partes del protocolo para Irlanda contemplado en el acuerdo de retirada firmado el año pasado entre Londres y la Unión Europea.
La teleserie del Brexit está viviendo unos de sus capítulos más complejos, al punto que volvió a surgir el fantasma de que se concrete la posibilidad de una salida sin acuerdo. La octava ronda de negociaciones entre Reino Unido y la Unión Europea, que comenzó este martes en Londres para definir el futuro de la relación tras el final del periodo de transición que finaliza el 31 de diciembre, no ha estado exenta de controversias e incertidumbre.
Y nuevamente es la frontera de las Irlandas la que está en el ojo del huracán. Así, sigue presente el problema de cómo mantener las reglas del mercado común europeo para Irlanda del Norte, para no imponer una frontera con la vecina República de Irlanda sin separarla administrativamente del resto de Reino Unido.
Todo comenzó luego de la publicación el domingo en el diario Financial Times de que el gobierno del primer ministro Boris Johnson planea este miércoles poner sobre la mesa un proyecto de ley que invalidaría partes del protocolo para Irlanda incluido en el acuerdo de retirada del Brexit, firmado en octubre por Londres y Bruselas.
Este Tratado de Retirada, que entró en vigencia en enero, establece que si no hay acuerdo comercial entre Londres y Bruselas, los productos que pasarán a partir de 2021 de Gran Bretaña a Irlanda del Norte serían sometidos a controles aduaneros y aranceles, la empresas de la provincia (de Irlanda del Norte) tendrían que rellenar declaraciones de aduanas para vender al resto del Reino Unido y se podría aplicar a las empresas británicas que vendan en el mercado norirlandés las limitaciones europeas de subvenciones estatales.
El proyecto de ley del mercado interno, que se presentará este miércoles, trata de “esquivar” estas obligaciones aduaneras que adquirió Reino Unido en el Acuerdo para mantener abierta la frontera entre las dos Irlandas. Londres quiere matizar el compromiso de aplicar la regulación europea sobre ayudas estatales en relación al comercio de bienes en Irlanda del Norte. Además, pone en cuestionamiento la cláusula que exige a las empresas norirlandesas rellenar formularios de exportación al enviar mercancías hacia la isla de Gran Bretaña.
Ante esto, el gobierno británico tuvo que explicar el lunes de que se trataba de garantías en caso de que el Comité Conjunto -que dirige el protocolo y que mantiene negociaciones para tratar de resolver los puntos sueltos que quedan sobre la implementación del texto- no llegue a un acuerdo. Johnson ha dicho que si para la reunión del Consejo Europeo del 15 de octubre no había un pacto, su equipo negociador, liderado por el diplomático David Frost, abandonaría las conversaciones. De esta manera, los europeos han experimentado un déjà vu, y el negociador comunitario, Michel Barnier, indicó que cancelar parte de lo ya acordado sería inaceptable para Bruselas.
Para el primer ministro se trata de consecuencias “inesperadas” que no vio cuando firmó el tratado el año pasado. Pero los diputados norirlandeses -que votaron en bloque contra el acuerdo- afirman que alertaron de esto en su momento y acusaron a Johnson de utilizar la paz en Irlanda como moneda de cambio.
En medio de la preocupación por el posible daño a la reputación de Reino Unido que pueda significar el proyecto de ley que se presentará este miércoles, el diputado conservador Bob Neill preguntó este martes al ministro para Irlanda del Norte, Brandon Lewis, si la modificación al Acuerdo de Retirada incurría en una violación de la ley internacional. Lewis le respondió echando más leña al fuego y dejando a todos sorprendidos: “Diría que sí, que viola el derecho internacional de una manera específica y limitada”. “Existen precedentes claros en que Reino Unido y otros países necesitaron reconsiderar sus obligaciones internacionales debido a un cambio de circunstancias”, añadió.
Como si fuera poco, el responsable del departamento legal del gobierno británico, Jonathan Jones, renunció al gobierno por sus discrepancias con Johnson, de alterar el acuerdo de salida, reveló el Financial Times.
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