El Cauca, la violenta región que complica al gobierno colombiano

Hace casi tres semanas, en Toribío -un municipio ubicado en el departamento del Cauca, en Colombia-, cuatro indígenas y una gobernadora, Cristina Taquinás Bautista, fueron asesinados. Días después se reportó la muerte de otro indígena y un atentado a un coordinador de la Guardia Indígena. En total, se ha contabilizado 13 muertos y varios ataques y amenazas en esta región colombiana, lo que ha vuelto a encender las alarmas sobre la seguridad. De hecho, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, enfrentó una moción de censura por las políticas de seguridad y terminó renunciando a su cargo. Esto, tras la revelación de un ataque militar a un campamento de las disidencias de las Farc, donde murieron ocho menores. En su lugar debió asumir el excanciller Carlos Holmes Trujillo.

Según el Consejo Regional Indígena del Cauca, este año han sido asesinados 54 nativos. La compleja situación de seguridad de los indígenas ha obligado al Presidente Iván Duque a liderar dos consejos de seguridad con el objetivo de encontrar soluciones. El gobierno ordenó el despliegue de 2.500 uniformados en el territorio, además de un plan social que incluye una presencia más integral del Estado.

El Cauca ha sido históricamente un espacio fértil para organizaciones criminales, debido a su posición estratégica con salida al Pacífico. "El departamento del Cauca tiene la característica de que los primeros tres eslabones de la cadena de las drogas ilícitas: los cultivos, el procesamiento químico y la salida del tráfico del puerto de la Costa Pacífica, están en un espacio de territorio muy corto y eso hace que sea mucho más rentable para las organizaciones criminales", explica a La Tercera el experto en seguridad, Néstor Rosanía.

Esta disputa de los grupos armados disidentes de las Farc y del narcotráfico choca fuertemente con la autonomía de la que gozan las comunidades indígenas sobre sus territorios, que han intentado restringir la acción de estos grupos. "Lo que le cuentan a uno las comunidades es que desde la firma de los acuerdos de paz en 2016, el Cauca tuvo unos seis a ocho meses de bastante tranquilidad, pero por ser un territorio tan estratégico para las Farc, y que se había convertido en un territorio tan importante para el narcotráfico, rápidamente se volvieron a generar estructuras en la zona", detalla a La Tercera Tatiana Prada, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz. Ante dicho escenario, las organizaciones criminales tienen en la mira a los indígenas que pretenden disuadir su presencia en la zona.

Al norte del departamento del Cauca hay tres municipios a los que se les llama el triángulo de la marihuana (Corinto, Miranda y Toribío). Además, de acuerdo con la última medición del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, que hace la ONU, entre 2017 y 2018 fue uno de los departamentos con mayor incremento en los cultivos de coca, pasando de 15.960 hectáreas en 2017 a 17.117. También, en la zona que da al Pacífico, existe el corredor El Naya, que funciona como una ruta estratégica.

"Lo que está pasando hoy se venía gestando hace dos años. Parte del reclamo de las comunidades es que el Estado no estuvo atento a lo que estaba ocurriendo ahí", explica Prada, quien agrega que "el llamado que están haciendo ellos ahora es: ojo, que estábamos reclamando por nuestra seguridad desde hace rato y el Estado no estuvo atento".

El plan social de Duque incluye inversiones en programas sociales, en infraestructura, en vías, en educación, en electrificación, en deporte y en el campo.

Sin embargo, la militarización de la zona ha sido criticada por las comunidades indígenas y por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización Nacional Indígena de Colombia.