Catalanes se dividen a un año del fallido referendo

"¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de República?". Esa fue la pregunta que más de dos millones de catalanes respondieron en el referéndum no autorizado del 1 de octubre del año pasado, que buscó sin éxito la separación de España. Con lazos amarillos y banderas en las calles parte de la comunidad catalana ha conmemorado la consulta, que desafió una prohibición del Tribunal Constitucional y del entonces gobierno de Mariano Rajoy.

El referendo llevado a cabo durante la gestión de Carles Puigdemont y aprobado por el parlamento catalán, provocó un importante cambio social y político en Cataluña. El quiebre entre los ciudadanos se mantiene latente incluso después del cambio de gobierno español con la salida de Rajoy y el arribo del socialista Pedro Sánchez.

"Cataluña llegará al aniversario del 1-0 igual de dividida que hace un año. El apoyo para el referéndum ilegal está en torno al 40%, según la encuesta que mides y después hay un 25% en contra de mayor autonomía porque se sienten profundamente españoles. Sin embargo, probablemente todos consideran que la gestión del Estado el 1-0, con respecto a la violencia policial, fue inadecuada y que hubo acciones de excesiva fuerza", dijo a La Tercera el analista político español Jorge Galindo.

El sábado, en la víspera del aniversario del referendo -sofocado hace un año por más de seis mil miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional que por orden del gobierno español buscaron impedir la votación cerrando los más de dos mil colegios electorales y dejando 991 heridos según la Generalitat-, tuvieron lugar una serie de enfrentamientos con la policía en Barcelona.

Más de 20 heridos y seis independentistas fueron detenidos después de lanzar polvos de colores y otros objetos a los miembros de la Guardia Civil y efectivos policiales. Para hoy están programadas distintas manifestaciones por el 1-0, que incluirían cambios de nombre en plazas y calles en más de 20 municipios catalanes.

El gobierno de Pedro Sánchez ha tomado distancia del actuar de Rajoy en 2017, que después que Puigdemont declaró la independencia de Cataluña activó el Artículo 155 que intervino al gobierno catalán y que derivó en elecciones en las que fue electo Quim Torra como sucesor de Puigdemont.

"Sánchez necesita a los independentistas catalanes para gobernar y sacar adelante los presupuestos, pero también necesita mantener una posición constitucionalista de no ceder demasiado ante los independentistas, por lo que hace gestos de negociación y diálogo", sostiene Galindo.

Uno de los puntos que ha estado sobre la mesa en el marco del aniversario del 1-0 ha sido el futuro de los dirigentes detenidos. Después del referéndum de 2017, se concretaron una serie de detenciones de los líderes independentistas. Actualmente, de los 25 procesados, nueve están en prisión preventiva sin fianza, seis tienen orden de detención internacional, una tiene orden de detención nacional y nueve están en libertad.

Puigdemont -acusado de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos- ha evitado la extradición y permanece "exiliado" en Bélgica, donde lanzó su libro La crisi catalana, una oportunitat per a Europa. Desde ese país, informó que fundará el próximo 27 de octubre un nuevo partido independentista: Llamamiento Nacional por la República. Según el diario El País, Torra finalizará una semana de conmemoraciones hoy, en un acto con todo su gabinete en Sant Julià de Ramis, el pueblo de Puigdemont.

"El independentismo está profundamente dividido. Hay un bloque de legitimistas que quiere seguir luchando por un proceso de independencia caiga quien caiga, que los presos salgan de la cárcel y que Puigdemont regrese sin enfrentar cargos. Y están los independentistas pragmáticos que piensan que aunque la demanda de independencia sea legítima, no es viable en el corto plazo, por lo que hay que negociar con el gobierno español", dijo Galindo.

Según el diario La Vanguardia, el Tribunal Supremo iniciará en enero el juicio por el 1-0, que duraría dos o tres meses. Las sentencias serían entre junio y julio.