Chile estudia crear agencia de protección de datos para enfrentar a redes sociales

"Hoy día nadie tiene la competencia en materia de protección de datos personales, la única posibilidad es recurrir a la Corte de Apelaciones individualmente para exigir los derechos de la ley antigua. Con una autoridad de protección de datos personales se podría haber requerido a Facebook explicaciones, haber incluso impulsado multas y otras sanciones sin necesidad de que cada usuario de Facebook interviniera directamente, porque eso es inviable", explica Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia, sobre la diferencia que puede hacer el proyecto de ley que perfecciona las normas sobre el tratamiento de datos y que crea la Agencia de Protección de Datos Personales frente a una crisis como la de Facebook.

Drago advierte que estamos en la "era de hielo" en términos regulatorios y con una norma que data de 1999, de ahí la importancia de la discusión de la iniciativa que comenzó esta semana en el Senado y que funde una moción de varios senadores y un proyecto enviado por el gobierno de Michelle Bachelet.

La discusión se realizó este miércoles en el Senado y estuvo marcada por caso del uso irregular de datos de 50 millones de usuarios de Facebook por parte de Cambridge Analytica con fines políticos en EE.UU. "Otro ejemplo es lo que ocurre con la publicidad dirigida. Hoy, las personas que utilizan Uber, Cabify o bien que adquieren películas en Netflix están permitiendo que quienes son los administradores de las plataformas almacenen esos datos y, por consiguiente, están admitiendo que después la oferta que les llegue a ese ciudadano sea dirigida en atención a la preferencias de esa persona. Eso puede significar una mayor eficiencia, pero también significar una limitación de la libertad, toda vez que le van a ofrecer lo que está en el patrón originario de conductas o preferencias", dijo el senador PPD Felipe Harboe sobre la necesidad de crear una regulación que se haga cargo de la realidad tecnológica actual.

Jaime Soto Muñoz, secretario general de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología de Información (Acti), advierte que no actualizar la ley tiene efectos negativos. "Su retraso supone incumplir importantes acuerdos de la Ocde y también significa que Chile se convierta en un país no seguro como proveedor de servicios de tecnología de la información que impliquen administrar datos personales, traduciéndose en problemas que van desde materias penales hasta desventajas de competitividad a nivel mundial y pérdidas de asociación con los países del "Equipo A", como naciones de la UE y EE.UU.", plantea Soto.